0738/2023-S2

Solicitó que se conceda la tutela; y en consecuencia se ordene:

1. a)La inmediata restitución de sus derechos a la vida, integridad física y a la libertad de circulación;
2. b)Se ordene a los demandados para que ellos instruyan a sus "bases" levantar de manera inmediata las acciones y medidas tendientes a restringir y suprimir su derecho a la libertad;
3. c)En caso de resistencia por parte de los demandados, se ordene al Comandante Regional del El Alto de la Policía Boliviana, garantizar el ejercicio de su derecho a la libertad haciendo el uso necesario y proporcional de la fuerza pública, es decir, se realicen de manera inmediata las gestiones y operaciones policiales necesarias para despejar las vías de acceso al Edificio Principal de Jacha Uta, bajo exclusiva responsabilidad de dicha institución policial; y,
4. d)La inmediata reparación de los daños y perjuicios ocasionados a cada uno de los afectados.

Los impetrantes de tutela ratificaron su demanda y señalaron:

1. 1)Los actos de manifestaciones a título de reivindicaciones sociales fueron realizados por la FEDEPAF, COREMPAF y COMITÉ CÍVICO;
2. 2)El 6 de junio de 2022 emitieron una convocatoria para el bloqueo indefinido de mil esquinas;
3. 3)Las vías de acceso del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz fueron ocupadas por los miembros de las organizaciones mencionadas y otras personas, quienes impidieron el acceso y la salida del edificio, así como el ingreso de bebidas y comidas;
4. 4)Servidores públicos y particulares fueron privados ilegalmente de su libertad, entre ellos habían madres de familia con niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores;
5. 5)En horas de la madrugada, algunas personas intentaron salir del edificio, pero no todas pudieron abandonarlo debido a su condición física, recién a partir de las 14:00 horas del día siguiente pudieron abandonar el edificio;
6. 6)Los presupuestos de activación de la acción de libertad fueron identificados por la "sentencia constitucional 037/2012 de 26 de marzo" (sic), vale decir, cuando se afectan los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, acto u omisión que constituye procesamiento indebido y omisión que implique persecución indebida;
7. 7)En cuanto al presupuesto de activación que encuadra en el presente caso es la afectación a los derechos a la libertad física y de locomoción;
8. 8)El derecho a la protesta fue garantizado en el Estado boliviano; sin embargo, el límite de ese derecho es el derecho de los demás y el bien común;
9. 9)Ante una limitación del derecho a la libertad, las autoridades debieron actuar con celeridad según lo determinado por la "sentencia constitucional 1179/2012" (sic);
10. 10)Se podría alegar por la parte demandada que las manifestaciones habían cesado; empero, los efectos de la ilegalidad aún deben ser considerados en la acción de libertad innovativa, desarrollada por la "sentencia constitucional 2075/2013" (sic);
11. 11)La acción de libertad fue considerada como el mecanismo más idóneo para la protección y restablecimiento de los derechos tutelados, puesto que al plantearse la misma, la restricción del acceso y salida del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz se mantenía;
12. 12)El derecho a la libertad física fue definido por la "sentencia constitucional 23/201-R" (sic) como la facultad de disponer por la propia persona de actuar en virtud de la propia voluntad sin impedimentos ilegales o arbitrarios;
13. 13)Los demandados "...han estado, han instruido y han ordenado cercar del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, lo cual es un acto completamente reñido y contrario con el orden constitucional vigente, de ahí es que emerge esta acción de tutela para que su autoridad puede considerar..." (sic); y,
14. 14)Finalmente, solicitaron que se prohíba cualquier tipo de cerco y se restablezcan los derechos a la vida, libertad física y de locomoción; además que se ordene a los demandados abstenerse de instruir o cercar instituciones públicas en desmedro del derecho a la libertad.

Ruddy Luis Alberto Yampa, Evaristo Cruz Limachi, Néstor Sergio Churqui Rojas, Martha Quispe Gutiérrez e Isaac Copa Vargas, todos de COREMPAF a través de su abogado en audiencia, solicitaron que se deniegue la tutela, en atención a lo siguiente:

