Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0758/2019-S2 Sucre, 4 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 29082-2019-59-AL Departamento: Beni
En revisión la Resolución 26/2019 de 3 de mayo, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Walter Barrancos Mercado en representación sin mandato de Yan Yixing contra Guido Wilson Inturias Torrico, Roberto Rejas Rivera y Norka Díaz Morales, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja; y, Gregorio Chungara Condori, Juez de Ejecución Penal de la Capital, todos del departamento de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 2 de mayo de 2019, cursante de fs. 16 a 18, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Como consecuencia de la Sentencia 13/2017 de 9 de octubre, fue condenado a la pena privativa de libertad de tres años -dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional-, y al no haber sido impugnada, adquirió la calidad de cosa juzgada el 30 de noviembre de 2017; desde esta fecha pasaron más de dos años y medio hasta que el 7 de marzo de 2018, fue detenido a efectos de su cumplimiento; en consecuencia, solicitó la suspensión condicional de la pena al Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni, haciendo notar que las autoridades que lo componen, al tiempo de emitir dicha Resolución, no le advirtieron que ante la condena de tres años de prisión era permisible adquirir el beneficio de la señalada solicitud, conforme lo establece el art. 366 en relación a los arts. 23 y 24, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, su petición fue negada, alegando incompetencia para conocerla; ante lo cual, acudió al Juez de Ejecución Penal de la Capital del referido departamento, quien le manifestó que conforme a lo establecido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, no era competente para resolver su solicitud.
En consecuencia, considera que se encuentra: por una parte, ilegalmente recluido, cumpliendo una condena que no amerita la privación de su libertad, porque ante la sanción de tres años de limitación del derecho a la libertad, procede la suspensión condicional de la pena conforme a ley; y por otra, indebidamente procesado, porque las autoridades judiciales codemandadas hicieron caso omiso a su pretensión, sin resolver su situación jurídica, y desconociendo la finalidad de esta institución jurídica, que es el descongestionamiento de los recintos carcelarios.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 14.VI y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita "admitir" la presente acción de defensa; y en consecuencia, disponer a su favor la suspensión condicional de la pena, su libertad y la imposición de la reparación de daños y perjuicios.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
En audiencia pública de consideración de esta acción de defensa, celebrada el 3 de mayo de 2019, según consta en acta cursante de fs. 41 a 43, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado, reiteró los términos de su demanda tutelar, además añadió:
- a)Las autoridades demandadas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja, a tiempo de emitir la Sentencia 13/2017, debieron advertirle en su condición de ciudadano chino, que podía ser favorecido con la suspensión condicional de la pena, previa presentación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), conforme a lo establecido en el art. 366 del CPP;
- b)El Tribunal de Sentencia Penal demandado suspendió una audiencia en la que se debió definir su situación jurídica, alegando falta de quórum; y,
- c)Las autoridades codemandadas del referido Tribunal de Sentencia Penal, manifestaron que no podían favorecerle con el beneficio de la suspensión condicional de la pena, por la aplicabilidad de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien -Ley 300 de 15 de octubre de 2012-; sin embargo, considera que debe observar el art. 366 de la norma procesal penal vigente; pues como consecuencia de las modificaciones efectuadas al Código de Procedimiento Penal por la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, no procede otorgar este beneficio en delitos de corrupción; por lo que, su solicitud no se encuentra limitada por esta normativa, ameritando ser beneficiado con la suspensión condicional de la penal.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Guido Wilson Inturias Torrico, Roberto Rejas Rivera y Norka Díaz Morales, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni, mediante Informe de 3 de mayo de 2019, cursante de fs. 27 a 28, señalaron lo siguiente:
