0754/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0754/2019-S2 Sucre, 4 de septiembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad

Expediente: 29116-2019-59-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución de 223/19 de 19 de mayo de 2019, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ever Ángel Machaca Salazar contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de mayo de 2019, cursante de fs. 32 a 35 vta., el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en audiencia de medidas cautelares, el Juez de la causa, a momento de fundamentar el Auto Interlocutorio 437/2018 de 21 de noviembre, estableció que el accionante acreditó tener domicilio conocido y una familia constituida; por lo tanto, con un arraigo natural, desvirtuando el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en cuanto al riesgo procesal inserto en el numeral 10 del mismo artículo, seguiría latente al ser un riesgo para la sociedad; y, sobre el art. 235.2 del referido Código, el Juez hizo referencia a que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el Ministerio Público tiene la obligación de establecer porqué el imputado podría influenciar negativamente en los testigos, y otros partícipes de la causa, por lo que estaría desvirtuado también este riesgo procesal.

Ante lo cual, solicitó la cesación de la detención preventiva, que fue resuelta por Auto Interlocutorio 96/19 de 21 de febrero de 2019, en el que la Jueza hoy demandada hace referencia a que no se hubiera desvirtuado los arts. 234.1 y 235.2 del CPP, no obstante que en audiencia de medidas cautelares se estableció su no concurrencia, olvidando el principio de preclusión al incorporar riesgos procesales ya desvirtuados anteriormente, agravando su situación jurídica y vulnerando su derecho a un debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados