0750/2022-S3

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia se:

1. a)Deje sin efecto la Resolución Jerárquica de 31 de mayo de 2021 emitido por el Fiscal Departamental hoy accionado; y,
2. b)Restablezcan sus derechos constitucionales con la emisión de una nueva Resolución Jerárquica.

Edgar Luis Aramayo Chungara, Fiscal Departamental de Chuquisaca en suplencia legal, mediante informe presentado el 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 502 a 507 vta., manifestó que:

1. 1)Se pretende que se caiga en un error, al calificar la Resolución Jerárquica de transgresora de derechos, siendo que se basan en una parte de la misma y no en su valoración integral;
2. 2)La valoración de los antecedentes durante la etapa preliminar es realizada por el Fiscal de Materia que se encuentra a cargo de la investigación, en base a la cual dicha autoridad debe emitir una resolución, ya sea la imputación formal o el rechazo, tal como está regulado por el art. 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP);
3. 3)Resulta entendible que los accionantes consideren que se llegaron a obtener insumos que justifiquen una imputación formal e incluso una acusación; sin embargo, dichos criterios se encuentran aislados de argumentos precisos; puesto que, si bien señalaron Sentencias Constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ello no es suficiente para generar convencimiento, al no llegarse a establecer cuáles serían los indicios que se hubiesen recabado en la etapa preliminar y mucho menos respecto a la calificación provisional que se le consignó a los hechos suscitados, ocasionando se emita una Resolución de Rechazo -de 29 de septiembre de 2019- que en objeción fue ratificada -por Recurso Jerárquico de 31 de mayo de 2021-;
4. 4)Señalaron que el Fiscal de Materia utilizó términos genéricos; empero, no explicaron objetivamente con la que se pueda constatar que esa conclusión está justificada; asimismo, se alude que solo se hizo referencia a seis elementos sin fundamentarlos razonablemente; sin embargo, tampoco los individualizaron; es decir, no especificaron los datos que fueron omitidos por el Fiscal de Materia, ya que la valoración se sustenta en la interpretación del contenido de la información recabada durante la etapa preliminar;
5. 5)Se indicó que no se tomó en cuenta los testimonios de Cecilia Canedo Aguilar y Paola Canedo Martínez; sin embargo, no llegó a rebatirse el contenido de fondo de la decisión fiscal;
6. 6)Es aplicable la línea jurisprudencial del Auto Supremo (AS) 27/2013 de 8 de febrero², que aclara el sentido que tiene la sana crítica; es así que, no se puede pretender colocar esos testimonios como únicos elementos recabados que tendrían datos que si deberían ser considerados por encima del resto de toda la información, desconociendo que se cuenta con otros antecedentes, que deben ser analizados imparcialmente;
7. 7)Los accionantes pretendieron desconocer que se procedió a realizar una valoración integral de todo el cuaderno de investigaciones;
8. 8)La emisión de la Resolución Jerárquica de 31 de mayo de 2021, no se limitó simplemente a realizar una verificación del rechazo, sino hacer un análisis y ponderación de toda la información existente, verificando si los puntos que fueron mencionados por los accionantes en su objeción permitían dejar sin efecto la Resolución de Rechazo de 29 de septiembre de 2019, empero no se llegó a constatar que la referida se encuentre justificada;
9. 9)Respecto a que el Fiscal de Materia hubiese emitido imputación formal y declarado rebelde a una de las hoy terceras interesadas, dichos aspectos no pueden ser considerados, una incongruencia en el desarrollo del proceso penal; puesto que, el Ministerio Público en el ejercicio legítimo de sus atribuciones que le conceden el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, se encarga de iniciar investigaciones y de dirigir de forma funcional y estratégica los casos, tal como se tiene en la SCP 0893/2013 de 20 de junio;
10. 10)No es suficiente limitarse a concluir criterios personales, sin especificar cuáles serían aquellos argumentos que permitirían respaldar su postura, dado que en caso que nos ocupa no se evidencia que se haya procedido a establecer la manera en la que podría determinarse que la ratificatoria al rechazo hubiese omitido valorar los puntos introducidos por los accionantes, debido a que fueron considerados al encontrarse en el cuaderno de investigaciones y no como los nombrados pretenden tomar en cuenta solo lo que podría favorecerles y no así descubrir la verdad histórica de los hechos;
11. 11)Los accionantes no señalaron cuales fueron los actos investigativos pendientes y de pertinencia que podrían coadyuvar a tomar una determinación deferente a la dispuesta;
12. 12)No se puede pretender confundir, el hecho de que los accionantes estuvieron presentes en el momento que se dio una suma de dinero, así como la constancia escrita y los depósitos que se realizaron, con insumos suficientes para sostener la posible existencia de un hecho delictivo, provisionalmente calificado como estafa;
13. 13)El contenido del memorial de la acción de defensa se enfoca en la Resolución de Rechazo de 29 de septiembre de 2019 emitida por el Fiscal de Materia, lo que no coincide con la legitimación pasiva; ya que, debió centrase en la Resolución Jerárquica de 31 de mayo de 2021 que ratificó la Resolución de Rechazo de 29 de septiembre de 2019;
14. 14)De toda la información que se recabó en etapa preliminar se asume una determinación, extremo que no fue desvirtuado por los accionantes, ni mucho menos se desvirtuó que se hubiera afectado el debido proceso o la tutela judicial efectiva;
15. 15)No demostraron que no se haya cumplido con los cinco presupuestos que señala la SCP 0874/2014 de 8 de mayo, debido a que no se llegó a demostrar que se omitió introducir con claridad los hechos que se les atribuyen a las partes, los aspectos facticos sobre los que se desarrolló la investigación, los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable, los medios de prueba aprobados por las partes, además no se introdujeron argumentos que demuestren que la decisión emitida no fue coherente, ni cuente con nexo de causalidad; y,
16. 16)La verdadera intensión de los accionantes es que la jurisdicción constitucional se torne en una tercera instancia; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.

