0758/2019-S1

En revisión la Resolución 004/2019 de 19 de marzo, cursante de fs. 162 a 168 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Ramírez Sunagua en representación legal de Roberto Miguel Figueroa Medrano, Gerente General de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Roxana Choque Gutiérrez y Fidel Castro Martínez, actual y ex Fiscal Departamental de Potosí, respectivamente. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 27 de febrero y 8 de marzo de 2019, cursantes de fs. 43 a 52 vta.; y, 55 a 56 vta., el representante legal de la entidad accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro de la denuncia penal presentada por la Gerencia de la ANB contra Limberth Carrasco Loayza, Yolanda Rosario Gonzales Foronda -ahora terceros interesados- y Eddy Mamani Chacapacha, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, que se basó en la utilización de documentación falsa (certificados medio ambientales) a tiempo de validar la Declaración Única de Importación (DUI) 2010/543/C-948, tramitada en la Agencia Despachante de Aduana "SAA" Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) ante la Administración Aduanera Frontera Avaroa; respecto al primero de los nombrados, si bien en un inicio se emitió imputación formal, posteriormente se emitió la Resolución de sobreseimiento de 22 de mayo de 2017, aspecto por el cual la misma fue impugnada por la ANB; sin embargo, el ex Fiscal Departamental de Potosí -ahora codemandado-, a través de la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./FACM 106 BIS/2018 de 2 de julio, determinó confirmar el sobreseimiento dispuesto. Asimismo, en cuanto a Yolanda Rosario Gonzales Foronda, habiéndose dispuesto el 14 de abril de 2017 el rechazo de denuncia, y siendo la misma objetada por la entidad que representa, mereció la Resolución Jerárquica de Objeción a Rechazo FDP-T.O.R/FACM 189/2018 de 9 de julio, mediante la cual la mencionada autoridad codemandada, de igual forma ratificó el rechazo establecido, a partir de ello identificó como el acto vulnerador de sus derechos a estas dos últimas Resoluciones jerárquicas; toda vez que, respecto al denunciado Eddy Mamani Chacapacha, se interpuso excepción de extinción de la acción penal por causa de muerte. Así, considera que las "autoridades demandadas" incurrieron en la omisión ilegal de falta de fundamentación por no haberse pronunciado de manera expresa, positiva y precisa con relación a la prueba aportada durante la etapa preliminar de la investigación; toda vez que, en cuanto a Yolanda Rosario Gonzales Foronda, no se tomó en cuenta que de la propia Resolución de rechazo devienen elementos de prueba que demuestran su responsabilidad, habiéndose indicado en la oportunidad que en los informes remitidos por el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) se indicó que los certificados cuestionados no tenían respaldo físico en sus archivos digitales, y que algunos de ellos tienen por código el recinto aduanero "01" o "04", cuando el código correcto para la Frontera Avaroa es el "03"; por lo cual, a partir de esos informes ya se tenía la veracidad de que los certificados medio ambientales habían sido falsificados, y si bien el Fiscal de Materia indicó que no se pudo establecer quién habría falsificado tales certificados; sin embargo, no realizó una valoración lógica respecto a quién utilizó dichos documentos; toda vez que, en este caso en razón a la función que prestaba fue utilizada por Yolanda Rosario Gonzales Foronda como representante de la Agencia Despachante de Aduana "SAA" S.R.L. para su cliente Limberth Carrasco Loayza, a sabiendas que era falso; por lo que, a su criterio existían suficientes elementos de convicción para imputar por el delito de uso de instrumento falsificado, no existiendo una debida fundamentación tanto en la Resolución de rechazo como en la Resolución Jerárquica FDP-T.O.R./FACM 189/2018, y en la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S./FACM 106 BIS/2018, al no haberse establecido respecto a la primera de manera clara precisa "...por qué no se ha configurado cada uno de los delitos, y en este caso, por qué la conducta de la señora YOLANDA ROSARIO GONZALES FORONDA no se subsume al delito de Uso de Instrumento Falsificado y así también en la Resolución Jerárquica, puesto que el Fiscal Departamental se limita a indicar que estos extremos no se configuran y que han sido observados por el titular de la investigación..." (sic); razón por lo cual, dichos argumentos no tienen sustento en los antecedentes fácticos y menos en derecho por cuanto:

