Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0756/2021-S4 Sucre, 1 de noviembre de 2021
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 37081-2021-75-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución de 124/2020 de 12 de noviembre, cursante de fs. 98 a 100, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mery Mazzima Montoya Yucra contra Helen Lourdes Gutiérrez Miranda, Jueza Pública de Familia Cuarta de El Alto del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 21 de octubre de 2020 cursantes de fs. 77 a 80, y de 3 de noviembre de igual año (fs. 83 a 85), la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 17 de enero de 2016, interpuso demanda ordinaria de anulabilidad y reivindicación ?ante el Juzgado Público de Familia Cuarto de El Alto del departamento de La Paz?, contra su esposo Héctor Calixto Chávez Ríos; y, Marcial Fernández Ortiz y Lourdes Espinoza Huallpa ?ahora terceros interesados?, sustentando cotitularidad en razón a la ganancialidad de la propiedad ubicada en la zona sud, de la ex comunidad Charaque, Municipio de El Alto, con 2 000 m² de extensión superficial y registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula 2014010094460, en base a la Escritura Pública 338/1996 de 14 de marzo, bien inmueble anotado solo a nombre del primer citado; empero, adquirido con los frutos del trabajo de ambos cónyuges.
En forma posterior, el referido esposo, sin considerar el carácter común del indicado bien, lo transfirió en calidad de compraventa en su totalidad y sin consultarle, a través de la Escritura Pública 939/2008 de 11 de diciembre a favor de los precitados demandados, violentando con ello sus derechos patrimoniales de esposa sobre el 50% del mismo; sin embargo, la Jueza ?hoy demandada? declaró probada la excepción de prescripción de la acción interpuesta por los demandados, extinguiendo como consecuencia el proceso, soslayando que sólo consideró la demanda de anulabilidad y no la acción reivindicatoria; asimismo, su trámite debió observar los alcances del Código de las Familias y del Proceso Familiar y las normas constitucionales, cuyo ordenamiento protege estos derechos por su naturaleza, al igual que los tratados y convenios internacionales.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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