0755/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0755/2022- S1 Sucre, 5 de agosto de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 41115-2021-83-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 22/2021 de 26 de mayo, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Zavaleta Duran contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Claudio Tórrez Fernández, Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del citado departamento; y, Salome Ramos López, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2021, cursante de fs. 11 a 14 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Sufrió atropellos, no se tomó en cuenta que habiendo presentado solicitud de cesación a la detención preventiva contra la Resolución 13/2021 de 8 de marzo, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz negó su solicitud mediante Resolución 22/2021 de 26 de marzo; la cual fue apelada y confirmada en su negativa por Auto de Vista 261/2021 de 28 de abril emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, ante los cuales denunció que vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso.

Solicitó cesación a la detención preventiva contra la Resolución 13/2021 de 8 de marzo amparándose en el art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); presentó con relación al núm. 1) Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), SCP 185/2019-S3 de 30 de abril, Informe de 16 de octubre de 2019, Informe de 14 de enero de 2020, Dictamen Pericial, Informe Técnico circunstancial, Informe Técnico y transcripción del acto de inspección ocular de 16 de diciembre de 2019, Dictamen Pericial Psicológico de 27 de marzo de 2020 y Auto de Conminatoria de 25 de noviembre de 2019 emitido por el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.

Por ello, consideró que el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, ni la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento realizaron fundamentación alguna en relación a las pruebas que presentó con el objetivo de desvirtuar los riesgos procesales; y mucho menos fueron valoradas por la referida Sala Penal; toda vez que, que el Tribunal de Sentencia nunca remitió la Resolución "13/2021 de 8 de marzo" a efectos de ser revisada.

Por otra parte, señaló que las autoridades ahora demandadas de forma ilegal y arbitraria realizaron una incorrecta aplicación del art. 239.2 del CPP; puesto que, se puso en su conocimiento que el 25 de noviembre de 2019, existió una conminatoria hacia el Ministerio Público con relación al plazo de noventa días que ordenó el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz a la Fiscal de Materia a objeto de que se pronuncie con referencia al plazo de su detención preventiva; motivo por el cual, consideró que al no haberse pronunciado la Fiscal de Materia dentro de los noventa días tal como establece la cláusula Décimo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se tendría que disponer la cesación a la detención preventiva, bajo la responsabilidad del Fiscal asignado al caso.

La justificación realizada por las autoridades ahora demandadas, se basa en que ya existiría Acusación por parte del Ministerio Público, y que ya no se encontraría en etapa de investigación; motivo por el que, consideró que se le hubiese prohibido el derecho de ingresar a los alcances de la Ley 1173; motivo por el cual, debería proceder la cesación a su detención preventiva, a pesar de la existencia del memorial de 15 de julio de 2020, presentado por la Fiscal de Materia, en el que no hizo referencia al plazo de la detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad; y, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 115, 125, 126; y, 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública se realizó el 26 de mayo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 25 a 28 vta., donde se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Del Memorial presentado por Javier Zavaleta Durán -ahora accionante-, el 10 de marzo de 2021, ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz dentro del proceso penal que le siguen por la presunta comisión del delito de homicidio, solicitó retirar la apelación interpuesta contra la Resolución 13/2021 de 8 de marzo; ante lo cual, decretaron a 11 de marzo del citado año, indicando que "téngase por retirada la apelación incidental a la que se refiere" (sic [fs.22 y vta.]).

II.2. Cursa Resolución 22/2021 de 26 de marzo, emitida por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandados-, dentro de la solicitud de cesación a la detención preventiva propuesta por Javier Zavaleta Duran al amparo del art. 239.1 y 2 del CPP, se tiene que en la misma rechazaron la mencionada solicitud por subsistir los riesgos previstos en el art. 234.7, 235.2 del CPP de acuerdo a los siguientes argumentos:

