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TCP

0740/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
22 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0740/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0740/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 63384-2024-127-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 30/2024 de 10 de abril, cursante de fs. 79 a 88 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Melbi Edith Jerez Cardozo contra Ernesto Félix Mur, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de abril de 2024, cursante de fs. 34 a 46, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Rudy Vedia Fernández, Luis Cesar Sosa Alavi, Ruth Fabiana Fernández Torrejón y Luis Daniel Rodríguez Castro -hoy terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de "ASESINATO", el 19 de marzo de 2024 se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares personales, en la cual el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio 44/2024 de igual fecha dispuso la detención preventiva de los mencionados imputados, por el plazo de seis meses, determinación que fue apelada por los referidos.

Ante la impugnación formulada, Ernesto Félix Mur, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandado-, a través de Auto de Vista 86/2024 de 25 de marzo, de manera inexplicable, irregular e ilegal determinó revocar en parte el Auto Interlocutorio apelado, respecto a la medida cautelar -personal- impuesta a la coimputada Ruth Fabiana Fernández Torrejón -hoy tercera interesada-.

El Vocal demandado si bien consideró que, la referida coimputada tiene una hija lactante; empero, aplicó e interpretó erróneamente el art. 232.III.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ello, pese a mantener la probabilidad de autoría y los peligros procesales; y, sin cumplirse los requisitos mínimos determinó la detención domiciliaria a favor de la misma, sin tomar en cuenta que tiene su domicilio en ese lugar donde se suscitaron los hechos investigados, cuando además de la prueba se demuestra que es una de las principales autoras del hecho, menos emitió un pronunciamiento respecto a la justificación de la medida adoptada, siendo contraria a la norma legal citada, al tratarse de un delito contra la vida en el cual fallecieron dos personas y su persona de sexo femenino también es víctima, habiendo sufrido graves heridas en su rostro, en especial en la cabeza.

Tampoco consideró que, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desarrollada en el caso Fernández Ortega y otros Vs. México, destacó que los Estados tienen el deber de adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia contra la mujer.

I.1.2. Garantía y principios supuestamente vulnerados

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