1. a)Las "autoridades demandadas" alegaron que en efecto existía un documento falsificado consistiendo éste en el certificado medio ambiental de IBMETRO, el cual fue utilizado por Yolanda Rosario Gonzales Foronda para su comitente Limberth Carrasco Loayza, y que de acuerdo a su declaración informativa solo se ocupó de recibir la documentación presentada por el importador, realizando a partir de ello el trámite para la importación de la DUI, siendo este el único elemento valorado por los Fiscales, sin haber considerado que además se demostró que Limberth Carrasco Loayza no realizó el trámite de inspección correspondiente al test de emisión de gases de escape, habiendo llegado a ser imputado por este hecho, puesto que dolosamente trató de validar dicha documentación, no habiéndose tomado en cuenta en conjunto este elemento, no comprendiéndose por qué no se complementaron diligencias investigativas sobre el delito de uso de instrumento falsificado, debiendo considerarse que éste no era el único caso iniciado contra Yolanda Rosario Gonzales Foronda por la falsificación de certificados medio ambientales en los cuales incluso se estableció la falsedad de dichos documentos;
2. b)Teniendo conocimiento que los certificados eran fraguados, no se tomó en cuenta que estos documentos fueron utilizados por Yolanda Rosario Gonzales Foronda para tramitar la DUI de su comitente Limberth Carrasco Loayza, no habiéndose considerado que de acuerdo a los arts. 45, 46 de la Ley General de Aduanas (LGA) y 41 y 101 de su Reglamento, la Agencia Despachante de Aduana era responsable por la documentación presentada a momento de realizar el trámite referido, debiéndose tener en cuenta que al no ser este el único trámite realizado, en el supuesto caso de que la denunciada no hubiera falsificado el documento, mínimamente pudo prever que los datos insertos en la certificación eran falsos, existiendo suficientes elementos que demostraban a todas luces que la misma sabía que el certificado era falso pero que lo uso para tramitar la mencionada DUI;
3. c)Considerando que la denunciada con el accionar descrito subsumió su conducta al delito de uso de instrumento falsificado, los Fiscales asignados a la investigación no lo tomaron en cuenta incurriendo de esta forma también en la lesión al debido proceso en su componente del derecho a la igualdad; y,
4. d)Tampoco se tomó en cuenta que la Agencia Despachante de Aduana consignó en los documentos adicionales el certificado medio ambiental en el que se insertó el código de recinto aduanero "01" o "04" cuando el correcto para la frontera Avaroa era el "03"; asimismo, no se consideró la propia declaración de Limberth Carrasco Loayza, en la que mencionó que lo único que hizo es encomendar a la Agencia Despachante de Aduana el trámite de la nacionalización de sus vehículos amparados en la DUI 2010/543/C-948 y siendo así, la única responsable de la verificación de la veracidad y legalidad de dicha documentación era la representante de dicha Agencia, en este caso Yolanda Rosario Gonzales Foronda. Por otra parte, considera que los Fiscales asignados a la investigación y el ex Fiscal Departamental de Potosí -hoy codemandado-, lesionaron su derecho a la defensa; toda vez que, los primeros emitieron la Resolución de rechazo sin manifestarse respecto a todos los delitos querellados, existiendo como se advirtió precedentemente suficientes elementos de convicción sobre el delito de uso de instrumento falsificado con relación a Yolanda Rosario Gonzales Foronda; y el segundo, al ratificar dicha determinación, sin considerar además toda la disposición aduanera aplicable para el despacho aduanero, no existiendo un proceso justo ni equitativo. Respecto al derecho a la igualdad, de la misma forma sostiene que fue vulnerado al no haberse manifestado de manera precisa por qué el tipo penal de uso de instrumento falsificado no se habría configurado, ni al haberse valorado correctamente la prueba aportada existiendo una situación de desventaja; asimismo, sostiene que se actuó con desigualdad por parte de los Fiscales asignados al no complementar otras diligencias investigativas a efectos de contar con mayores elementos de prueba que permitan sustentar la responsabilidad de los sindicados, siendo la Resolución de rechazo ratificada por el ex Fiscal Departamental codemandado. En relación al derecho a la motivación de las resoluciones, sostiene que la autoridad codemandada, omitió cumplir con su obligación de "fundamentar" exhaustiva y minuciosamente su decisión final respecto de todos los elementos proporcionados dentro de la investigación desarrollada, no habiendo analizado las pretensiones de la objeción y contrastarla con la normativa legal aplicable al caso concreto, limitándose únicamente a concluir falsa e inapropiadamente que los elementos recolectados fueron insuficientes para fundar una imputación formal, no habiendo