"...Sobre este riesgo proceso de peligros para la víctima y la sociedad no ha presentado ninguna argumentación, ni siquiera ha hecho mención del razonamiento por el cual la resolución primigenia adoptó la detención preventiva por existir peligro a las sociedad, a la víctima, familiares de la víctima, previsto en el numeral 7) del art. 234 del CPP, modificado por la Ley 1173, por otra parte los padres del occiso en el presente caso han sido ofrecidos como testigos y que los mismos tienen que prestar su declaración ante este tribunal en su etapa de juicio oral, el juicio oral está por iniciarse recién, todavía las partes no han empezado en hacer producir sus pruebas testificales y documentales que han ofrecido. Por lo que a criterio del tribunal este peligro a la sociedad no ha sido desvirtuado Con relación al numeral 2 del art 235 la defensa técnica no ha argüido nada, no ha presentado ningún nuevo elemento probatorio para desvirtuar este peligro de obstaculización previsto en el numeral 2 del art 235, aparte de que Aparte las declaraciones testificales ofrecidas especialmente por la señora Fiscal y por la acusación particular no han sido todavía producidas en esta etapa de juicio oral por lo que tampoco a criterio del tribunal ha sido desvirtuado este peligro de obstaculización previsto en el numeral 2 del Art. 235 del CPP hemos indicado el inicio de que no solamente solicita cesación de conformidad al numeral 1 del art. 239 del CPP sino también cesación de conformidad al numeral 2 del Art. 329 del CPP modificado por la ley 1173. La defensa técnica manifiesta que el juez cautelar ha conminado a la parte acusadora especialmente al ministerio público para que pueda en aplicación a la décima segunda de las disposiciones transitorias de la ley 1173 pronunciarse si es necesario ampliar el plazo o no, según la defensa técnica esta conminatoria no habría sido respondido por la Fiscal; sin embargo, en obrados se establece al respecto que el juez primero de instrucción en lo cautelar, en fecha 25 de noviembre de 2019 ha emitido auto de conminatoria donde en su parte dispositiva dice lo siguiente el suscrito Juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz en cumplimiento a la ley 1173 de fecha 3 de mayo 2019 instructivo número 04/2019 de fecha 28 de octubre de 2019 emitido por el Tribunal Supremo de justicia y Consejo de la Magistratura dispone conminar al Fiscal asignado al presente caso a través del Fiscal (inaudible), a la víctima querellante y a los coadyuvantes que existieran para que dentro del plazo de 90 días se pronuncie respecto a la detención preventiva del imputado Javier Zabaleta Duran, la defensa técnica dice que ha sido legalmente notificado. Es cierto este extremo de la notificación, pero la defensa dice que no ha sido respondida la conminatoria embargo a fojas 448 la señora Fiscal Salomé Ramos López responde de manera negativa en sentido de mantener la detención preventiva debidamente fundamentado, este memorial ha sido presentado ante este tribunal séptimo de sentencia en fecha 25 de agosto 2020 y cursa en el cuaderno procesal, según la defensa técnica debe aplicarse lo establecido en el décimo segundo de disposiciones transitorias de la ley 1173 que dice que dentro del plazo de 90 días siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos y sobre la necesidad de mantener la detención. La conminatoria ha sido respondida debidamente fundamentada de que debe ampliarse la detención preventiva entre otros que están expuestos en dicho memorial. El Art. 312 al 302 modificado por la ley 1173 dice que la imputación formal que emite el Fiscal contendrá entre otros lo previsto en el numeral 5 la solicitud de medidas cautelares si corresponde, y el plazo de su duración de su duración, así como indicar qué actos investigativos están pendientes de efectuarse, en el presente caso no se ha planteado la imputación formal en ese sentido, toda vez de que no estaba en vigencia aún la ley 1173. De la lectura de la décima segunda de la disposición transitoria de la ley el Art. 302 del C 1173 y así como el Art. 302 del CPP modificado por la ley 1173 y el Art. 233 del CPP modificado por la ley 1226, este Tribunal deduce que los plazos a los cuales se refiere la décima segunda de las disposiciones transitorias no es aplicable en la etapa de juicio oral porque en esta fase procesal no se realiza actos investigativos, en etapa de juicio oral lo que se efectúa esencialmente en audiencia pública contradictoria es juzgar haciendo que las partes hagan producir las pruebas ofrecidas, en su etapa final escuchar los alegatos que deben presentar y emitir el fallo correspondiente. No existe norma procesal alguna que disponga que en la etapa de juicio oral se debe efectuarse actos investigativos. Los actos investigativos se realizan en etapa preparatoria. (sic [fs. 8 a 9).

