Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración integral y razonable de los medios probatorios, además de los principios de favorabilidad, pro actione, pro persona y verdad material alegando que su pedido de cesación de la detención preventiva que cumple dentro del proceso penal seguido en su contra fue rechazado tanto por los Jueces Técnicos codemandados como por los Vocales demandados en alzada, autoridades que dictaron a su turno decisiones carentes de fundamentación, motivación y congruencia, actuando el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba con excesiva rigurosidad respecto a la documentación que presentó para acreditar el elemento trabajo (art. 234.1 del CPP), exigiendo estados financieros de la empresa y pago de impuestos para comprobar si el contrato de trabajo a futuro es real; y, refiriendo en cuanto al peligro de obstaculización (art. 235.2 del CPP), sin ningún elemento objetivo que podía ejercer algún tipo de influencia en la víctima; aspectos que no fueron subsanados en apelación cuyo Tribunal declaró improcedente su recurso indicando que no identificó qué reglas de la sana crítica fueron quebrantadas y por qué la minoridad de la víctima como persistencia del peligro referido sería contraria a la sana crítica, cuando expresó de manera debida los agravios que consideró ceñidos a que una irrazonable valoración de la prueba (trabajo) y a las meras presunciones y conjeturas en las que se sustentó el probable riesgo de obstaculización.
Sintesis de la ratio decidendi
Se concede la acción de amparo constitucional en relación al debido proceso penal en su elemento de fundamentación y motivación; dado que la autoridad judicial demandada, contrariando los criterios esenciales descritos en la , sustentaron el riesgo procesal de obstaculización señalado por el art. 235.2 del CPP en cuestiones subjetivas y sin respaldo alguno.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.6 “…el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba, en cuanto al peligro de obstaculización pese a anotar que la etapa investigativa finalizó y el Ministerio Público recabó los elementos de convicción necesarios para acreditar su pretensión en el juicio oral, siendo precisamente el desarrollo de la etapa investigativa el que fundó el riesgo procesal anotado y que motivó la detención preventiva; añadió que el imputado no tenga antecedentes penales ni otras causas en su contra o hubiera mantenido un buen comportamiento durante el tiempo de su reclusión, no constituía impedimento para que en libertad genere algún tipo de influjo en la víctima menor de edad considerando el delito de violación cometido en su contra. Sujetándose la alzada formulada respecto a este aspecto en que al encontrarse el proceso ya en etapa de iniciarse el juicio oral no concurría ya probabilidad de obstaculizarse la investigación, respecto a lo que los Vocales demandados anotaron que el accionante no expuso por qué la minoridad de la presunta víctima como causal para la persistencia del riesgo procesal fuera contrario a la sana crítica. Lo expuesto demuestra que también en cuanto a lo descrito en el párrafo precedente que tanto el Tribunal inferior como el de alzada, obraron en desmedro de los derechos fundamentales del impetrantes de tutela, siendo que no se cumplieron los criterios esenciales descritos en la , detallada en el Fundamento Jurídico III.5, no siendo viable sustentar la concurrencia de dicho riesgo procesal en cuestiones subjetivas y sin respaldo alguno, por cuanto si bien la víctima es menor de edad y merece la protección reforzada del Estado no puede argumentarse el riesgo de obstaculización únicamente en dicho aspecto y en una suposición en que se influenciará en la víctima, sin valorar la documental presentada por el accionante como certificados de buena conducta y de inexistencia de otras causas en su contra, entre otros, a más que la etapa investigativa conforme alegó la defensa del demandante de tutela se encontraría concluida. Incurriendo en este punto el Tribunal de alzada igualmente en excesivo rigorismo al indicar que no se expusieron las razones por las que la minoridad de la presunta víctima era contraria a la sana crítica para sustentar la persistencia de ese riesgo procesal declarando la improcedencia de la alzada, obviando su deber en el marco de la interpretación amplia y no literal del art. 398 del CPP (Fundamento Jurídico III.4), debiendo considerarse en todo caso que el peligro de obstaculización debe ser materialmente verificable, no pudiendo fundarse el riesgo descrito en meras suposiciones lo que no satisface la exigencia de una debida motivación y fundamentación. En ese sentido, compele reiterar que, la garantía del debido proceso, constriñe a las autoridades judiciales ordinarias efectuar una fundamentación legal íntegra y clara, no siendo viable dictar una decisión de hecho y no de derecho, que no permita conocer los motivos y razones jurídicas para arribar a la decisión. Sólo así, las partes toman convencimiento que la decisión asumida, no es irrazonable, sino que responde a una medida efectuada bajo razonamientos lógico jurídicos