Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0756/2019-S1 Sucre, 26 de agosto de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 28168-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 29 de 15 de febrero de 2019, cursante de fs. 1341 vta. a 1343 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Gonzalo Arce Ortiz contra Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes; y, Samuel Saucedo Iriarte, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda y Tercera, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Claudia Janneth Méndez Duran, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del referido departamento y Alicia Cerezo Sarabia, ex Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 9 de enero de 2019, cursantes de fs. 1281 a 1295 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso de nulidad de venta y cancelación de partida en Derechos Reales (DD.RR.) seguido por Constansa Aidee Cortez Mercado contra Carlos Peña Cortez -ambos terceros interesados-, radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Santa Cruz, en el que su persona no fue demandado, no dándole la oportunidad de intervenir ni de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, la autoridad judicial encargada del referido Juzgado en ejecución de Sentencia, emitió el proveído de 7 de julio de 2017, ordenando se cumpla y ejecute la desocupación del inmueble objeto de la demanda; por lo que, contra dicha determinación, interpuso incidente de oposición al desapoderamiento, impugnando y denunciando la alteración de cosa juzgada, mismo que fue resuelto y rechazado mediante Auto 315 de 2 de octubre de igual año, ante el cual opuso recurso de apelación que fue remitido a la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que pronunció el Auto de Vista 201-18 de 25 de mayo de 2018, confirmando el Auto impugnado.
Así, el proveído emitido por la autoridad judicial que conminó a la desocupación del inmueble, elemento que nunca fue peticionado ni concedido o declarado en la Sentencia o modificado en el Auto de Vista o en el Auto Supremo del proceso principal; lo cual, altera la calidad de cosa juzgada de la Sentencia.
Por su parte, considera como acto violatorio de sus derechos fundamentales al Auto de Vista 201-18, al confirmar las indebidas y violatorias Resoluciones emitidas por la Jueza a quo, por cuanto:
- a)Se afectó su derecho a la propiedad privada al disponerse y sancionarse hechos contra su persona cuando su derecho propietario está debidamente inscrito en DD.RR., no habiendo sido ni siquiera demandado en el proceso principal, lesionando sus derechos a la igualdad y a la defensa;
- b)Se pretende justificar un acto violatorio irregular, ultra petita y no discutido en el proceso contra un propietario con derecho inscrito y registrado, otorgándole la calidad de "ocupante", infiriendo que sus derechos no existen;
- c)Se limita su derecho al acceso a la justicia, a la legalidad y a la igualdad, lo que repercute en la afectación del derecho a la defensa al no permitirle ni garantizarle su derecho a ser demandado e intervenir en la demanda;
- d)Se incurrió en una incorrecta interpretación y alcance del art. 194 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), al alegar "de que mi derecho es derivado del derecho del demandado Carlos Peña Cortez y que por ende la sentencia abarca y surte efectos contra mi persona" (sic), cuando conforme a lo establecido en la , la sentencia solo abarca a las partes que han intervenido en el proceso; y, en cuanto a los derechos derivados de aquellos, se refieren a los casos de herencia; y,
- e)En contravención al debido proceso y la razonabilidad de las resoluciones judiciales, se apartaron de la aplicación normativa y entendimiento asumido en los fallos con autoridad de cosa juzgada, pues en forma incongruente agregaron y dispusieron en base a extremos no discutidos ni ordenados en el proceso, ejecutando un acto que nunca fue ordenado, bajo el absurdo argumento de una "consecuencia lógica", cuando la desocupación nunca fue pedida en la demanda principal, ni fallado, declarado o dispuesto en ninguna de las resoluciones principales del proceso -Sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo-, debiendo considerarse que las mismas no pueden modificarse, alterarse sino solo cumplirse; por lo que, a partir del aditamento de un elemento no discutido ni sujeto al proceso ordinario, se incurrió en una incongruencia aditiva.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela, considera lesionados sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en sus elementos a la defensa, cosa juzgada, congruencia y razonabilidad de las resoluciones judiciales; y, el derecho a la justicia en su elemento de tutela judicial efectiva, legalidad e igualdad, citando al efecto los arts. 8.II, 9.1 y 4, 13, 14.III, 56, 109, 115, 117, 119, 120, 128, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada y en definitiva, se deje sin efecto el Auto de Vista 201-18, ordenando se dicte nueva Resolución valorando en forma debida y en su integridad los antecedentes procesales.
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