A través de Auto de complementación y enmienda a la Resolución 22/2021 de 26 de marzo, solicitada por la defensa técnica señalaron que al dictarse la "SC 15/2020-S2", el Tribunal Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, aclaró que:

"...en cuanto al primer punto la fecha de la SC 15/2020-S2 es del 11 de marzo de 2020; en relación al segundo punto indican que la defensa evidentemente ha presentado otros elementos probatorios como Informes, inspección ocular, actas de careo y otro. Respecto de elementos probatorios el Tribunal considera que es para demostrar extremos de fondo, que no están para demostrar si es inocente o culpable sino sobre la suficiencia o no de los elementos probatorios presentados para desvirtuar los riesgos procesales que determinaron la detención preventiva del acusado: respecto al riesgo procesal del numeral 7 se aplicó la jurisprudencia de la SC 015/2020-S2 que determina hacer un análisis integro de los argumentos de las partes y los elementos probatorios presentados por ambas partes. No solamente lo que dice el REJAP. Con relación al último punto, fueron claros porque al final el art. 173 del CPP no solamente faculta, sino exige aplicar las reglas de la sana crítica a interpretar la ley, en el presente la décima segunda disposición transitoria de la ley 1173 y de la ley 1226 que modifica el art. 233 del CPP, han dicho que el Fiscal en su imputación formal debe indicar el plazo de la extrema medida y los actos investigativos que en ese plazo debe efectuarse, de donde se infiere que la determinación contenida en la segunda disposición transitoria de la Ley 1173 corresponde aplicar en la etapa preparatoria por los jueces cautelares y no en la etapa del juicio oral puesto que en esa etapa no se efectúan actos investigativos, sino se juzga los hechos acusados para ello se hace producir las pruebas ofrecidas por las partes. Por otra parte, en su último parágrafo el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1226 al disponer que en etapa de juicio oral para que proceda la detención preventiva deberá acreditar riesgos procesales, no hace mención del plazo ni señalamiento de actos investigativos a realizarse en dicho plazo, de donde se infiere que para la procedencia de la cesación de la detención preventiva en etapa de juicio oral necesariamente también debe desvirtuarse los riesgos procesales para que sea procedente la cesación de detención preventiva. Consiguientemente, el Tribunal se mantiene en la decisión adoptada. (fs. 10 y vta.)

II.3. Por Auto de Vista 261/2021 de 28 de abril, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; se tiene que la autoridad señalada resolvió un recurso de apelación presentado por el ahora accionante confirmando la Resolución 22/2021 del 26 de marzo de acuerdo a los siguientes argumentos:

"...en la presente audiencia si bien la defensa técnica de la parte procesada señala el acto vulneratorio de los fundamentos facticos de la autoridad jurisdiccional en cuanto al razonamiento de consideración de la Resolución N° 184/2019, resolución primigenia a efectos de desvirtuar los riesgos procesales, por lo que se debe tomar en cuenta el Art. 239.1 en cuanto se refiere que el imputado debe demostrar con nuevos elementos que hayan sido motivo a la detención preventiva o que estos tornen conveniente que sea sustituida por otra medida, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva la carga de la prueba le corresponde al imputado, y es en ese sentido que este tribunal de alzada contrastando la Resolución Nº 184/2019 de fecha 19 de julio de 2019 en cuanto se refiere al peligro de fuga establecido en el 234 para entonces numeral 10 hoy modificado por la Ley 1173 234-7, en el mismo se establece que el imputado podría ser un peligro para la sociedad, sin embargo no ha puesto un elemento objetivo de convicción para que la autoridad pueda establecer para que el imputado sea un peligro para la sociedad, más aun cuando se investiga con una probabilidad de autoría.