ni siquiera revisado ninguna de las problemáticas planteadas en la objeción, ni resolver su situación jurídica. En cuanto a la valoración razonable de la prueba, manifiesta que los Fiscales demandados omitieron asignar una labor valorativa razonable a la prueba cursante en el cuaderno de investigaciones; toda vez que había prueba documental como los informes de IBMETRO, sobre los cuales debió existir razonabilidad, puesto que si no constaba la certificación -medio ambiental- en los archivos de dicha institución ya se presumía su falsedad y que siendo así -sostiene- resulta sorprendente que no se haya tomado en cuenta que Yolanda Rosario Gonzales Foronda utilizó el mismo sabiendo que era falso, ni se le otorgó una labor valorativa razonable a la declaración de Limberth Carrasco Loayza, quien sostuvo que entregó toda la documentación para el respectivo trámite a Yolanda Rosario Gonzales Foronda siendo la única responsable de entender y verificar dicha documentación teniendo en cuenta toda la experiencia que ostentaba, pudiendo darse cuenta que el documento era falso; por lo que, de acuerdo a ello sostiene que no se consideraron los informes de la Aduana, las declaraciones de los testigos y los informes emitidos por IBMETRO, derivando en la emisión de las resoluciones cuestionadas. I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados La parte impetrante de tutela considera la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva en su elemento de resolución debidamente fundamentada, al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, a la motivación de las decisiones judiciales y a la valoración razonable de la prueba, y a la igualdad de las partes; citando al efecto los arts. 115, 119, 128 y 129 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. f) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDP-T.O.R/FACM 189/2018 que ratificó la Resolución de rechazo de querella, y la Resolución Jerárquica FDP-T.I.S/FACM 106 BIS/2018 que confirmó la Resolución de sobreseimiento, disponiéndose la emisión de nuevas resoluciones jerárquicas, en las que se ordene la prosecución de las investigaciones a efecto de que los Fiscales de Materia emitan la imputación formal correspondiente contra Yolanda Rosario Gonzales Foronda y Limberth Carrasco Loayza, sea con la imposición de costas. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública el 19 de marzo de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 147 a 161 vta.; se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción La parte peticionante de tutela ratificó y reiteró los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional. A la consulta del Tribunal de garantías respecto a la alusión al principio de subsidiariedad referido por el representante del Ministerio Público, manifestó que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, la acción de amparo constitucional procede contra la resolución que agota la última instancia de reclamación ya sea en la vía administrativa o jurisdiccional, aspecto observado en el presente caso ya que las Resoluciones cuestionadas, agotaron las instancias reconocidas por ley ante el Ministerio Público. I.2.2. Informe de la actual y ex autoridad fiscal demandadas Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, no asistió a la audiencia ni remitió informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 59. Fidel Castro Martínez, ex Fiscal Departamental de Potosí, en audiencia manifestó:
5. 1)Lo que se pretende es que la justicia constitucional revalorice la prueba lo cual no es el objetivo de una acción de amparo constitucional, sino solo verificar si se vulneró algún derecho o garantía constitucional;
6. 2)La parte accionante manifestó que el hecho habría ocurrido el 2010; sin embargo, recién se inició la acción penal tres años después;
7. 3)Se sostuvo que el certificado de IBMETRO no contenía el código correcto; pero, se debe tener en cuenta que la Despachante de Aduana no determina si la misma está bien, remitiendo la documentación a la ANB, no siendo posible que dicha institución no advirtiera algo tan elemental, caso en el cual incluso se hubiese iniciado un proceso administrativo;