sólidos en el marco del debido proceso; aspectos que no fueron cumplidos por las autoridades demandadas. Por lo tal, siendo claras las lesiones al debido proceso cometidas tanto por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba –ahora codemandados-, como por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia señalado, hoy demandados, quienes declararon la improcedencia de la alzada sin ninguna fundamentación y motivación, menos una valoración integral de los medios probatorios ni haber efectuado el test al que se hallan constreñidos para emitir una decisión razonada sobre la existencia de los riesgos procesales, teniendo ello vinculación con los derechos a la libertad y a la tutela judicial efectiva del ahora peticionante de tutela; no habiendo observado tampoco los principios de favorabilidad, pro actione, pro persona y de verdad material invocados también como transgredidos en la demanda tutelar; corresponde revocar la decisión inicialmente asumida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia precitado, que no consideró todos los extremos expuestos que conllevaban a la concesión de la tutela, debiendo aclarar en este punto sin embargo que únicamente compele declarar la nulidad del Auto de Vista de 4 de abril de 2019, siendo los Vocales hoy accionados los llamados a pronunciar una nueva resolución que cumpla con los parámetros expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, como Tribunal de alzada, en el marco de sus atribuciones y competencias.”
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0748/2019-S2 Sucre, 28 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad
Expediente: 28939-2019-58-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 022/2019 de 10 de mayo, cursante de fs. 171 a 175, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Bonifaz Ramos contra Patricia Torrico Ortega y Jesús Gonzales Milán, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Sara Fuentes Coca, María Giovanna Pizo Guzmán y Jesús Efraín Camacho Córdova, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 9 de mayo de 2019, cursante de fs. 146 a 162, el accionante expresó los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra y otro por el Ministerio Público a instancia de Darío Choque Lima, por la presunta comisión de los delitos previstos y sancionados por los arts. 308 bis y 310 inc. k) del Código Penal (CP); el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva el 3 de junio de 2018, en el Centro de Rehabilitación de San Antonio de esa ciudad; encontrándose a la fecha recluido por más de once meses.
El 18 de marzo de 2019, se realizó audiencia para considerar su solicitud de cesación de la medida restrictiva de su libertad, oportunidad en la que presentó documentación idónea para acreditar que tiene un domicilio, familia y trabajo a futuro, enervando el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba, actuando con excesiva rigurosidad, exigiendo el cumplimiento de requisitos extremadamente formales e irrazonables en desconocimiento que la detención preventiva es una medida excepcional, rechazó su pedido a través de un fallo que contiene una motivación totalmente sesgada, arbitraria, incongruente y arbitraria, refiriendo que si bien cuenta con un contrato y se acreditó la existencia de la empresa contratante, no se habría adjuntado documentación idónea que permita establecer que la misma tiene solvencia económica, debiendo a ese efecto anexar estados financieros de al menos dos gestiones y el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) que corresponde a cualquier actividad productiva, lo que impediría juzgar que el contrato sea real. Cuestión que inobservó, puesto que el contrato de trabajo a futuro presentado se encuentra debidamente reconocido en firmas ante Notario de Fe Pública, acreditando de esta manera su prestación de servicios como Mensajero, la jornada y horario laboral, remuneración y duración de la relación laboral, así como documentación vigente referente entre otros al registro de padrón de contribuyentes de su empleador, la licencia anual de funcionamiento conferida por el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, el Registro de Comercio emitido por la Fundación de Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), registro de balance de gestión vigente con el estado de la matrícula de comercio, certificado de Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) expedido por la Jefatura Departamental de Trabajo, facturas electrónicas, cheques de pago y contratos de alquiler suscritos por su empleador con diferentes instituciones; constando de ello que se avaló debidamente el elemento trabajo, que no fue considerado por apreciaciones subjetivas y formalistas en desconocimiento de la jurisprudencia constitucional que establece que únicamente debe acreditarse la existencia lícita y vigencia de la actividad económica de la empresa no así otros requisitos insustanciales, rigurosos y formales, exigiéndole en su caso la presentación de estados financieros inherentes a una información delicada y sensible que difícilmente será facilitada en su favor por su empleador.
