Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 28 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 28308-2019-57-AAC Departamento: La Paz Partes: Aurelio Marca Sarzuri contra Alcides Quispe Santos y Wilfredo Flores Quispe, ex y actual Secretario General; y, Braulio Quispe Flores y Angelino Alapati Paucara, ex y actual Secretario de Justicia, todos de la Comunidad Uypaca, municipio Achocalla de la provincia Murillo del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con los fundamentos jurídicos y con la parte dispositiva de la , que confirma en parte la Resolución 028/2019 de 27 de marzo, pronunciada por el Tribunal de garantías; y en consecuencia: concede la tutela impetrada en sus mismos términos; vale decir, dejando de lado la competencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina de la Comunidad de Uypaca, para conocer y resolver el derecho propietario que alega de vulnerado el accionante en la presente acción de tutela; y remitiendo a la jurisdicción ordinaria la dilucidación del mismo, en desconocimiento de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC).
En todo caso, considero que debió REVOCAR en parte dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER en parte la tutela solicitada, efectuando un desarrollo argumentativo sobre el derecho colectivo de las NPIOC, a ejercer sus sistemas jurídicos propios, con base en una interpretación plural o intercultural del derecho al debido proceso, con la finalidad de dar mayor certeza al accionante y a las autoridades demandadas respecto a la problemática jurídica planteada; tal cual se realizará en el presente Voto Disidente, a través de los siguientes fundamentos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante considera lesionados sus derechos a la defensa, a la propiedad privada, al juez natural, al debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación; los principios de igualdad, seguridad jurídica, verdad material, probidad y transparencia; y, los "valores ético morales consagrados en el art. 8 de la CPE" (sic); toda vez que, las autoridades indígena originario campesinas (IOC) de la Comunidad Alto Uypaca de la provincia Achocalla del departamento de La Paz, mediante Sentencia de 15 de agosto de 2018, declararon a Calixto Saturnino Flores Quispe, propietario del lote de terreno del cual el accionante era titular; empero, la problemática se resolvió:
- a)Sin tener competencia para dirimir conflictos sobre el derecho propietario; y, con lesión del derecho al juez natural en su elemento de imparcialidad, puesto que, Braulio Quispe Flores Secretario de Justicia -al momento de emisión de la Sentencia- era concuñado del hijo de Saturnino Flores Quispe -el demandante-; y,
- b)Con una serie de irregularidades en su tramitación.
En consecuencia, correspondía que la , verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para lo cual, debió desarrollar las siguientes temáticas:
- 1)El pluralismo jurídico igualitario diseñado en la Constitución Política del Estado;
- 2)La interpretación intercultural y sus dimensiones: 2.i) La interpretación intercultural cuando uno o más miembros de una nación y pueblo indígena originario campesina se encuentran sometidos a proceso; y, 2.ii) La interpretación intercultural cuando se alegue lesión a derechos al interior de la jurisdicción indígena originaria campesina: el paradigma del vivir bien;
- 3)Interpretación del ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina a la luz del bloque de constitucionalidad; y,
- 4)Análisis del caso concreto.
II.1. El pluralismo jurídico igualitario diseñado en la Constitución Política del Estado
El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, reconociéndose la coexistencia dentro del Estado, de varios sistemas jurídicos, a partir de los derechos de las NPIOC a la libre determinación y a ejercer sus sistemas jurídicos, previstos en los arts. 2 y 30 de la misma Norma Suprema; en ese sentido, la aplicación de las normas y procedimientos propios por parte de los pueblos indígenas, no es una concesión del Estado, sino un derecho que tienen como pueblos, por el cual se organizan de acuerdo con su propia visión del mundo1.
De acuerdo al pluralismo jurídico diseñado en la Constitución Política del Estado, la jurisdicción (IOC) forma parte del órgano judicial -art. 178 de la CPE-, cuyas jurisdicciones -ordinaria, agroambiental, IOC y especializada- gozan de igual jerarquía -art. 179 de la CPE-; en ese sentido, no se prevé ningún medio de revisión, por parte de la jurisdicción ordinaria, agroambiental o especializada, de las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción IOC; es más, toda autoridad pública o persona debe acatar las decisiones de esta jurisdicción, pudiendo las autoridades solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado -art. 192 de la CPE-.