Al respecto se debe tomar en cuenta que ante la presentación del respectivo registro de REJAP, si bien se establece que el imputado no tendría antecedente penal con sentencia condenatoria, sin embargo también no es menos cierto a efectos de desvirtuar el peligro para la sociedad y que el mismo se encuentra señalado la sentencia constitucional 185/2019³, el mismo es procedente establecer únicamente dicho documento a efectos de desvirtuar el peligro para la sociedad, se debe tomar en cuenta con relación al segundo parágrafo que por la gravedad de los hechos y lo que el juez ha podido advertir de la revisión de obrados se tiene la declaración testifical de 2 ciudadanos que se han presentado a declarar y han manifestado argumentos en contra del ahora imputado, manteniéndose la aplicación del 234.10 únicamente en su vertiente que el imputado podría ser un peligro para la víctima, en este caso representado por los familiares cercanos del ahora fallecido. Véase que en la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva efectivamente la defensa de la parte procesada no ha manifestado estos extremos con relación al peligro para la víctima, en consideración de la sentencia constitucional 185/2019³, el mismo si bien hace referencia peligro para la víctima, sin embargo el mismo está vinculado a un ilícito de robo agravado, sin embargo en el presente caso nos encontramos en un ilícito de homicidio, aspectos que no han sido plenamente fundamentados por la defensa técnica de la parte procesada, por lo que este tribunal de alzada considera que los fundamentos facticos que han sido emitidos por la autoridad jurisdiccional tiene la suficiente logicidad jurídica, tomando en cuenta que el 234.10 conforme se tenía establecido la ley 1970 hoy 234.7 aún se encontraría latente.

Con relación a la falta de valoración de los documentos que han sido acreditados, se habría planteado la cesación a la detención preventiva conforme al 239.2 en cuanto se refiere a su lineamiento jurídico cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva siempre y cuando el Fiscal no haya solicitado dicho plazo, se ha puesto en conocimiento ante este tribunal de alzada que en fecha 25 de noviembre de 2019 existiría una conminatoria al Ministerio Publico, sin embargo no se habría pronunciado el Ministerio Publico en el término establecido de los 90 días en consideración a la décima segunda parte se habría conminado al Ministerio Publico bajo los fundamentos que dentro del plazo de 15 días calendario posterior de la entrada en vigencia de la ley 1773 bajo responsabilidad los jueces penales de oficio conminaran al Fiscal asignado a través de la Fiscalía Departamental a la víctima aunque no se hubiera constituido el querellante y a los coadyuvantes si existiría para que dentro del plazo de los 90 días calendario siguientes se pronuncien los proceso con detenidos preventivos sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación conforme el régimen de cesación a las medidas cautelares, por lo que la defensa señala que el Ministerio Publico no se habría pronunciado dentro del plazo establecido a los fines de considerar la continuación de la detención preventiva, por el cual se ha vulnerado las disposiciones transitorias de la Ley 1173 en su décima segunda parte, vulnerando el principio del debido proceso y violentado el derecho a libertad de su defendido, habiendo transcurrido más de 90 días y no habiéndose pronunciado el Ministerio Publico en dicho termino, pide se anule la Resolución Nº 022/2021 a efectos de que la autoridad jurisdiccional valore la documentación acreditada.

