0761/2020-S4

Los hechos descritos, dieron lugar a que Miguel Ramón Colque Villanueva interponga denuncia el 6 de septiembre de 2018, adjuntando fotocopia de cédula de identidad, ante la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura del departamento de Oruro; por lo que, el referido Consejo recomendó el inició un proceso disciplinario en su contra, remitiendo ante el Juez Disciplinario de turno, instancia en la que presentó un primer memorial de apersonamiento e informe en el que observó:

1. a)El poder que le fue otorgado al personero de la señalada entidad bancaria y que el mismo no le facultaba para denunciar;
2. b)La retardación con que se inició la acción disciplinaria; y,
3. c)El incumplimiento de las formalidades a objeto de su sustanciación, dado que inicialmente figura como denunciante el referido personero de la entidad bancaria mencionada y posteriormente aparece, también como denunciante, la señalada funcionaria de la Unidad de Control y Fiscalización del consejo de la Magistratura del Distrito de Oruro; aspectos que también fueron alegados y fundados al interponer su recurso de apelación.

Los reclamos expuestos en alzada, señalados precedentemente, no merecieron el tratamiento debido al emitir la Resolución de segunda instancia; por lo que, la misma es carente de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que:

1. 1)Respecto al agravio de falta de legitimación activa del denunciante, en relación a los incisos "e)" y "f)" del recurso de apelación; se tiene que el fallo de alzada, omitió revisar el proceso y de manera inmotivada señaló que debió observar dicho extremo en el primer momento y que hubiera precluído su derecho y convalidado el defecto existiendo acto consentido; razonamiento que solo demuestra que el tribunal de apelación no revisó los antecedentes del proceso, y no puede entenderse como acto consentido cuando se tiene que reclamó oportunamente;
2. 2)Respecto al reclamo de incumplimiento de plazos, el fallo de alzada, se limitó a señalar que no existiría norma que disponga la nulidad o pérdida de competencia por incumplimiento de plazos; apreciación subjetiva que no se encuentra amparada en norma alguna, siendo que conforme señala el art. 29 del Reglamento de Control y Fiscalización aprobado por Acuerdo 22/2018, del Consejo de la Magistratura, aplicable en el caso, establece los parámetros que debe contener el Informe de los funcionarios de Control y Fiscalización; asimismo su art. 24 prevé el plazo de dos días a objeto de la admisión o rechazo de la denuncia, y en el presente caso, se admitió después de ocho días; por lo que, se actuó con pérdida de competencia; y,
3. 3)Se reclamó en el Informe el incumplimiento de formalidades para sustanciar el proceso, dado que inicialmente figura como denunciante el personero de la entidad bancaria y posteriormente también aparece como denunciante la funcionaria de la Unidad de Control y Fiscalización. Por lo que la Resolución de segunda instancia, carece de estructura de forma y fondo, constituyendo una determinación de hecho y no de derecho que no se funda en norma aplicable, realiza una errónea relación de los datos del proceso al afirmar que hubiera tomado una conducta omisiva y tardía; dejándolo así en total indefensión e incertidumbre.