Sobre la base de las normas anotadas, es que se hace referencia a un pluralismo jurídico igualitario, en el que los sistemas jurídicos -no solo las jurisdicciones- tienen igualdad jerárquica. Efectivamente, el reconocimiento de los sistemas jurídicos IOC, implica el reconocimiento de:
- a)Sus instituciones jurídicas y autoridades propias;
- b)Los valores, principios, normas y procedimientos propios de las NPIOC; y,
- c)La facultad de las autoridades de ejercer su jurisdicción, es decir, de aplicar sus normas y procedimientos propios.
En el marco del principio de interculturalidad, previsto en los arts. 1 y 178 de la CPE, el pluralismo jurídico igualitario cobra un nuevo sentido, pues no hace referencia únicamente a la coexistencia de sistemas jurídicos, sino que implica un relacionamiento permanente, sin subordinación, entre las diferentes jurisdicciones que conforman el Órgano Judicial de Bolivia.
Ahora bien, el principio de interculturalidad, también se manifiesta en el ámbito de la justicia constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 196.I de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional es una institución independiente, diferente al Órgano Judicial y a la jurisdicción ordinaria, que vela por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales; funciones que son desarrolladas no solo respecto a las resoluciones, decisiones, competencias y normas del sistema ordinario, sino también, del sistema IOC, en el entendido que todas las jurisdicciones tienen un techo común que no es otro que la Ley Fundamental y las normas del bloque de constitucionalidad.
En ese ámbito, conforme se señaló, si bien las resoluciones de la jurisdicción IOC no pueden ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni agroambiental; empero, pueden ser examinadas por la justicia constitucional, que está destinada, se reitera, a precautelar la supremacía constitucional y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.
II.2. La interpretación intercultural y sus dimensiones
Sobre la interpretación intercultural o plural del derecho, la , señala en su Fundamento Jurídico III.1.2, que el pluralismo jurídico:
...supone redimensionar el sistema jurídico ius positivista, a partir de la experiencia y prácticas de los sistemas jurídicos indígenas, pero también implica considerar las prácticas, los principios y los valores de las naciones y pueblos indígena originario campesinos cuando se les vaya a aplicar el derecho occidental, así como asumir interpretaciones interculturales de los derechos y garantías cuando se denuncie su lesión en los supuestos en los que las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejerzan sus sistemas de justicia, y, finalmente, efectuar ponderaciones cuando dichos derechos o garantías se encuentren en conflicto.
La misma Sentencia estableció que las autoridades administrativas, jueces y tribunales de justicia, deben asumir una interpretación de las normas jurídicas, de los derechos y garantías, que atiendan a:
- 1)La flexibilización de los requisitos formales; cuando éstos impidan un real acceso a la justicia constitucional, y la reconducción procesal de acciones, que se constituye en un deber tratándose de NPIOC2;
- 2)El principio de respeto a los derechos humanos y los criterios constitucionalizados para su interpretación, en el entendido que los derechos de las NPIOC son derechos humanos en su dimensión colectiva, y por ende, en el marco de la igualdad jerárquica de derechos contenida en el art. 13.III de la CPE, gozan de los criterios de interpretación contenidos en la Norma Suprema, como los de favorabilidad, interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, progresividad y directa justiciabilidad de los derechos humanos3; y,
- 3)La interpretación plural o intercultural del derecho cuando en un proceso judicial o administrativo intervienen NPIOC; en el marco de sus características, principios, valores, cosmovisión, dando efectividad a lo previsto por el art. 8.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, conforme concluyó la referida , la justicia constitucional y las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial, están obligadas a interpretar el derecho a partir del propio contexto de la NPIOC correspondiente.
En el marco de lo señalado por la citada , la interpretación plural o intercultural del derecho, puede ser comprendida en dos dimensiones, cuando:
- i)Uno o más miembros de las NPIOC intervienen en un proceso del sistema ordinario o agroambiental; y,
- ii)Se alegue lesión a derechos individuales al interior de la jurisdicción indígena originaria campesina. Ambas dimensiones serán analizadas a continuación:
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