0749/2022-S4

Edwin Apaza Churata, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido, de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Andrés de Machaca del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar de Guanay, por informe presentado el 21 de abril de 2021, cursante de fs. 37 a 39, manifestó que:

1. 1)El 15 de diciembre de 2020, se presentó el inicio de investigación e imputación formal en contra de Gustavo Cartagena Pariamo -ahora impetrante de tutela-, por el delito de abuso sexual a menor de edad previsto por el art. 312 del Código Penal (CP);
2. 2)Por resolución de medida cautelar 96/2020-P de 16 de diciembre de 2020, el "Juez Dr. Aldo Portugal" en suplencia legal del "Juzgado Público Mixto de Guanay", dispuso la detención preventiva del imputado por el plazo de cuatro meses, debiendo realizarse la reconsideración de su situación jurídica para el 16 de abril de 2021 a las 09:00;
3. 3)No se llevó a cabo la precitada audiencia de reconsideración de situación jurídica del imputado -hoy solicitante de tutela-, esto debido a que el secretario abogado del Juzgado no notificó a las partes para la audiencia, no solicitó sala virtual, tampoco envió link de enlace a las partes ni mucho menos le informó sobre dicha audiencia como debió hacerlo, incumpliendo de ésta manera lo referido por el art. 56 del CPP, en lo concerniente a que es deber del secretario controlar el cumplimiento de los plazos procesales y comunicar su vencimiento oportunamente al Juez;
4. 4)Que, en merito a lo anterior, y previo al informe del secretario abogado, señaló audiencia de reconsideración para el "20 de abril de 2021 a las 11:00 y audiencia de cesación a la detención preventiva para las 11:30" (sic);
5. 5)En la fecha y hora establecida, se llevó a cabo la audiencia de reconsideración de la situación jurídica y cesación a la detención preventiva del imputado; empero, se evidenció que en Sala Virtual solo se encontraban el Ministerio Público, abogado de la víctima y del imputado, más no así el ahora accionante, por problemas de conectividad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, se realizaron los intentos necesarios para comunicarse con dicho Centro Penitenciario; posteriormente, se suspendieron las audiencias; puesto que era necesario la presencia del imputado a efecto de no vulnerar sus derechos;
6. 6)En la misma audiencia por informe complementario del secretario abogado se le informó que antes de la audiencia a las 10:20 se presentó requerimiento conclusivo de acusación en contra del imputado Gustavo Cartagena Pariamo, a lo que dispuso que en cumplimiento al art. 325.I del CPP, se remita el legajo al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del indicado departamento en el plazo de veinticuatro horas conforme a procedimiento; y,
7. 7)En conclusión, de lo referido precedentemente se tiene que si bien como autoridad suspendió la audiencia de reconsideración de situación jurídica y cesación a la detención preventiva, fue en el entendido de que no se encontraba el imputado en Sala Virtual y no se programó audiencias; en razón a que, se habría presentado acusación en contra del ahora accionante.

El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías por Resolución 09/2021 de 22 de abril, cursante de fs. 43 a 45 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada, al no haber demostrado que la acusación fiscal hubiera sido radicada ante el Tribunal de Sentencia de Caranavi del citado departamento, trámite el incidente de cesación a la detención preventiva, que fue solicitado y suspendido por la autoridad demandada o, en su caso, solicitar la devolución del legajo del mencionado Tribunal de Sentencia para su consideración; con base en los siguientes fundamentos;

1. i)La CPE en su art. 115.II, establece que el Estado garantiza a todo ciudadano el debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, lo cual es concordante con el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH);
2. ii)El accionante tenía detención preventiva por el plazo de cuatro meses, a cumplirse el 16 de abril de 2021 y donde se tendría que haber llevado a cabo la audiencia de sus situación jurídica el día antes señalado a las 09:00, al haberse suspendido la audiencia, se programó otra audiencia para el 20 de abril de 2021, encontrándose el Ministerio Público, el abogado de la víctima y el abogado del imputado, teniendo dificultades con la conexión con el ahora solicitante de tutela;
3. iii)Por informe complementario del Secretario informó que el Fiscal de Materia, presentó requerimiento conclusivo de acusación en contra del imputado, disponiendo se remita el legajo al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas;
4. iv)Al respecto el Juez del Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de San Andrés de Machaca del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, -autoridad ahora demandada- en suplencia legal del Juzgado de Guanay, no demostró de forma documental que el "Dr. Veymar Gonzalo Tarqui Poma", Secretario del Juzgado de Guanay, hubiera sido objeto de llamada de atención por haber incumplido sus funciones en informar en su debida oportunidad lo previsto en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y al no haber solicitado sala virtual y no cumplir con las notificaciones para la primera audiencia programada para el 16 de abril de 2021, a las 09:00, no dando cumplimiento a lo previsto por el art. 56 del CPP;
5. v)En lo referente a la audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de abril de 2021 a las 11:00., donde el ahora accionante, tuvo problemas de conectividad desde el citado Centro Penitenciario, el Juez indicó la necesidad de conexión o presencia del imputado; por lo que, decidió suspender la audiencia. En el mismo acto procesal el secretario informó al Juez que el Fiscal de Materia asignado al caso presentó un requerimiento conclusivo de acusación en contra del imputado -ahora impetrante de tutela-, lo que motivó a la ahora autoridad demandada disponer la aplicación del art. 325.I del CPP y, por ende, la remisión del legajo al Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi del referido departamento, en el plazo de veinticuatro horas, perdiendo, a su ver, competencia; al respecto corresponde indicar que la autoridad demandada, no dispuso en audiencia un cuarto intermedio para ver cuál era el motivo de la no conexión del imputado, desde el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ya que no está al alcance o a su propia voluntad poder acceder a un servicio de internet; además, dicha autoridad tenía conocimiento que su función como Juez titular está ubicada, en la localidad de San Andrés de Machaca de la Provincia Ingavi y la suplencia que ejerce está en la localidad de Guanay Provincia Larecaja ambos del departamento de La Paz; de ese modo, podía realizar un cuarto intermedio para horas de la tarde o agendar un nuevo día y hora para no dejar en completa indefensión y sin control jurisdiccional al ahora accionante;
6. vi)Respecto a lo informado por el secretario abogado del juzgado de Guanay en sentido que existiría un requerimiento conclusivo de acusación formal, la autoridad demandada ya había suspendido una audiencia y señalado otra audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, lo que demuestra que existía un incidente presentado con anterioridad y pendiente por resolver, además que la acusación formal formulada por el Fiscal de Materia aún hasta el momento de la interposición de la acción de libertad no se encuentra radicada ante el Tribunal de Sentencia de Caranavi; por lo que, se hace viable conceder la tutela; y,
7. vii)Por último, en el entendimiento de que la acción de libertad se configura como el medio eficaz para restituir los derechos afectados; sin embargo, al existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad, deben ser utilizados previamente, en caso de no haberse restituidos los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas procederá la acción de forma directa, entendiéndose que la acción de libertad no procede en los casos en que existan recursos como medios de defensa que sean eficaces y oportunos para la protección de los derechos que tutela la acción, y si estos no hubiesen sido utilizados previamente a su interposición como sucede en el presente caso.