- 1)El accionante solicitó la suspensión condicional de la pena; empero, dos audiencias señaladas a efectos de su consideración, fueron suspendidas por falta de quórum, en mérito a la declaratoria en comisión de los Jueces Norka Díaz Morales y Roberto Rejas Rivera;
- 2)El 7 de marzo de 2019, se ejecutó el mandamiento de aprehensión y se trasladó al impetrante de tutela al Centro Penitenciario de Mocovi, aperturándose automáticamente la jurisdicción territorial del Juez de Ejecución Penal de la Capital del departamento de Beni, quien tiene competencia para ejercer el control jurisdiccional respecto a los actuados realizados en ejecución de sentencia;
- 3)Conforme a los arts. 428 del CPP y 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), la autoridad jurisdiccional de la etapa de ejecución penal es el Juez de Ejecución Penal, quien tiene competencia para resolver cuestiones o incidentes que se susciten durante esta fase procesal; es decir, que ante eventualidades que se susciten en el transcurso de la ejecución de la pena, la nombrada autoridad es la encargada de resolverlas;
- 4)En observancia de los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y accesibilidad que rigen la administración de justicia y de lo establecido por las y , el Juez de Ejecución Penal tiene la responsabilidad de resolver la solicitud del demandante de tutela, porque se encuentra en Trinidad al igual que las demás partes del proceso penal; no siendo correcto pretender que las autoridades que conforman el Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja, que se encuentran en otro asiento judicial, continúen conociendo paralelamente el control jurisdiccional a cargo de otra autoridad competente;
- 5)No correspondía advertir expresamente en la Sentencia 13/2017, la posibilidad de aplicación de la suspensión condicional de la pena, como lo manifestó el impetrante de tutela; toda vez que, el presente caso se encuentra sometido a la Ley 300, consiguientemente, conforme lo dispone su art. 44, en los delitos relacionados con la madre tierra no habrá lugar al beneficio de la suspensión condicional de la pena; en todo caso, observaron estrictamente la Norma Suprema y las leyes aplicables al asunto; y,
- 6)En respeto del art. 24 de la CPE, en dos oportunidades se dio respuesta pronta y oportuna a la pretensión del accionante, indicándole que acuda ante el Juez de Ejecución Penal para la atención de su solicitud.
Gregorio Chungara Condori, Juez de Ejecución Penal de la Capital del departamento de Beni, por Informe de 3 de mayo de 2019, corriente de fs. 33 a 34 y en audiencia de consideración de esta acción de defensa, indicó lo siguiente:
- i)Los arts. 18 y 19.3 de la LEPS, establecen las competencias del Juez de Ejecución Penal y por disposición del art. 366 del CPP el Juez o Tribunal de Sentencia Penal tiene la atribución para suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena; en consecuencia, no es su competencia otorgar la suspensión condicional de la pena; lo cual, se hizo conocer al peticionante de tutela mediante decreto de 1 de abril de 2019;
- ii)No tiene asidero legal, el criterio asumido por las autoridades demandadas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja, afirmando que el Juez de Ejecución Penal tiene competencia para disponer la suspensión condicional de la pena, por el hecho que la Sentencia 13/2018 se encuentra en la fase de ejecución; y,
- iii)La , entre otras, señala que la autoridad competente para revocar la suspensión condicional de la pena, es el Juez o Tribunal que dictó la sentencia; en ese entendido, su persona no tiene la facultad para asumir tal determinación, porque su competencia está limitada a controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas para su procedencia. Por lo que, solicita denegar la tutela impetrada.
I.2.3. Resolución
La Sala Constitucional Primera del departamento de Beni, mediante Resolución 26/2019 de 3 de mayo, cursante de fs. 44 a 47, concedió en parte la tutela impetrada, con relación a los Jueces demandados del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja del referido departamento, disponiendo que los mismos, inmediatamente señalen audiencia para el verificativo de la solicitud de suspensión condicional de la pena impetrada por el accionante; y denegó respecto al Juez de Ejecución Penal, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la referida Resolución Constitucional.