8. 4)Se refirió que, la representante de la Agencia Despachante de Aduana tenía conocimiento que el documento era falso; empero, el art. 203 del CP establece claramente que comete delito de uso de instrumento falsificado el que al momento de su utilización sabía que el documento era falso, en ese sentido si existe alguna duda acerca de que si la denunciada conocía o no que era un documento falsificado, lo que genera a la autoridad judicial es una duda razonable y para el Fiscal falta de indicios probatorios, aspecto precisamente que no se ha podido demostrar; a pesar de ello, la parte impetrante de tutela sostiene que ahora que ya se sabe que esos documentos eran falsificados, al respecto, lo que manifiestan no lo hicieron conocer en el momento del hecho sino después, además que ni siquiera se tiene certeza de que es falso, llegándose únicamente a demostrar que no está en los registros de IBMETRO, debiéndose tener en cuenta que lo que se debe demostrar es que si la denunciada en el momento del hecho tenía o no conocimiento de que los documentos eran falsos, aspecto por el cual lo manifestado por la parte peticionante de tutela de que su determinación no contendría una debida fundamentación no es evidente, pretendiendo fundar su argumento en algo que en su momento no sabíamos si la denunciada conocía o no, tratando de convertir algo dudoso en certero, no existiendo indicio probatorio que demuestre que en ese momento la denunciante conocía que el documento era falso;
9. 5)Con relación a que no se habrían complementado las diligencias investigativas, la parte accionante se limita a manifestar lo referido, sin mencionar qué diligencias se encontraban pendientes, debiéndose considerar al respecto que conforme al art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las partes pueden proponer diligencias lo que en el presente caso no ocurrió, no pudiéndose considerar la vulneración del derecho a la igualdad a partir de esta supuesta falta de complementación de las investigaciones, cuando tampoco se manifestó qué diligencias se habrían realizado para los denunciados;
10. 6)En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa, la parte impetrante de tutela no manifiesta cómo el mencionado derecho habría sido vulnerado, sucediendo lo propio sobre la supuesta falta de motivación, no habiendo referido de qué manera el Ministerio Público no habría motivado su resolución, cuando de la revisión de las mismas se puede advertir que se encuentran debidamente motivadas; y,
11. 7)En cuanto a la valoración razonable de la prueba de la misma forma la parte peticionante de tutela no manifiesta de qué manera no se habría valorado razonablemente, no existiendo la suficiente argumentación respecto a este punto de agravio. I.2.3. Intervención de los terceros interesados Yolanda Rosario Gonzales Foronda, representante de la Agencia Despachante de Aduana "SAA" S.R.L., y Limberth Carrasco Loayza, denunciados dentro del proceso penal, no asistieron a la audiencia ni remitieron escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 99 vta., y 120 vta., respectivamente. I.2.4. Participación del Ministerio Público Pablo Manrique Videla, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que:
12. i)Del resultado de las diligencias preliminares, el Ministerio Público estableció la existencia de indicios para establecer la participación de Eddy Mamani Chacapacha en la comisión del delito de falsificación puesto que el prenombrado fue quien emitió el certificado de IBMETRO, quien además no figuraba en el registro de su propia institución, no habiéndose formulado en su contra ninguna imputación por cuanto respecto al mismo la acción penal fue extinguida debido a su fallecimiento;
13. ii)En relación a Limberth Carrasco Loayza, se presentó la correspondiente imputación formal por la probable comisión del delito de uso de instrumento falsificado, por cuanto el certificado medio ambiental fue presentado a la Agencia Despachante de Aduana para la nacionalización de su vehículo;
14. iii)Con relación a Yolanda Rosario Gonzales Foronda, no se emitió resolución de imputación alguna porque el argumento de la ANB era que la precitada como funcionaria encargada de la Agencia Despachante de Aduana, tenía la obligación de controlar y hacer una transcripción fiel de los documentos; sin embargo, la función que se evidenció que realizaba era la de solo recibir la documentación por parte del importador cumpliendo con todos los requisitos incluido el certificado medio ambiental para que posteriormente los funcionarios de dicha Agencia procedan a transcribir los datos en los formularios de la ANB; por lo que, no existían indicios para establecer que la nombrada hubiese falsificado dicho documento, cuando Eddy Mamani Chacapacha fue quien generó el certificado medio ambiental como atribución propia de IBMETRO y no de Yolanda Rosario Gonzales Foronda, aspectos por los cuales al no existir suficientes elementos objetivos pese al despliegue investigativo realizado se determinó el rechazo de la denuncia;
15. iv)En relación a Limberth Carrasco Loayza se emitió la Resolución de sobreseimiento, por cuanto no existían los elementos suficientes para fundar una acusación formal en la que el Ministerio Público debe tener certeza para atribuir la comisión de un delito, pero en el presente caso el argumento que se utilizó en la imputación formal no era suficiente;
