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TCP

0746/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0746/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0746/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 57117-2023-115-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 131/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 312 a 316, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Nilton Choque Olmedo contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra; y, Fabiola Pareja Gutiérrez, Directora General de Asuntos Jurídicos, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 12 de mayo de 2023, cursantes de fs. 129 a 158; y, 165 a 166 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En 2010, ingresó a trabajar en la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí; sin embargo, tras ser desvinculado, el 2015, fue reincorporado mediante la -de 8 de marzo- por gozar de inamovilidad laboral como progenitor; no obstante, en 2017 volvió a ser retirado de su cargo como represalia por haber denunciado a exautoridades de la referida entidad por la presunta comisión de delitos de corrupción e incumplimiento de deberes. Motivo por el cual, en aplicación del art. 9 de la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos -Ley 458 de 19 de diciembre de 2013-, y la Resolución Ministerial (RM) 479/14 de 12 de agosto de 2014, la Jefatura Departamental de Trabajo del citado departamento, por Resolución Administrativa JDTP 01/17 de 22 de marzo de 2017 -de protección laboral-, ordenó su restitución laboral.

Posteriormente, pese a que informó sobre el desarrollo de los procesos penales que instauró, fue nuevamente retirado por Memorándum de retiro CITE: ALDP/RR.HH./174/2021 de 20 de diciembre, ante lo cual, mediante Nota Interna MTEPS-UT-CAMM-0054-NOT/22 de 31 ese mes y año, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, determinó la ampliación de medidas de protección laboral.

En cumplimiento a esa determinación, la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, mediante Auto de 11 de abril de 2022, determinó la prórroga de dicha medida, dejando sin efecto el indicado Memorándum de retiro, que fue confirmada por Resolución Administrativa JDTP-HRF 009/2022 de 6 de mayo; decisión cuyo incumplimiento dio lugar a una nueva acción de amparo constitucional, concedida mediante la Resolución 22/2022 de 1 de junio y confirmada por la , ordenándose una vez más su restitución. No obstante, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandada-, mediante la RM 1298/22 de 26 de octubre de ese año, revocó dichas medidas de protección otorgadas a su favor incurriendo en:

  1. a)Vulneración del debido proceso en su componente de legalidad, dado que al revocar la medida de preservación de derechos laborales contraviene lo dispuesto por el art. 19.III de la Ley 458 y el artículo tercero de la RM 479/14, que atribuye a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción la facultad de recomendar la modificación, cese o prórroga de dicha medida, cuando el art. 12 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece la independencia de órganos y los arts. 4.1 y 10.III Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017- determinan que dicha Unidad es independiente en el cumplimiento de sus funciones.
  1. b)Motivación arbitraria y falta de fundamentación y congruencia, debido a que en sus fundamentos de hecho y derecho no contiene una exposición clara de los aspectos fácticos y pertinentes, además de la norma jurídica aplicable; toda vez que, en su "Considerando IV", numerales "2 parágrafo V)"; 5 incs. b) y c); 6 y 7:
  2. 1)Afirma que la Unidad de Transparencia omitió realizar el seguimiento de la medida adoptada y recién después de cinco años realizó acciones tendientes a la valoración periódica incumpliendo lo dispuesto por el citado artículo tercero de la RM 479/14, fundamento que considera arbitrario al no haber valorado los memoriales que presentó informando periódicamente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que presentó como prueba "en el proceso";
  3. 2)Considera que se modificaron las circunstancias que justificaban la protección desde 2018 debido a la situación jurídica de los denunciados, el cambio de autoridades en 2021 y que la actual administración de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí no participó en los hechos ocurridos en 2017, cuando la temporalidad de las medidas de protección tienen una duración determinada condicionada a la situación de riesgo, dando a entender que el proceso penal que originó la medida estaría concluido, sin tomar en cuenta que el rechazo de la denuncia emitido a favor de Roxana Flores Huanca y Celso Huayllani López fue dejado sin efecto por la , habiéndose ordenado la emisión de una nueva resolución fiscal, y que estaría pendiente de revisión constitucional el , que declaró inadmisible el recurso de casación que planteó contra la decisión que confirmó la Sentencia absolutoria 28/2021 emitida a favor de Eloy Calizaya Mamani; y,
  4. 3)Concluyó que la situación de riesgo se desvaneció porque las exautoridades que habrían ejercido las represalias ya no ocupaban cargos públicos y que la responsabilidad penal es personalísima, correspondiendo aplicar el principio de temporalidad, sin considerar que persistían nuevos actos de represalia laboral y la situación de riesgo, ante la emisión de un nuevo Memorándum de retiro y la existencia de un daño económico para el Estado superior a Bs23 000.- (veintitrés mil bolivianos) y que los arts. 5, 9 y 20 de la Ley 458 prevén la continuidad de la protección mientras subsista el riesgo.
  1. c)Valoración arbitraria de la prueba, puesto que la RM 1298/22 omitió considerar los memoriales presentados periódicamente desde la otorgación de la medida de protección laboral cursantes de "fs. 32 a 53", mediante los cuales informó sobre el avance de los procesos penales, laborales y constitucionales vinculados a su caso de acuerdo al acta de Compromiso de Cumplimiento de Obligaciones de 22 de marzo de 2017, desconociendo el principio de verdad material, los cuales inciden en el fondo de la decisión adoptada;

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