Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0742/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 79489-2025-159-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 176/25 de 20 de noviembre de 2025, cursante de fs. 130 a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Gutiérrez Olivera contra Julio Nelson Alba Flores; y, David Marcelo Coca Echeverría Vocal y Ever Álvarez Orellana, ex y actuales Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 30 de septiembre y 24 de octubre de 2025, cursantes a fs. 1 y 103 a 105; y, 116 a 117, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Fue condenado a veinte años de prisión por el delito de "...VIOLACION NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE..." (sic); en ese marco, habiendo cumplido los requisitos legales, en aplicación de los arts. 174 y 175 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) solicitó la aplicación del beneficio de libertad condicional; sin embargo, la Jueza de Ejecución Penal Cuarta del departamento de Santa Cruz, rechazó su petición mediante Auto Interlocutorio 62/2025 de 18 de febrero, exigiendo el cumplimiento de una porción mayor de la pena conforme a las modificaciones legales posteriores efectuadas a la señalada Ley.
Es así que, interpuso recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio, el cual fue declarado admisible pero improcedente por David Marcelo Coca Echeverría Vocal y Julio Nelson Alba Flores ex Vocal, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, a través del Auto de Vista 251 de 12 de mayo de 2025, quienes confirmaron la decisión sin realizar una debida fundamentación ni considerar la normativa vigente al momento de su juzgamiento, particularmente lo establecido por el Auto Supremo "141/2015-RRC" de 27 de febrero, el cual establece que, se debe aplicar la norma vigente al momento del juzgamiento.
Dicha actuación constituía una indebida aplicación retroactiva de la ley penal y era una resolución carente de motivación suficiente, vulnerando la garantía del debido proceso. Asimismo, se afectó la seguridad jurídica al apartarse de la normativa aplicable.
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