Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0759/2019-S4 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expedientes: 26300-2018-53-AAC 26393-2018-53-AAC (acumulado)
Departamento: Tarija
En revisión las Resoluciones 3/2018 de 1 de noviembre (expediente 26300-2018-53-AAC), cursante de fs. 172 a 175; y, 07/2018 de 8 de noviembre (expediente 26393-2018-53-AAC), cursante de fs. 260 a 263, pronunciadas dentro de las acciones de amparo constitucional interpuestas, la primera, por Rubén Mendoza Yokich contra Antonio Vilte Gutiérrez y José Alberto Valdiviezo Cruz, Directivos de la Asociación de "Autotransporte SAMA"; y la segunda, por Rubén Mendoza Yokich y Mario Lucio Marciano Herrera Fernández contra Antonio Vilte Gutiérrez y José Alberto Valdiviezo Cruz, representantes de la Asociación de Transporte Automotor Terrestre Interprovincial "La Cuesta de Sama".
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Expediente 26300-2018-53-AAC
I.1.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 17 de octubre de 2018, cursantes de fs. 24 a 34 y de subsanación de 25 de igual mes y año (fs. 46 a 47), el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1.1. Hechos que motivan la acción
El 18 de octubre de 2004, se creó la Asociación de Transporte "TRANS ANDALUZ", cuya personería jurídica fue aprobada por Resolución Prefectural 09/2005 de 25 de enero; posteriormente, por necesidad de diversificar el servicio departamental e interprovincial de transporte, el 21 de octubre de 2005, mediante Resolución Prefectural 254/2005, se aprobó la personería de la Asociación de Autotransporte SAMA, por lo que mediante Escritura Pública 319/2006 de 16 de marzo "pese a ser socio desde sus inicios de la indicada asociación", a través de dicho documento se le reconoció esa calidad; es así que desde la creación de "TRANS ANDALUZ" estuvo prestando sus servicios hasta el 10 de octubre de 2018, fecha en la que se emitió una nota por la cual se le hizo conocer que la Asociación de la que era parte, determinó suspenderlo de manera definitiva de sus actividades como operador de transporte, a partir de su notificación, quedando excluido del rol de turnos de viaje; determinación que lesionó sus derechos por vías de hecho, al prescindir del mecanismo interno para imponerle esa sanción.
De acuerdo al art. 40 del Estatuto de la Asociación, se establece que un Tribunal de Honor es el que debe realizar el debido proceso para aplicar una sanción como la impuesta; lo que no ocurrió en el caso presente, además de vulnerar su derecho a la defensa, toda vez que, según la nota de 10 de octubre de 2018, se presentaron cargos en su contra, relacionados con la presentación de facturas adulteradas y falsas, que serían las razones para la suspensión definitiva de sus servicios como socio, coartándole la posibilidad de presentar prueba e impugnar esa nota, al sancionarlo directamente, sin ser oído.
Las expresiones expuestas en la nota referida y la aplicación de la suspensión, generaron un desconocimiento a su derecho como socio, reconocido por el art. 7 del Estatuto de la Asociación y la igualdad prevista en el art 10 del Reglamento Interno; puesto que trabajó prestando el servicio interdepartamental con su bus en calidad de socio, empero, luego de su suspensión se le impidió realizar los viajes en los turnos y las rutas establecidas, así como no se le permitió llevar el logo de la Asociación en su vehículo, implicando la lesión de su derecho a la libre asociación, desconociéndose esa calidad de manera indirecta, privándolo de realizar las actividades que tiene por fin la Asociación; además del derecho al trabajo, al no poder prestar el servicio de transporte de pasajeros.
I.1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante consideró lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libre asociación y al trabajo, citando al efecto los arts. 21.4, 115.II y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto la determinación contenida en la nota de 10 de octubre de 2018, que dispuso su suspensión definitiva, restableciendo sus derechos; y sea con expresa imposición de costas procesales y pago de daños y perjuicios por el tiempo que se encuentra sin trabajar.
I.1.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 1 de noviembre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 164 a 171, presentes la parte accionante, los demandados y terceros interesados y ausente el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:
I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante, en audiencia, a través de su abogado señaló:
- a)Se presentó un Acta de reunión general de socios, de 15 de octubre de 2012, en la que se hubiese elegido una nueva Directiva; sin embargo, la misma fue firmada por los demandados;
- b)Para probar la calidad de socio se presentaron dos escrituras públicas, una de ellas que reconoce su ingreso como socio y la segunda, que se encuentra en archivo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de las asociaciones que se dedican al autotransporte, en la que figura como socio;
- c)Se le hizo firmar con engaños y presión una Escritura de adhesión, como si él fuera un simple operador, aspecto que se encuentra sancionado por el Reglamento;
- d)La Asociación es la que pide la licencia y tramita la tarjeta de operación de cada socio, estando prohibido por el art. 55 del Reglamento Interno, que una persona pueda operar sin la correspondiente tarjeta y sin la debida autorización; en tal sentido, se trata de un contrato administrativo de concesión de servicio público que es intransferible y no se puede subcontratar a personas que presten el servicio que la Asociación debe hacer;
- e)La Escritura que presentaron, en la que se le consignó como operador, desconoció su derecho de socio que tiene desde el 2006, debiendo ser interpretado como la intención clara de que ese desconocimiento persiste en la actualidad, ya que no se produjo ninguna de las formas de expulsión de la Asociación;
- f)Es una persona de la tercera edad y la adenda reconoció esa situación, por ello, también quedó sentada su calidad de socio;
- g)Para cualquier acusación debió acudirse al Tribunal Disciplinario, conforme el art. 40 del Estatuto, existiendo en los arts. 15 y 16 del Reglamento Interno, el procedimiento para la sanción de socios; y,
- h)No se puede permitir que bajo un contrato de operación se desconozca su calidad de socio, ya que para su exclusión tenía que haber sido sometido a un debido proceso y no a través de un contrato; en definitiva, solicitó se deje sin efecto la nota de 10 de octubre de 2018, ordenando se le pueda además, restablecer el derecho de socio, con costas, daños y perjuicios, por los veintiún días que está suspendido.
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