16. v)En la presente acción constitucional no se cumplió con el principio de subsidiariedad, por cuanto respecto a la Resolución de rechazo, su investigación podía ser reabierta dentro de un año ante el cambio de circunstancias, por lo cual, aún quedaban medios para hacer valer las pretensiones de la parte accionante;
17. vi)En cuanto a la supuesta falta de fundamentación, de las Resoluciones cuestionadas se advierte que, el Ministerio Público brindó todas las explicaciones, detallando las posiciones tanto de la ANB así como del Ministerio Público, realizando un análisis de los elementos de prueba, cumpliendo así con los requisitos para considerar la existencia de una adecuada fundamentación; y,
18. vii)Tampoco hubo ninguna vulneración al ejercicio de razonabilidad en la valoración de la prueba, por cuanto, como se dijo, se explicó cómo se produjeron las investigaciones, encontrándose dicho análisis en las Resoluciones jerárquicas, a pesar que la parte impetrante de tutela no mencionó de qué manera se habría inobservado ese aspecto en la labor de valoración, debiendo tener en cuenta que conforme a la jurisprudencia emitida, para que la justicia constitucional ingrese a revisar la valoración, se requiere del cumplimiento de determinados requisitos los cuales en el presente caso no fueron observados, correspondiendo denegar la tutela. I.2.5. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 004/2019 de 19 de marzo, cursante de fs. 162 a 168 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) "En el presente caso se evidencia la existencia de los certificados emitidos por ATERFO con el ZFO-IM-GO-2010 04010200230 referente a la emisión de gases refrigerante, asimismo el certificado del taller Barrientos con el certificado ZFO-IB-BA-2010-002026, correspondientes al test de emisión de gases de escape, para la emisión de estos documentos, fue necesario que la inspección se la realice en el lugar donde se encuentra el vehículo se encontraba en ALBO Avaroa, pero se tiene información proporcionada de ALBO que explica que en la gestión 2010 y 2012, no se tiene constancia que técnicos de IBMETRO, SEMMING o ATERFO hayan ingresado al recinto aduanero a realizar ese trabajo, pero contrario a ello existe un informe proporcionado por el taller de refrigeración ATERFO que certifica que si se habría emitido los certificados en la gestión 2010 entre los que se encuentran Winstor Adhemar Arteaga Mendoza, es decir el ZFO-IM-GO-2010 04010200230, de la misma forma existe la certificación emitida por el Taller Barrientos en la que contrario a la primera certificación se hace referencia que en la gestión 2010, el taller Barrientos no ha realizado trabajos en Avaroa, por consiguiente no ha emitido el certificado mencionado" (sic); b) Se observa la existencia de una descripción de la prueba lo que no implica que se haya omitido su consignación, constando asimismo una explicación racional; por lo que, el Ministerio Público no se apartó de los marcos de razonabilidad, otorgando una explicación amplia, no evidenciándose vulneración en la valoración realizada; c) En relación a Yolanda Rosario Gonzales Foronda, de la Resolución de rechazo y jerárquica se advierte que verdaderamente se refieren a los tres puntos observados por la ANB "...y le da una razón lógica el Ministerio Público, tanto en primera instancia (...) y cuando es resuelta por una Resolución Jerárquica, que prácticamente si se ha hecho dicha valoración, no se ha omitido aquello y en definitiva a dado lugar a que se proceda con la Resolución de Rechazo" (sic); d) En la presente causa no se ha omitido valorar prueba alguna que se hubiese obtenido en la etapa preparatoria, encontrándose todas ellas descritas tanto en la Resolución de rechazo como en la Resolución de sobreseimiento, consecuentemente no se evidencia vulneración alguna; y,
19. e)Es posible que se pudo obtener mayores elementos para requerir conclusivamente de otra forma; sin embargo, no se puede hablar de probabilidades o supuestos, cuando en su momento la parte peticionante de tutela debió haber solicitado se practiquen determinadas investigaciones, aspecto por el cual no es posible estimar el último supuesto señalado, consecuentemente no se advierte vulneración de derechos ni garantías ni que se haya realizado una mala valoración de la prueba, tampoco se lesionó su derecho a la defensa; toda vez que, las partes ejercieron el mismo en igualdad de condiciones, habiéndose emitido las Resoluciones de rechazo y sobreseimiento así como las Resoluciones jerárquicas que las ratificaron con la debida motivación en plena correspondencia a la prueba debida y razonada.

