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TCP

0738/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0738/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0738/2026-S3 Sucre, 4 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 54848-2023-110-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 10/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 136 a 143 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Efraín Sergio Vargas Galarza y Jhonny Yanique Flores contra Lucio René Jiménez Vargas, presidente; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; Miguel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Suplentes, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 65 a 77, los accionantes; manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de la evasión de tres internos del Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, el Fiscal Policial les inició de oficio una investigación, misma que derivó en la apertura del proceso disciplinario policial, que se encuentra signado como caso TDD-TJ-089/2019 tramitado en el Tribunal Disciplinario Departamental de Tarija de la Policía Boliviana, instancia que luego de la etapa de producción e introducción de prueba, emitió la Resolución Administrativa 002/2021 de 12 de enero, que les fue notificado el 7 de mayo del mismo año.

En ejercicio de su derecho a la impugnación, plantearon el recurso de alzada el 12 de mayo, que se encuentra previsto por el art. 96 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; recurso que fue resuelto por Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 397/2022 de 6 de diciembre, que ratificó la decisión recurrida, siendo notificados el 17 de enero de 2023, constituyéndose en acto lesivo a sus derechos.

La referida Resolución de alzada, no contiene la debida carga de motivación y fundamentación, básicamente se constituye en una réplica del fallo de primera instancia, reproduciendo los agravios inferidos; dado que, no les hace conocer de forma clara cuál es la razón de la decisión, del porqué fueron procesados y sancionados, además de que omite responder los agravios planteados de su parte y exponer correctamente los antecedentes y elementos utilizados para sancionarlos, inculpándolos de situaciones que no fueron correctamente analizadas, siendo que la misma Policía Boliviana no brinda ni propicia las condiciones mínimas para el correcto desempeño de las funciones que la Norma Suprema le impone; no es correcto atribuirles responsabilidad y sancionarles, cuando existen problemas estructurales, que afectan la labor de los funcionarios policiales.

La citada Resolución de alzada, en su parte considerativa se limitó a mencionar normas jurídicas, jurisprudencia constitucional y normativa interna de la Policía Boliviana sin mayor abundamiento; además, no se aplicó el principio de proporcionalidad, que responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de un derecho fundamental, lo que implica no solo una prohibición de exceso en la actuación de poder, en este caso de parte del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, ya que de la supuesta falta no se evidencia algún daño que se hubiera causado.

Tampoco se aplicó el principio de razonabilidad, ya que cuando una norma tenga que ser aplicada para la resolución de una determinada causa, debe previamente verificarse que la norma a ser aplicada no sea contraria al fin buscado por la medida, el medio empleado y la relación entre el medio y el fin y si ello puede afectar derechos y garantías constitucionales.

La vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, en su caso, han derivado en perjuicio de otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, al privarles de cubrir las necesidades de su núcleo familiar; a la seguridad social y a la salud, al privarles junto a sus familias de atención médica y cubrir contingencias médicas; a la educación, dado que no generan ingresos para cubrir la educación de sus hijos.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la defensa, al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la educación y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación vinculado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad citando al efecto los arts. 17, 37, 45, 46 y 62 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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