Por otra parte, en cuanto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, el Tribunal de Sentencia precitado refirió que si bien no tiene antecedentes penales ni otras causas o que mantuvo un buen comportamiento durante el tiempo de su detención preventiva, aquello no resultaba un impedimento para que en libertad pueda ejercer algún tipo de influencia en la víctima; afirmación subjetiva y carente de motivación fundada en meras referencias, presunciones y suposiciones sin basarse en documentación cierta, veraz y concisa que inobserva el principio de presunción de inocencia, sin considerar además que transcurriendo ya cerca de un año de su reclusión, se encuentra "a días que se celebre y desarrolle el juicio oral contradictorio" (sic), no existiendo probabilidad remota que incurra en actos de obstaculización que influyan negativamente en partícipes, testigos, peritos o en la víctima. Al respecto, destaca que la jurisprudencia constitucional expresó que los peligros procesales no pueden sustentarse en meras referencias y presunciones, como en el efecto se hizo en su situación en lesión de sus derechos.
Apeló la Resolución de 18 de marzo de 2019, cuyos fundamentos fueron antes anotados, describiendo de manera solvente y precisa los agravios sufridos con la decisión sujeta a alzada denunciando que respecto al elemento trabajo no se efectuó una correcta y razonable valoración probatoria de la documentación acompañada que acreditaba la existencia física, jurídica y lícita de la empresa donde desempañará funciones laborales recobrada su libertad; empero, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dictó el Auto de Vista de 4 de abril de igual año, declarando improcedente su recurso refiriendo que no identificó qué reglas de la sana crítica hubiese quebrantado el inferior en la valoración de la prueba calificando la fundamentación de su apelación como insuficiente en cuanto a su argumentación y que tampoco consignó las razones por las que la minoridad de la presunta víctima como causal para la persistencia del peligro de obstaculización fuera contraria a la sana crítica; lo que lógicamente inobservó los cánones o estándares de interpretación instituidos a través de los principios iuria novit curia, pro actione, pro persona, favorabilidad y razonabilidad, entre otros, siendo que expuso coherentemente la razón de la apelación, lo que merecía una resolución de segunda instancia fundamentada, motivada, coherente, lógica y razonable que resuelva el fondo de su alzada, no cumpliéndose aquello por formalidades procesales que prevalecieron sobre el derecho sustancial, en repercusión negativa de su libertad.
Finalizó indicando que conforme al art. 398 del CPP, los tribunales de alzada tienen también la obligación de motivar las resoluciones que resuelven respecto a la situación jurídica de los procesados por cuanto conforme explica la jurisprudencia constitucional los imputados tienen derecho a conocer inequívocamente las razones que llevan al tribunal de apelación a mantener, revocar o modificar una medida cautelar, por cuanto la fundamentación o motivación no es únicamente exigible al disponer la detención preventiva sino de igual manera al rechazar el pedido de su cesación, sustentado en elementos objetivos sin basarse en meras suposiciones o presunciones.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración integral y razonable de los medios probatorios, además de los principios de favorabilidad, pro actione, pro persona y verdad material, citando al efecto los arts. 15, 21, 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 4, 7, 12, 13, 16 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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