Determinación realizada sobre la base de los siguientes fundamentos:
- a)Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se advierta lesiones que afectan directamente el derecho de libertad física o de locomoción, su protección puede ser materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos donde el indebido proceso constituya la causa directa de la privación de libertad y exista absoluto estado de indefensión, lo cual también fue señalado en las y , entre otras;
- b)En la presente causa concurren los presupuestos señalados precedentemente para ingresar a conocer el fondo de la problemática planteada; toda vez que, si bien la privación de libertad del impetrante de tutela deviene del cumplimiento de una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, no es menos cierto que de haberse considerado su solicitud conforme prevé el art. 366 del CPP, se daría certidumbre jurídica al accionante respecto a su derecho a la libertad; asimismo, ante las reiteradas solicitudes efectuadas por el demandante de tutela para que las autoridades codemandadas dispongan la suspensión condicional de la pena, solo obtuvo respuestas señalando que no eran los competentes para resolver su petición, sometiéndolo a un estado de indefensión, al no haber otra vía idónea para ser escuchado;
- c)Conforme al art. 365 del CPP, el Juez o Tribunal de Sentencia Penal, al momento de dictar sentencia, cuando corresponda, debe determinar la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado, disposición que se relaciona con lo establecido en el art. 366 del mismo cuerpo legal, que otorga a dichas autoridades judiciales que conocieron el proceso penal y emitieron la sentencia condenatoria, la competencia para suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena, previa verificación de la observancia de los requisitos para su procedencia, lo cual también es compatible con el art. 44 de la referida norma procesal penal;
- d)El art. 19.3 de la LEPS dispone que el Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso y de la pena;
- e)Quien tiene competencia para conocer y resolver la solicitud del accionante es el Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja -ahora demandado-, porque conoció la sustanciación y resolución de juicio, en cumplimiento del procedimiento establecido por el art. 366 del CPP, correspondiendo al Juez de Ejecución Penal codemandado, controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas; y,
- f)Las autoridades demandadas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja, al negarse atender la solicitud del impetrante de tutela, provocaron su estado de indefensión.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Sentencia 13/2017 de 9 de octubre; a través de la cual, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni -ahora demandados- entre otras determinaciones, declararon a Yan Yixing -ahora accionante- culpable del delito de destrucción de bienes del Estado y riqueza nacional, previsto y sancionado por el art. 223 del Código Penal (CP) concordante con los arts. 106 y 111 de la Ley del Medio Ambiente -Ley 1333 de 23 de marzo de 1992-, imponiéndole la pena de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario de Mocovi del departamento de Beni; toda vez que, al haberse allanado su domicilio como consecuencia de una orden emanada de autoridad jurisdiccional competente, fue encontrado en flagrancia con colmillos de trigrecillos, cabezas de jaguar, cuernos de venado, cueros de víbora, pieles de animales disecados, huesos de animales silvestres, sin poder justificar a través pruebas de descargo, la licitud de la posesión de los mismos, siendo muchos de estos animales considerados especies en extinción sometidos a mayor protección estatal (fs. 2 a 8 vta.).
II.2. Por Auto de 30 de noviembre de 2017, las autoridades demandadas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja, declararon la ejecutoria de la Sentencia 13/2017, al no haberse interpuesto recurso alguno dentro del plazo de ley (fs. 9).
II.3. A través del decreto de 1 de abril de 2019, el Juez de Ejecución Penal de la Capital del departamento de Beni -ahora codemandado-, indicó al impetrante de tutela que no podía conocer y resolver su solicitud de suspensión condicional de la pena, porque no tenía competencia para ello, conforme lo establece la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; debiendo el peticionante acudir ante la autoridad correspondiente (fs. 10).
II.4. Mediante memorial de 29 de abril de 2019, el demandante de tutela solicitó al Tribunal de Sentencia Penal de San Borja del departamento Beni, la suspensión condicional de la pena, dado que su pena no excede de los tres años de privación de libertad (fs. 13 y vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, al haber sido condenado a través de la Sentencia 13/2017, a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario Mocovi del departamento de Beni, solicitó la suspensión condicional de la pena, por cumplir con los requisitos establecidos en el art. 366 del CPP; sin embargo, tanto los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja como el Juez de Ejecución Penal de la Capital, todos del departamento de Beni, se niegan conocer y resolver dicha petición, alegando incompetencia; por lo que, se considera ilegalmente recluido e indebidamente procesado, pues las autoridades codemandadas hicieron caso omiso a su pretensión, dejándolo en estado de incertidumbre e indefensión. Consiguientemente, solicita que se disponga a su favor la suspensión condicional de la pena, su libertad y la imposición de la reparación de daños y perjuicios.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas:
- 1)La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas;
- 2)La solicitud de suspensión condicional de la pena y su tramitación por el juez o tribunal que emitió la resolución de condena;
- 3)La antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 300; y,
- 4)Análisis del caso concreto.
III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas
El Tribunal Constitucional en la , señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- "...por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida".
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la , la amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último "...lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad".
Sin embargo, es pertinente señalar que antes de la citada , la jurisprudencia constitucional hizo referencia al principio de celeridad en la tramitación de los entonces recursos de hábeas corpus; así, la 1 estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud, en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho; asimismo, la 2 indicó que el Juez encargado del control jurisdiccional debe fijar la audiencia con la mayor prontitud.
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