Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0753/2020-S1 Sucre, 19 de noviembre 2020
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 34033-2020-69-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 06/2020 de 13 de junio, cursante de fs. 26 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Raúl Rollano en representación sin mandato de Gonzalo Choque Quispe contra Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 12 de junio de 2020, cursante de fs. 6 a 8 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra a denuncia del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi del departamento de La Paz, por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, instigación publica a delinquir y amenazas, el "28 de mayo" fue citado por el Fiscal de Materia Fredy Tarqui Mamani, con el fin de coadyuvar en el esclarecimiento de la denuncia respecto a actos de acoso que hubiesen sufrido galenos el 19 de igual mes de 2020; sin embargo, no obstante de haberse presentado ante el Fiscal de Materia antes nombrado, fue aprehendido por éste de manera abrupta; autoridad fiscal que, en base a conjeturas, apreciaciones personales y presión social, emitió imputación formal en su contra, bajo la presunción de que su persona hubiese participado en el grupo de personas que solicitó la expulsión de los galenos.
En dicha imputación, se refirió que habría transgredido el Decreto Supremo (DS) 4200 de 24 de marzo de 2020, que declaró cuarentena en todo el territorio nacional y que existirían riesgos de fuga y obstaculización; razón por la cual, en aplicación del art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso su aprehensión e imputación formal, señalando que no contaba con familia, domicilio y trabajo; por lo que, se constituía en un riesgo para la sociedad y los médicos, así como podría ocultar y suprimir pruebas e influir en los testigos, identificando para el caso los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del citado cuerpo normativo.
El 29 de mayo de 2020, se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares, de la cual emergió la Resolución "67/20", en la que pese a que la autoridad judicial consignó que el representante del Ministerio Público no demostró ni presentó elementos de convicción sobre los riesgos identificados en la imputación, previstos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 del CPP; riesgos, que más al contrario si fueron desvirtuados por la defensa; por cuanto, acreditó con certificado de verificación domiciliaria, contar con un domicilio cuya titularidad se encuentra inscrita en Derechos Reales (DD.RR.), que cuenta con una familia y un trabajo y que no cuenta con antecedente penal, sentencia ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso.
Sin embargo, la autoridad judicial a cargo del proceso señaló que el Fiscal de Materia no demostró el riesgo de fuga y obstaculización, de oficio consignó el riesgo para las presuntas víctimas, en base a la lectura de las acciones investigativas, apartándose del principio de imparcialidad; es decir, que la Resolución 67/20 de 29 de mayo, se apartó del protocolo de medidas cautelares y de los principios de razonabilidad, logicidad favorabilidad, duda razonable y valoración integral de la prueba, además de emitirse una determinación incongruente y contraria al razonamiento de la materia, ya que no justificó la necesidad e idoneidad de aplicar la medida extrema de detención preventiva, más aun cuando en la relación de hechos, no se demostró cómo es que su persona incurrió y adecuó su conducta en el tipo penal de delitos contra la salud pública.
En tal razón, interpuso recurso de apelación contra la Resolución antes referida, con el objeto de que se reparen las omisiones en las que incurrió, habiéndose llevado audiencia para tal cometido el 10 de junio de 2020, en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo del Vocal ahora demandado, quien pese a escuchar los agravios, se apartó de la jurisprudencia constitucional y confirmó la Resolución apelada señalando que "...si bien se presentó un REJAP para enervar el riesgo procesal del Art. 234 Núm. 7) de la Ley 1970, la , que señala que a efectos de interpretar este riesgo procesal en su componente peligro para la víctima y sociedad debe ser post delictual y señalar el riesgo efectivo, regulando las y 070/14, a fines de evitar arbitrariedades que el documento idóneo es el REJAP que enerva este riego procesal..." (sic); sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada, se limitó a señalar que la Sentencia mencionada era anterior a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y que no era aplicable, "...desconociendo que el Art. 234 Num 10) Ahora Num 7) NO CAMBIÓ EN NADA..." (sic), alejándose de los estándares jurisprudenciales que son vinculantes y obligatorios conforme lo prevé el art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los principios de valoración integral de la prueba, favorabilidad, legalidad y verdad material, apartándose del art. 23 de la Ley Fundamental, que determina que la libertad solo puede ser restringida en los límites y condiciones que establece la ley; puesto que en su caso al no existir ningún riesgo de fuga, podía aplicarse en su defecto una detención domiciliaria como medida de ultima ratio.
Por otra parte, también se vulneró su derecho a la presunción de inocencia en relación a los art. 115, 116 y 119 de la CPE, que señala que el derecho a la defensa es inviolable, generando duda en cuanto a la aplicación de la medida cautelar personal, ya que debió estarse a lo más favorable al imputado, para no vulnerar el derecho a la defensa; empero, el Auto de Vista 210/2020 de 10 de junio, no considero dicho extremo; por lo que, no se encuentra debidamente motivado y fundamentado.