1. i)La presente acción de libertad ha sido incoada por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, puesto que con sutileza el Director Jurídico del citado Gobierno Edil pretende confundir a su autoridad;
2. ii)Varios grupos de personas se constituyeron en las instalaciones de la Entidad Edil "Jach'a Uta";
3. iii)Las movilizaciones sociales se enmarcaron en el derecho a la libertad de expresión -art. 106 de la CPE-, reclamando que se respete el derecho a la educación y la primacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en los arts. 77 y 60 de la Norma Suprema;
4. iv)Las autoridades hicieron conocer el pliego petitorio ante Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, solicitando entre otros reclamos una mejor infraestructura educativa y la ejecución de los presupuestos educativos para las escuelas;
5. v)Durante la citada concentración no se dio ningún acto vandálico u hostil en contra de los funcionarios de la entidad edil;
6. vi)La "MAE" del referido Gobierno rompió el "diálogo" y convocó a los distintos sectores a instaurar un diálogo; vii). No hay ninguna denuncia de que haya sido transgredido el derecho a la libertad o a la vida;
7. viii)El personero de la alcaldía pretendió hacer ver que esa manifestación, se trataba de un grupo criminal que atentaría contra la vida de las personas;
8. ix)La SCP 0037/2018-S3 de 13 de marzo, estableció que corresponde a los accionantes demostrar que la amenaza era cierta y evidente;
9. x)En el marco de la verdad material, los medios de prensa comunicaron que el personal de bomberos evacuó a personal femenino de la citada institución y luego los funcionarios y otras personas abandonaron esas instalaciones;
10. xi)En el memorial o en la audiencia no hay una comprobación real e inmediata de que estas amenazas hayan sido en contra de la vida o a la libertad personal de las supuestas novecientas ochenta y cinco personas;
11. xii)No se tuvieron informes médicos o certificados médicos forenses que acrediten lesiones o agresiones físicas;
12. xiii)Los manifestantes ejercieron su derecho en beneficio propio y pidieron a la autoridad municipal que ejecute presupuestos para las escuelas, puesto que los niños, niñas y adolescentes necesitan atención primordial de las infraestructuras escolares, las cuales estuvieron en deterioro y decadencia;
13. xiv)El gobierno Autónomo Municipal de El Alto tuvo presupuestos para ejecutar fiestas de inauguraciones de nuevas obras pero no para el sector educativo, es así que las protestas dentro del marco de la libertad de expresión tendrían por finalidad la protección del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes; y,
14. xv)Finalmente, lo único que buscan los accionantes de sería manejar el resultado de esta acción para poder suprimir las protestas contra la entidad edil.

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 16/2022 de 10 de junio, cursante de fs. 79 a 82, concedió la tutela impetrada, disponiendo a la parte demandada tomar los mecanismos correspondientes a efectos de evitar que este tipo de circunstancias vuelvan a acontecer, lo cual no significa que se le restrinjan otros derechos establecidos en la Norma Suprema y consideren propios en cuanto a su reclamo, sin lugar a responsabilidad. Decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos:

1. a)Los demandados señalaron que los actos transgredidos habrían quedado atrás y no había restricción ni privación de libertad;
2. b)Los prenombrados señalaron que las acciones tomadas se efectuaron en torno al ejercicio de derechos fundamentales como a la expresión, a la protesta, al control social y a la defensa de los derechos de la educación y salud;
3. c)No se desvirtuó que los hechos vulneratorios no hubieran acontecido, puesto que solo pretendieron explicar y justificar sus actos porque estarían en resguardo de otros derechos constitucionales;
4. d)Por parte de los accionantes se tendría una convocatoria al bloqueo indefinido de las mil esquinas, la que habría desencadenado en otras determinaciones que no tenían relación alguna con la defensa de la educación ni salud;
5. e)Se determinó que si concurrían los presupuestos de orden legal para la tutela solicitada en resguardo a los derechos a la libertad y a la locomoción, según la normativa vigente y los precedentes constitucionales, la aplicación de la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0098/2018-S3 de 9 de abril, respecto a la acción de libertad en su modalidad innovativa;
6. f)Existió lesión al derecho a la libertad física o personal en el cual los demandados señalaron que los actos transgredidos ya habrían quedado atrás y que no había restricción ni privación de libertad y que las acciones tomadas se efectuaron en torno al ejercicio de derechos fundamentales como a la expresión, a la protesta, al control social y a la defensa de los derechos de la educación y salud; y,
7. g)La acción de libertad tiene distintas modalidades y puede operar aun cuando efectivamente ha cesado la vulneración del derecho protegido, concordante con el "...artículo 68.6 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional" (sic) y el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo) determinando que aun habiendo cesado las causas que originaron la acción de libertad, la audiencia debería realizarse para establecer las responsabilidades que correspondan.