0760/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0760/2023-S1 Sucre, 10 de julio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 47802-2022-96-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 45/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 58 a 61 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Génesis Nayde Heredia Choque y Luis Fernando Gutiérrez Vásquez contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 y 12 de mayo de 2022, cursantes de fs. 19 a 23 vta.; y, 26 a 27, los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

De acuerdo al texto de la denuncia formal efectuada en sede fiscal, se emitió un primer requerimiento de imputación formal contra Génesis Nayde Heredia Choque por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; empero, el 24 de marzo de 2022, sin generar ningún acto de investigación, el Ministerio Público emitió un segundo requerimiento de ampliación de imputación formal contra de la prenombrada y Luis Fernando Gutiérrez Vásquez, con la misma teoría fáctica, por la presunta comisión del delito de robo agravado; en consecuencia, el 12 de abril de 2022, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, se emitió Auto Interlocutorio Motivado 214/2022, donde el Juez de la causa, en cumplimiento a la previsión legal contenida en el art. 54.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificada a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, haciendo un verdadero acopio y adecuada lectura de todos los antecedentes explanados en el requerimiento ampliatorio de imputación formal, la exposición de la autoridad fiscal, la víctima e imputados, en previsión de los arts. 124 y 233.1 del adjetivo penal, determinó la inexistencia de elementos de convicción para sostener su participación en el hecho de robo agravado, "declarando improbada" la imputación formal, eximiendo de generar mayor análisis fáctico jurídico respecto al segundo requisito de la norma citada; es decir, la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, disponiendo su libertad simple y pura.

Finalmente, el art. 124 del CPP, induce a los operadores de justicia a emitir sus resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas acorde a una teoría fáctica, jurídica, probatoria e intelectiva; empero, el citado Auto de Vista lesiona flagrantemente los alcances de la citada norma procesal penal; toda vez que, para la emisión de dicha determinación judicial no se dio una correcta lectura de los antecedentes del recurso de apelación ni cuenta con un mínimo de razonamiento motivado o jurídico, para sostener sesgadamente que no es posible anular un requerimiento de imputación formal y obligar al Juez a quo imponer a toda costa medidas cautelares de carácter personal, aun sin que concurra el primer requisito del art. 233 del CPP, y lo que es peor aún, dispone remitir antecedentes del Juez de la causa ante el Consejo de la Magistratura por una determinación judicial debidamente motivada y fundamentada, constituyendo este antecedente un desmembramiento de la justicia plural y transparente.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, asi como los principios de seguridad jurídica y legalidad vinculados al derecho a la defensa; citando al efecto los arts. 115.II, 119.II, 178 y 180 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se anule el Auto de Vista 105/2022 de 26 de abril; y en consecuencia, se intime al Vocal demandado a emitir una nueva resolución donde se valore bajo el principio de igualdad jurídica de partes, todos y cada uno de los antecedentes explanados en el Auto Interlocutorio Motivado 214/2022 de 12 de abril, sin perjuicio de remitirse antecedentes ante la instancia legal pertinente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 57 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, a través de su defensa técnica, ratificó in extenso su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe ni asistió a audiencia pese a su citación cursante a fs. 33.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:

II.1. El 20 de enero de 2022, el Fiscal de Materia formuló imputación formal contra Génesis Nayde Heredia Choque -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto y sancionado por el art. 271 Código Penal (CP), a instancia de las víctimas Giovanna Virginia Mamani Zambrana y Marco Antonio Callejas Mamani -ahora terceros interesados- (fs. 2 a 5).

Ampliándose la imputación formal, mediante memorial de 24 de marzo de 2022, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto en el art. 332.2 del CP, contra la prenombrada y Luis Fernando Gutiérrez Vásquez -impetrantes de tutela- solicitando la aplicación de medidas cautelares personales (fs. 9 a 12 vta.).