Que, al respectos se debe tomar en cuenta con relación a la argumentación que había sido acreditado en primera instancia por la defensa técnica de la parte procesada conforme se ha señalado en la presente audiencia, que si bien habría acreditado informes, asimismo acta de inspección ocular, actas de careo y otros respecto a los elementos probatorios, el tribunal habría considerado que únicamente a extremos de establecer si el mismo seria inocente o culpable el acusado, por el cual estos elementos no serían suficiente para desvirtuar los riesgos procesales que habrían determinado la detención preventiva, asimismo se tiene la sentencia constitucional 015/2020-S2 que determina hacer un análisis integro a los argumentos de las partes y los elementos probatorios presentados. Véase con relación a este acápite se debe tomar en cuenta que ante la falta de no haberse desvirtuado el Art. 234.7 con relación al Art. 239.2, el mismo debe tener plena relación con relación al 233 en su tercera parte en cuanto se refiere el plazo de la duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizara en dicho termino para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, en el presente caso si bien ya se ha concluido con los actos investigativos, se tiene que la presente causa se encuentra en pleno desarrollo del proceso, por lo que en la parte in fine del Art.233 establece que en etapa de juicio y recurso para que proceda la cesación a la detención preventiva deberá acreditar los riesgos procesales previsto en el numeral 2 del Art. 233.2 en cuanto se refiere a la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad, en el presente caso se tiene que el peligro de fuga establecido en el 234.7 y peligro de obstaculización 235.2 aún se encuentran latentes, por lo que este tribunal de alzada considera la necesidad de que el imputado aun guarde con la detención preventiva por existir riegos procesales establecidos en el 234.7 y 235.2.

(...)

La solicitud de complementación hecha por la defensa técnica de conformad al art.125 de CPP, señala: Vamos a aclarar sobre el primer punto. La SCP 15/2020-S2 es de fecha 11 de marzo 2020. Con relación al segundo punto complementamos indicando que la defensa evidentemente ha presentado otro elementos probatorios como informes, inspección ocular, actas de careo y otros respecto de elementos probatorios el Tribunal considera que es para demostrar extremos de fondo, no estamos aquí para establecer si es inocente o culpable e acusado, estamos tratando sobre la suficiencia o no de los elementos probatorios presentados para desvirtuar los riesgos procesales que determinaron la detención preventiva del acusado, Respecto al riesgo procesal del numeral 7 se ha aplicado la jurisprudencia establecida en la SCP 015/2020-S2, que determina hacer un análisis íntegro los argumentos de las partes y los elementos probatorios presentados por ambas partes no solamente lo que dice el certificado del REJAP, aspecto que ha sido explicado en la resolución. Con relación al último punto hemos sido muy claros porque al final el art. 173 del CPP no solamente nos faculta, si no nos exige aplicar las reglas de sana critica a interpretar la ley, en el presente la décima segunda disposición transitoria de la ley 1173 y de la ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 que modifica el Art. 233 el CPP, hemos dicho que el Fiscal en su imputación formal debe indicar el plazo de la extrema medida, y los actos investigativos que en ese plazo debe efectuarse, de donde se infiere que la determinación contenida en la segunda disposición transitoria de la ley 1173 corresponde aplicar en la etapa preparatoria por los jueces cautelares, y no en la etapa de juicio oral, puesto en esta etapa no se efectúan actos investigativos, sino se juzga los hechos acusados, para ello se hace producir las pruebas ofrecidas por las partes. Por otra parte, en su último parágrafo el Art. 233 del CPP modificado por la ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, (inaudible) al disponer que en etapa de juicio oral para que proceda la detención preventiva deberá acreditar riesgos procesales previstos en el numeral 2 del citado artículo, no hace mención del plazo, ni señalamiento de actos investigativos a realizarse en dicho plazo (inaudible), de donde se infiere que para la procedencia de la cesación de la detención preventiva en etapa de juicio oral necesariamente también debe desvirtuarse los riesgos procesales para que sea procedente la cesación de detención preventiva. Consiguientemente, el Tribunal se mantiene en la decisión adoptada en la resolución. (sic [fs. 5 a 7]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El 3 de mayo de 2019, se promulgó la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, la cual incorporó importantes modificaciones al Código de Procedimiento Penal -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999- cuyo objeto conforme el art. 1 de dicha Ley, es la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, la adopción de medidas indispensables para profundizar la oralidad y la protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, evitar el retraso procesal, el abuso de la detención preventiva, y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas; en ese fin, y con las modificaciones introducidas a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, el art 239 del CPP relativo a la cesación de la detención preventiva, quedo redactado de la siguiente forma:

"Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código" (El resaltado es nuestro).