Asimismo, el Auto de Vista señalado, se apartó de los márgenes de razonabilidad, favorabilidad, legalidad y taxatividad; por cuanto, correspondía que revoque la Resolución de detención preventiva dispuesta en su contra, imponiendo una medida menos gravosa como es la detención domiciliaria, que resultaba suficiente para limitar sus derechos y asegurar la finalidad de la medida cautelar; razón por la cual, se encuentra detenido indebidamente.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante a través de su representante sin mandato denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, a la defensa; y, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba, citando al efecto, los arts. 22, 23.II, 73.I, 115.II, 116, 117.I, 118.I, 119 y 180 de la CPE; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se "...CONCEDA LA PRESENTE ACCIÓN DE LIBERTAD y se restablezca las formalidades de Ley, disponiendo se dicte una nueva Resolución en los márgenes constitucionales señalados" (sic).
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia virtual de acción de libertad se celebró el 13 de junio de 2020, conforme consta en el acta cursante de fs. 19 a 25 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, reiteró y ratificó los términos de su demanda tutelar y ampliándolos refirió que:
- a)La autoridad ahora demandada, podía haber resuelto la acción de medidas cautelares y subsanar las omisiones del inferior, no obstante se limitó a reiterar lo que el Juez a quo estableció; y,
- b)El impetrante de tutela, se encuentra en un lugar de hacinamiento, situación que afecta su vida; en tal sentido, conforme al caso López Álvarez vs Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha establecido que las medidas cautelares deben ser aplicadas de la forma menos gravosa a la naturaleza de los hechos; cuando la medida es desproporcionada, corresponde la tutela del Estado.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 27 de "mayo" de 2020, cursante de fs. 17 a 18 vta., refirió lo siguiente:
- 1)La audiencia de consideración de la apelación de medida cautelar fue llevada a cabo el 10 de junio de igual año, de la cual emergió el Auto de Vista 210/2020, en el que se consideraron los agravios expuestos por la defensa, habiéndose dado por enervado el art. 234.1 y 2 del CPP, manteniendo vigentes los arts. 234.7 y 235.2 de la misma norma, resultando falso cuando se denuncia que no se hubieran resuelto los agravios;
- 2)Se menciona que en relación al art. 234.7 del adjetivo penal, no se hubiese aplicado la SCP "185/2019", señalando que el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) seria idóneo para desvirtuar dicho riesgo pretendiendo sorprender a través de Sentencias Constitucionales Plurinacionales que no están acordes a la Ley 1173; y,
- 3)En ninguno de los fundamentos de la acción de libertad se hizo mención a que su autoridad hubiere vulnerado algún derecho fundamental, puesto que no existe una relación de causalidad entre la decisión emitida en el Auto de Vista 210/2020, con algún derecho fundamental;
- 4)La limitación al derecho a la libertad del accionante, está establecido en el marco de un debido proceso y el Juez a quo, en su momento mediante la Resolución 67/2020, ordenó la medida cautelar de detención preventiva;
- 5)La , señaló en su ratio decidendi, que para la procedencia de la acción de libertad se deben tomar en cuenta presupuestos, tales como que:
- i)El acto lesivo entendido como actos ilegales, omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública deben estar vinculados con la libertad, por operar como causa directa para la restricción o supresión;
- ii)Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el recurrente no haya tenido la oportunidad de impugnar dichos actos lesivos;
- 6)Se debe tomar en cuenta que la SCP "185/2019", ha sido generada a raíz de un proceso por estafa, en el momento de vigencia de la Ley 1970; es decir, cuando aún estaba vigente el numeral 10 del art. 234 del CPP;
- 7)Cuando se trata de un delito que afecta a la sociedad, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional se aplica en condiciones de normalidad; sin embargo, es necesario tomar en cuenta la nueva realidad por la pandemia COVID-19, en la que vive nuestra sociedad;
- 8)El Ministerio Público determinó imputar de acuerdo al art. 216 del Código Penal (CP) y es en función a la misma, que todo ciudadano debe acatar la Constitución Política del Estado, la Ley, los Decretos Supremos y Circulares emitidos por las instituciones; por tanto, al haberse mantenido el art. 234.7 del adjetivo penal, se estableció la existencia del riesgo de fuga; y,
- 9)En cuanto a que el derecho a la defensa seria inviolable, de acuerdo a los arts. 115, 116 y 119 de la Ley Fundamental; en cuanto, a la aplicación de medidas cautelares y de estar a lo más favorable al imputado; se debe señalar, que al estar en cuarentena total, el accionante desconoce la realidad de que no puede primar el interés particular sobre el interés social; razón por la que, no existe ninguna falencia en el Auto de Vista 210/2020.
I.2.3. Resolución
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