II.2. Mediante Auto Interlocutorio Motivado 214/2022 de 12 de abril, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, declaró "IMPROBADA LA IMPUTACIÓN FORMAL" (sic), conforme a los arts. 54.1, 123, 124 y 233.1, del CPP, disponiendo la libertad pura y simple de los imputados -ahora peticionantes de tutela-, motivando en el mismo actuado la interposición de recurso de apelación, por parte de los terceros interesados en apoyo a lo dispuesto por el art. 251 del adjetivo penal (fs. 13 a 16).

II.3. A través de Auto de Vista 105/2022 de 26 de abril, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -autoridad demandada-, anuló el Auto Interlocutorio Motivado 214/2022, ordenando al Juez de la causa señalar día y hora de audiencia para tratar y resolver las medidas cautelares de carácter personal, conforme a la alegación que realizan las partes y remitiendo antecedentes al régimen disciplinario, bajo el siguiente contenido:

2°.- Consideramos que, por la vía control de logicidad se tiene que, a fs. 214 del cuaderno de apelación, el juez inferior, razona señalando que, "tampoco se manifiesta que es lo que contiene el CD, simplemente se ha manifestado de que existe una apertura de CD, y no se indica que es lo que tiene el mismo, mucho menos se presenta el acta de transcripción del referido CD, por lo que no vamos a dar concurrente el Núm. 1 del art. 233 del Código de Procedimiento Penal, respecto a la participación de los hoy imputados en la adecuación del delito de robo agravado y que ya no sería necesario ingresar al art. 233 Núm. 2 del Código de Procedimiento Penal". Al respecto, este tribunal de apelación, en reiteradas resoluciones judiciales, ha señalado en sentido que, en materia penal, no hay prueba tasada, de tal manera que, con cualquier elemento de juicio o de prueba, es posible acreditar la existencia y probable participación en el hecho punible de los hoy imputados; toda vez que, en el caso analizado, lamentablemente el juez inferior, no examinó en su contexto integro el CD presentado en la forma que se hubo llevado adelante aquel actuado judicial, y el otro defecto es que ya no ha ingresado a tratar los presupuestos procesales de los peligros de fuga o de obstaculización, que era obligación de pronunciarse en uno o en otro sentido. Sobre esta temática de la aplicación de las medida cautelares, bajo el juicio predecible, este tribunal de apelación en reiteradas resoluciones judiciales, ha interpretado señalado en sentido que, cuando no concurre conforme a los alcances el art. 233 Núms. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, se ordena la libertad pura y simple, sin embargo, cuando no concurre el Núm. 1 del art. 233 del Código de Procedimiento Penal y concurren el o los riesgos de fuga o de obstaculización existe la posibilidad de restringir la libertad del o los imputados con medidas cautelares para el desarrollo del proceso y la averiguación de la verdad, de manera que, existe la necesidad de adoptar medidas cautelares por la concurrencia de los peligros procesales, por lo menos sea restringido de modo proporcional, obviamente sin ordenarse la detención preventiva, de tal manera que, es en ese marco de análisis que venimos emitiendo todas las resoluciones judiciales. Al respecto, en este caso en concreto lamenta este tribunal de apelación, que no se hubiese pronunciado, fundamentalmente sobre los alcances del Núm. 2 del art. 233 del Código de Procedimiento Penal, es decir, no hay pronunciamiento expreso sobre los peligros procesales de fuga o de obstaculización, en la forma como se hubiese planteado por parte de la víctima o el Ministerio Publico, por lo tanto, necesariamente debe existir pronunciamiento expreso sobre la concurrencia o no respecto a los riesgos procesales, caso contrario, al no haber pronunciamiento alguno, la nulidad sería viable en esta clase de casos.