De esta descripción se tiene que la cesación de la detención preventiva de acuerdo a lo previsto por el art. 239.2 del CPP cesará cuando haya vencido el plazo dispuesto para el cumplimiento de dicha medida extrema, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención preventiva; de lo que se puede entender que tal previsión no establece otro requisito, como la existencia de nuevos elementos, sino solo el cumplimiento del plazo; en tal sentido, su procedimiento y consideración ha sido establecido en la Disposición Transitoria Decimo Segunda de la Ley 1173 que dispuso:

DÉCIMA SEGUNDA. (CONMINATORIA AL MINISTERIO PÚBLICO). Dentro del plazo de quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, bajo responsabilidad, las y los jueces penales, de oficio conminarán a la o el fiscal asignado al caso a través de la o el Fiscal Departamental, a la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante y a los coadyuvantes si existieran para que dentro del plazo de los noventa (90) días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, conforme al régimen de cesación de medidas cautelares personales.

En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, victima, querellante o coadyuvante. En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de otra medida cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere pertinente.

Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso".

De esta cita de la norma procesal se tiene que la misma describe tres etapas, la primera referida a que dentro de quince días, posteriores a la vigencia de ésta Ley las autoridades jurisdiccionales tenían y tienen el deber de conminar al Ministerio Público así como a la víctima aunque no fuese querellante, como a los coadyuvantes en la investigación si existieren, para que se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos sobre la necesidad de mantener la medida extrema o disponer su cesación conforme al régimen de medidas cautelares; una segunda etapa, referida a que en el plazo de noventa días desde su notificación, tanto el Ministerio Público como las otra partes intervinientes en el proceso (victima, querellante, coadyuvantes si existieren) soliciten la continuidad de la medida de detención preventiva, el plazo de ampliación de la misma y los actos de investigación que se realizarán en ese lapso de tiempo, o solicitar su cesación, y, una tercera etapa, en la cual, el Juez previo análisis determinará su rechazo o aceptación, labor en la cual deberá tomar en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad para fijar el plazo, precautelando no solo los derechos del imputado si no también garantizando la efectiva tutela judicial de las víctimas y demás partes en el proceso.

Bajo ese marco normativo vigente, el tratamiento de la solicitud de cesación de la detención preventiva por la causal contenida en el art. 239.2 del CPP; es decir, cuando el plazo dispuesto para la detención preventiva se haya cumplido y consecuentemente vencido, y siempre y cuando el fiscal no solicite la ampliación del plazo de la detención; tal como se tiene dicho, el Juez deberá considerar en primera instancia que la procedencia de esta causal, contrariamente a los requisitos establecidos en el numeral 1 del mismo artículo, no tiene como presupuesto la exigencia de nuevos elementos tendientes a desvirtuar los riesgos procesales por los cuales fue impuesta la medida cautelar, sino solo el curso del tiempo que haya dado lugar al cumplimento del plazo fijado, ya que la referida autoridad podrá asegurar dichos riesgos con la imposición de otras medidas menos gravosas, mismas que también puede solicitar la autoridad fiscal en caso de requerir la cesación; sin embargo, cuando el fiscal haya solicitado la continuidad o ampliación de la detención preventiva, nuevamente deberá establecer el plazo de duración de la misma, señalando los actos investigativos que realizará o complementará en ese tiempo, de acuerdo al art. 233.3 del CPP; a tal efecto, una vez vencido el plazo y si el Ministerio Público no emite pronunciamiento alguno, más aún, si fue advertido o conminado dará lugar que el Juez disponga la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad del fiscal asignado al caso.

Asimismo, cabe también señalar que la solicitud de ampliación de la medida de última ratio efectuada por el fiscal, no es de aplicación directa, pues la misma merecerá un análisis y consideración de parte del Juez de control jurisdiccional para determinar su rechazo o aceptación, labor en la cual deberá tomar en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad para fijar el plazo, precautelando no solo los derechos del imputado si no también garantizando la efectiva tutela judicial de las víctimas y demás partes en el proceso.