1. 2)De los fundamentos de la propia Resolución de rechazo se tiene que evidentemente por la prueba aportada consistente en certificaciones emitidas por IBMETRO, que el certificado medio ambiental sería un documento falso que no cursa en archivos de esa institución, teniendo el mismo una información errónea, que no fue emitido previa cancelación del costo del mismo y que la factura por dicho certificado no se encontraba a nombre del beneficiario, habiendo concluido en la Resolución de rechazo que tales documentos son importantísimos para establecer que en la elaboración de la DUI se utilizaron documentos falsos, referido este al certificado medio ambiental, debiendo tenerse en cuenta que conforme se tiene del cuaderno de investigaciones la DUI 2010/543/C-948, fue tramitada por la Agencia Despachante de Aduana "SAA" S.R.L., representada legalmente por Yolanda Rosario Gonzales Foronda a favor de Limberth Carrasco Loayza, encontrándose como firmante de la DUI Yolanda Rosario Gonzales Foronda, teniéndose acreditado que en los certificados medio ambientales consigna como propietario de los motorizados a Limberth Carrasco Loayza; al respecto, de acuerdo al art. 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que los documentos soportes de la declaración de mercancías deben ser obtenidos antes de la presentación de la declaración de mercancías a la Administración Aduanera, documentos que de acuerdo al art. 45 de la LGA, deben ser observados y revisados por la Agencia Despachante, dando fe de la correcta declaración amparados en documentos exigidos en normativa legal, aspecto concordante con el art. 41 de su Reglamento, causando desconcierto a la ANB que se emita la Resolución de rechazo, sabiendo que los certificados medio ambientales son falsos y han sido usados por Yolanda Rosario Gonzales Foronda y Limberth Carrasco Loayza -ahora terceros interesados- para la importación de los vehículos a territorio nacional, sin cumplir las formalidades aduaneras y usando un documento soporte falso, sorprendiendo que se quiera favorecer a Yolanda Rosario Gonzales Foronda bajo el fundamento de que no se tendría certeza de que la misma haya usado dicho documento o haya participado en la falsificación, más aun considerando que la declaración de importador, la cual por cierto fue utilizada de manera favorable para la emisión de una Resolución de sobreseimiento en favor del referido, en la que se estableció que lo único que el prenombrado hizo fue encomendar a la Agencia Despachante la tramitación de la DUI, Agencia que se encargó del trámite hasta la presentación a la ANB, siendo claro el comportamiento de la sindicada que se benefició con la utilización del documento fraudulento encontrándose firmando las respectivas DUI's, más aun considerando las declaraciones testificales de ex funcionarios que explicaron el procedimiento para la emisión del certificado medio ambiental, la cual debió ser necesariamente realizada por Limberth Carrasco Loayza como propietario de los vehículos, debiendo asimismo acreditar el depósito para la emisión de dichos certificados, lo que no ocurrió pues el tramite fue efectuado por la Agencia Despachante de Aduanas;