3°.- Finalmente, la razón fundamental de la presente resolución, radica en sentido que, ningún juez cautelar, puede declarar "improbada la imputación formal", en razón que, no hay ley que autorice al juez a objeto de que declare improbada la imputación formal, es más, conforme al acta se tiene que se hubiese convocado para tratar las medidas cautelares de carácter personal, y extrañamente declara improbada la imputación formal, es decir, el mismo juez de garantías, no ha convocado para tratar porque se declare probada o improbada la imputación formal, como erradamente resuelve en la parte dispositiva del auto impugnado, señalando que, "se declara improbada la imputación formal", a cuyo efecto, reiteramos que, ningún juez tiene la facultad de estar declarando improbada la imputación formal; en el mismo sentido también este tribunal de apelación, ha venido razonando, en sentido que, no hay ley que autorice por ejemplo; declarar nula la imputación formal, porque no está expresamente dispuesta en la ley; por lo tanto, en la audiencia cautelar se debe tratar la concurrencia o no de los presupuestos procesal a los fines de adoptar o no las medidas cautelares de carácter personal; en tales antecedentes, el auto impugnado contradice totalmente el acta de la realización de la audiencia de medidas cautelares, cuando refiere, "acta de registro de audiencia pública para las medidas cautelares de carácter personal" y al haberse declarado improbada la imputación formal, es una resolución realmente incoherente que conlleva al defecto absoluto de procedimiento, que no va con los paradigmas del Código de Procedimiento Penal, por lo tanto, esta resolución debe ser anulada por aquellos defectos que concurre en el caso analizado, reitero no se la ha oído, escuchado a la víctima sobre el presupuesto procesal relativo al art. 233 Núm. 1 del Código de Procedimiento Penal, asimismo, no hay pronunciamiento sobre los riesgos procesales, conforme al Núm. 2 del art. 233 del Código de Procedimiento Penal, existiendo una errónea y absoluta equivocación en la parte dispositiva del auto impugnado, al haber declarado "improbada la imputación formal", por todos estos aspectos, debe renovarse obligatoriamente estos actos y resolverse en la audiencia cautelar, un pronunciamiento expreso, si concurre o no el Núm. 1 del art. 233 del Código de Procedimiento Penal, en el mismo sentido si concurre o no los riesgos de fuga o de obstaculización en la forma como pueda debatirse en audiencia pública, para posteriormente declararse si hay la procedencia o no de aplicar las medidas cautelares (sic [fs. 17 a 18 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

La Constitución Política del Estado reconoce al debido proceso en su triple dimensión de principio, derecho y garantía, constituyéndose en derecho fundamental de los justiciables1; se compone de un conjunto de elementos destinados a resguardar los derechos de las partes dentro de un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos de fundamentación y motivación que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por los operadores de justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, efectuó una precisión conceptual a ser comprendido como elementos interdependientes del debido proceso, expresando que la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos en los cuales se apoya la determinación adoptada; mientras que la motivación se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, que expresa:

...el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

...(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad...".

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entendido, el debido proceso en el ejercicio de la labor jurisdiccional y administrativa del Estado a través de sus órganos constitucionalmente establecidos, se encuentra reconocido por la Norma Suprema en tres dimensiones diferentes que configuran el derecho al debido proceso y, en ese sentido, se tiene como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, las mismas que están constitucionalmente establecidas a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, y en el ámbito convencional, expresamente reconocido por el estado boliviano, está el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que desde el punto de vista de la interpretación constitucional conforme a la Norma Suprema, respecto a la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado, entre otros, sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero, además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

Por otra parte, de la lectura de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre3 (no obstante que utiliza como sinónimos los elementos fundamentación y motivación), se advierte otro aspecto relacionado a las referidas vertientes del debido proceso, consistente en que para cumplir con los referidos elementos, las resoluciones no necesariamente deben ser amplias, siendo suficiente que se advierta en ellas un razonamiento que explique en lo necesario el motivo por el cual se falló de determinada manera; en otros término, se puede explicar que una amplia cita de normativa legal no hace que una resolución sea fundada, así como tampoco un conjunto amplio de razonamientos lógico jurídicos, hacen que una resolución sea motivada, empero un razonamiento que precisa la necesaria y suficiente normativa y que la aplique en esa medida exacta al caso en concreto con el justificativo correspondiente y claro, hacen a una resolución debidamente fundamentada y motivada, de lo cual se pueden extraer como sub elementos la precisión, claridad y exactitud de lo decidido.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando4.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto5; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: