Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0739/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 54087-2023-109-AAC Departamento: Pando
En revisión la Resolución 016/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 1390 a 1396 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ignacio Condori Laura contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado; y, Adhemar Esquivel Seas, Autoridad Sumariante Régimen Disciplinario de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 18 y 24 de enero de 2023, cursantes a fs. 1, 1231 a 1251 y 1256 a 1283 vta., el accionante señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de Fiscal de Materia mediante Auto de Admisión de Denuncia y Apertura de Proceso 20/2022 de 12 de julio, se instauró en su contra un proceso disciplinario a instancia de Sergio Enrique Espinoza Rojas, en representación de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), por la supuesta comisión de la falta muy grave prevista en el art. 121.14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); consistente en el retiro de un recurso de apelación incidental sin autorización de su superior jerárquico -que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 25 de agosto de 2022, a través del cual el Juez de control jurisdiccional, en mérito al incidente de devolución de bienes presentado por Verushka Saucedo Becerra, determinó devolverle una motocicleta y un inmueble que inicialmente fueron incautados; ello, dentro del proceso penal seguido contra Nilberto Ninasuame Quispe, por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas signado con Código Único de Denuncia (CUD) 901102012100830-; actuación que se habría producido en la audiencia de 20 de octubre de 2021.
Como resultado de la sustanciación del proceso disciplinario, Adhemar Esquivel Seas, Autoridad Sumariante Régimen Disciplinario de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz -hoy codemandado-, emitió la Resolución de Primera Instancia 026/2022 de 29 de septiembre, mediante la cual lo declaró responsable de la falta atribuida, dispuso su destitución y consiguiente retiro de la carrera fiscal; decisión que fue confirmada por Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado -ahora demandado- a través de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 098/2022 de 19 de octubre, que confirmó la determinación asumida.
En ese contexto, las autoridades demandadas, al momento de dictar las Resoluciones supra citadas vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que, incurrieron en:
- a)Falta de valoración integral de los antecedentes del proceso penal para determinar la sanción; dado que, no consideraron que, dentro del proceso penal en el que se produjo el retiro de la apelación, obtuvo una sentencia condenatoria de diez años de privación de libertad contra el imputado, lo que demuestra el ejercicio eficaz de la acción penal pública y la ausencia de actuación negligente o dolosa de su parte; elemento que -a su criterio- resultaba determinante para establecer la inexistencia de responsabilidad disciplinaria;
- b)Desconocimiento de las circunstancias que motivaron el retiro de la apelación incidental; interpuso el medio de impugnación debido a que la incidentista -tercera interesada en el proceso penal- al momento de formular el incidente de devolución no acreditó su derecho propietario sobre el bien inmueble incautado, hecho que fue superado en la audiencia de 20 de octubre de 2021, por lo que, en aplicación de los principios de legalidad, objetividad y protección de derechos fundamentales -propiedad y vivienda de la nombrada-, procedió a retirar el medio de impugnación; extremo que no fue valorado ni considerado como causa justificante por las autoridades demandadas;
- c)Falta de consideración del estado procesal del recurso y la existencia de actos pendientes; siendo que, la apelación incidental interpuesta por el DIRCABI, al no haber sido sustanciada no se encontraba ejecutoriada, además de existir actuaciones pendientes relacionadas con la entrega del bien incautado, aspectos que no fueron analizados por las autoridades disciplinarias al momento de determinar su responsabilidad; y,
- d)Omisión de valoración de la prueba de descargo presentada, por memorial presentado ante el codemandado cursante de "fs. 534 a 542" del cuaderno sumarial, se apersonó, presentó informe pormenorizado y abundante prueba documental, incluyendo informes pormenorizados y elementos que acreditaban las circunstancias en las que actuó, así como situaciones personales relevantes -como el estado de gestación de su esposa-, las cuales no fueron consideradas ni valoradas, limitándose las autoridades a conclusiones genéricas sin asignar valor específico a cada medio probatorio.
La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 098/2022, carece de fundamentación, motivación y congruencia siendo que el Fiscal General demandado no realizó una exposición clara de las razones por las cuales confirmó la sanción de destitución; no identificó y desarrolló los elementos constitutivos de la falta disciplinaria atribuida; tampoco respondió de manera expresa y fundada a los agravios expuestos en el recurso jerárquico; subsumió los hechos a tipos disciplinarios de manera forzada y sin razonamiento jurídico suficiente; y, pese a que reconoció que las razones del retiro de la apelación eran "válidas y razonables", confirmó la sanción, incurriendo en contradicción interna.
I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados
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