Loyda Villarroel Vacaflor, mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 497 a 501, así como en audiencia manifestó que:

1. i)Su persona también fue víctima del juego el telar de los sueños;
2. ii)Es una aseveración falsa y alejada de la verdad que la resolución jerárquica de 31 de mayo de 2021, no cuente con los elementos necesarios, puesto que fundamenta, justifica y explica la decisión del Fiscal de Materia, de manera puntual y concreta;
3. iii)La presentación de la denuncia no determina la autoría de los hechos denunciados, menos aún al no existir elementos facticos que permitan establecer la existencia del delito;
4. iv)Los elementos recabados durante la etapa investigativa fueron insuficientes a efectos de continuar con la investigación a pesar de realizarse investigación diligente;
5. v)La Resolución de Rechazo de 29 de septiembre de 2019, como la que lo ratifica -Recurso Jerárquico de 31 de mayo de 2021- tienen una estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto y no se advierte vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación;
6. vi)Un documento de reconocimiento de deuda ante la ley es una obligación unilateral;
7. vii)Respecto a la inexistente fundamentación valorativa de la prueba, se señalaron verdades a medias; puesto que, los accionantes negaron la existencia del documento de reconocimiento de deuda de 29 de septiembre de 2017 por la cual Martina Contreras Llanos ahora tercera interesada, reconoció la deuda a favor de los accionantes, documento que se constituye en un documento ejecutivo con el que los accionantes pueden ir a la vía civil y recuperar lo que se les adeuda;
8. viii)La Resolución Jerárquica de 31 de mayo de 2021, fundamentó y valoró el antes señalado documento, las conversaciones, las declaraciones, denuncias y todas la pruebas en su conjunto; por lo que, no se puede advertir ninguna falta de fundamentación;
9. ix)No es delito tener dinero en su cuenta, es mas no existe depósito a nombre de ninguno de los accionantes; y,
10. x)Se está tratando de usar la jurisdicción ordinaria para recuperar un dinero que no le fue entregado, si no que fue entregado a Martina Villarroel hoy tercera interesada.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Primera-mediante Resolución 137/2021 de 21 de octubre, cursante de fs. 523 a 525 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Pese a que no se precisó la manera en la que se produjo las vulneraciones denunciadas, haciendo un análisis general de la Resolución Jerárquica de 31 de mayo de 3021, se tiene que los motivos de objeción se referían a que la Resolución de Rechazo de 29 de septiembre de 2019 no era coherente; puesto que, no consignaba los argumentos y elementos aportados por la accionante, referidos a cuándo, cómo y donde ocurrieron los hechos denunciados, la participación concreta de las personas denunciadas, respecto a los cuales el Fiscal Departamental ahora accionado concluyó que no se señaló en qué consistía el contenido relevante de esos elementos y de qué manera permitiría sustentar una decisión contraria a la señalada Resolución de Rechazo;
2. b)La Resolución Jerárquica de 31 de mayo de 2021, respecto a que el Fiscal de Materia únicamente expuso la imposibilidad de proseguir la labor investigativa, y que no tomó en cuenta que respecto a los hechos denunciados con anterioridad ya se había realizado una imputación formal;
3. c)Indica que las declaraciones informativas policiales de las testigos de cargo, de Cecilia Canedo y Paola Sanabria Canedo y el documento suscrito por una de las ahora terceras interesadas fueron analizadas de manera integral y en conjunto;
4. d)En cuanto a la denuncia de valoración omisiva e irrazonable de la prueba, únicamente se mencionó que la cláusula segunda del documento suscrito por Martina Contreras Llanos ahora tercera interesada, señaló que Loyda Villarroel hoy tercera interesada, estaba a la cabeza del grupo el telar de los sueños; empero, no explicó de qué manera esa manifestación resultó determinante para imputar a la nombrada; y,
5. e)Si bien el Recurso Jerárquico de 31 de mayo de 2021, no es ampulosa en la cita de normas legales ni en su motivación; sin embargo, en las circunstancias anotadas, no resulta previsible que una eventual concesión de la tutela derive en un resultado diferente.