Ahora bien, en una extensión de la interpretación literal de esta normativa, se puede comprender que la finalidad del legislador al introducir la Disposición Transitoria Decima Segunda en la Ley 1173, fue con el objeto de regular la aplicación de la segunda causal establecida en el art. 239 de dicha Ley, para solicitar la cesación de la detención preventiva en la etapa preparatoria, misma que se caracteriza por ser una fase esencialmente investigativa que debe realizarse sin formalismos ni dilaciones indebidas; consiguientemente, al establecer la citada normativa como presupuesto para su consideración, no solo el vencimiento del plazo dispuesto para el cumplimiento de la detención preventiva, sino también ligarla a la condición de la inexistencia de una solicitud de ampliación del plazo de la detención de parte del fiscal, pues es esta autoridad, como titular de la investigación, a quien se le otorga la facultad imperativa de solicitar la continuidad o ampliación de la detención preventiva, estableciendo nuevamente el plazo de duración de la misma y los actos investigativos pendientes que efectuará en ese tiempo, o en su caso solicitar la cesación impetrando la aplicación de otra medida menos gravosa que garantice la presencia del imputado y la averiguación de la verdad histórica de los hechos, o por el contrario formular el requerimiento conclusivo pertinente; lo hizo porque son condiciones propias y que atingen exclusivamente al desarrollo de la etapa preparatoria, que culmina con el requerimiento conclusivo que corresponde emitir al Ministerio Público, que puede traducirse en la presentación de sobreseimiento, salida alternativa o acusación formal; de igual forma, para garantizar el cumplimiento del principio de celeridad en el desarrollo de los plazos procesales en dicha etapa del proceso penal y la aplicabilidad de las medidas cautelares y el carácter temporal que la caracteriza; sin dejar de lado dichos principios en etapa de juicio oral, es decir, el principio de temporalidad que rige a la detención preventiva, pues a tal efecto, la Ley 1226 modificó a su vez el art. 11 de la Ley 1173, en lo que concierne al art. 233 del CPP quedando redactado en los siguientes términos:

"Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos:

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible;

2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida. En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo.

El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste." (El resaltado nos pertenece).

Observando de esta norma que, el legislador incorporó un penúltimo párrafo a este artículo referido a que, para que proceda la detención preventiva en etapa de juicio oral se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el art. 233.2 del CPP y sus modificaciones; lo que implica que al revisar la situación jurídica del privado de libertad suscitado en dicha etapa, el acusador público deberá acreditar la existencia de suficientes elementos de convicción de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, ello en razón a que, la etapa de juicio oral es una fase esencial del proceso la cual se realiza sobre la base de la acusación fiscal, en forma contradictoria, oral, pública y continúa, buscando la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado con plenitud de jurisdicción; por lo que, si bien el acusado no tiene restringido o limitado la posibilidad de cesar su detención preventiva y defenderse en libertad también en esta etapa; y, considerando además que la imputación formal y la acusación constituyen dos momentos procesales distintos con sus propias particularidades, se entiende que el legislador al introducir modificaciones a la norma adjetiva penal, ha regulado el instituto jurídico de cesación a la detención preventiva observando y cumpliendo el principio de temporalidad que rige a esta medida cautelar de carácter personal en cada etapa procesal, previendo para ello en el art. 239 del CPP, otras causales por las que el acusado puede solicitar la cesación de la medida extrema, como los previstos en los numerales 3 y 4 del citado artículo que de igual manera resguardan el principio de temporalidad de la detención preventiva y también por lo dispuesto en el numeral 1 del mismo artículo, por cuanto en etapa de juicio oral y en fase recursiva el acusado en todo momento puede pedir la cesación de su detención preventiva cuando "...nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida"; en consecuencia, este análisis normativo permite deducir que la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173 que regula la aplicación del art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173 y está a su vez por la Ley 1226, tiene su alcance únicamente en la etapa preparatoria y no así en etapa de juicio oral.

III.3.Análisis del caso concreto