0750/2019-S2

El accionante a través de su abogado, ratificó los términos de la demanda tutelar y ampliándola refirió que:

1. a)Efectuaron una revisión prolija y no existe coherencia en el orden de señalamiento de audiencias, por cuanto, en otro proceso penal en el que también se formuló imputación formal se fijó audiencia para el 25 de enero de 2019;
2. b)Interpuso una objeción a la querella en el caso denominado "Mochilas II", que fue programada para el 13 de febrero de 2019; no obstante, se fijó audiencia de medidas cautelares, cuando con carácter previo se debe resolver la impugnación planteada; y,
3. c)No acudieron ante la autoridad judicial demandada a objeto de reclamar este aspecto, debido a que existe una injerencia y presión contra el Juez.

Iver Fernando Gonzales Casano, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba mediante informe presentado el 29 de noviembre de 2018, cursante a fs. 11 y vta., indicó que:

1. 1)Radica en su despacho judicial el proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra Marvell José María Leyes Justiniano, por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado;
2. 2)De los antecedentes que cursan en el proceso penal, se advierte que señaló audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares para el 26 de noviembre de 2018, a horas 8:30; acto procesal que fue suspendido en mérito a que el imputado se encontraba internado en la Clínica Los Olivos, como consecuencia de un problema de salud, conforme se acreditó por el certificado médico presentado por los abogados defensores del ahora accionante; razón por la que, una vez instalada la audiencia se ordenó al Médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), efectué una valoración respecto a la salud del sindicado y en forma posterior se procedió a fijar nueva audiencia para el 29 del mismo mes y año, a horas 14:30, a solicitud del Ministerio Público; y,
3. 3)Finalmente cabe hacer notar que presentada la imputación formal se abre la etapa preparatoria, la cual no puede ser suspendida por la interposición de algún medio de impugnación, pues de hacerlo, se le estaría otorgando un efecto suspensivo al recurso de apelación incidental y se suspendería la competencia del juez como controlador de la investigación, perjudicando la eficacia de la persecución penal pública, además de desprotegerse los derechos y garantías de las partes dentro de una investigación.

El representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó que:

1. i)No se cumplen con los presupuestos establecidos para que vía acción de libertad se pueda tutelar el debido proceso, por cuanto, se omitió fundamentar cómo el señalamiento de audiencia lesiona el derecho a la libertad, no existe esa vinculación directa, además que el imputado no se encuentra en absoluto estado de indefensión;
2. ii)Se denuncia que el Juez demandado no es imparcial y que por ese motivo no se le solicitó la suspensión de la audiencia; no obstante, cabe referir que ello no es un justificativo para no ejercer su derecho a la defensa; y,
3. iii)Si el accionante consideraba que existió alguna lesión a sus derechos por la fijación de ese acto procesal, debió impugnar dicha determinación en base al art. 170 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente a los efectos relativos; sin embargo, convalidó el acto.

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 17/2018 de 29 de noviembre, cursante de fs. 29 vta. a 35, denegó la tutela. Decisión que fue asumida en mérito a los siguientes fundamentos:

1. a)Señalada la audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 26 de noviembre de 2018, a horas 8:15, la misma se suspendió porque el ahora accionante se encontraba delicado de salud, reprogramándose para el 29 del indicado mes y año, a horas 14:30; de lo cual se evidencia que la determinación emitida por la autoridad judicial demandada fue asumida en mérito a los principios constitucionales instituidos en el art. 115 de la CPE, no pudiéndose cuestionar la celeridad y prontitud con la que obró el Juez demandado; máxime cuando el art. 180 de la Norma Suprema, establece los principios de celeridad, eficacia, los cuales también sustentan a la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-;
2. b)En virtud a lo expuesto, la reprogramación de audiencia se efectuó en observancia del principio de celeridad, sin lesionar los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva ni a la libertad, más aun cuando no se demostró de forma objetiva que el Juez demandado hubiere sido presionado por los representantes del Consejo de la Magistratura, del Viceministerio de Transparencia o del Ministerio Público; y,
3. c)Se advierte que el hecho que la autoridad judicial demandada haya otorgado prioridad al señalamiento de audiencia de aplicación de medidas cautelares dentro del proceso penal denominado "Mochilas II", no se encuentra vinculado directamente con el derecho a la libertad del imputado, aspecto que debe ser denunciado en la vía ordinaria.