0762/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0762/2023-S1 Sucre, 10 de julio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 47820-2022-96-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 04/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 126 a 131 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cinthya Karen Cayoja Ricaldy y Alan Michael Licuona Condo contra Mirtha Dolly Ortiz Paniagua de Schayman, Secretaria Municipal, Máxima Autoridad Ejecutiva "MAEC" (sic) del Concejo Municipal de Montero del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de abril y el 4 de mayo ambos de 2022, cursantes de fs. 13 a 23 y de 26 a 28; los ahora accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Siendo trabajadores dependientes del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Montero del departamento de Santa Cruz, sin considerar que eran parte del Directorio del Sindicato de Trabajadores Municipales de Montero (S.T.M.M.), fueron despedidos, vulnerando su derecho al fuero sindical. En el caso de Cinthya Karen Cayoja Ricaldy -ahora accionante-, refiere que empezó a depender del señalado Concejo Municipal, el 10 de enero de 2018, ocupando el cargo de "Servicios", pero desde su nombramiento como miembro de la Directiva del S.T.M.M., en el cargo de "Secretaria de Vinculación Femenina" (sic), empezaron sus problemas; llegando a ser despedida sin que medie causa justa o proceso administrativo o judicial, el 12 de mayo de 2021, presentó denuncia y solicitó su reincorporación laboral ante la Jefatura Regional de Trabajo de Montero del departamento de Santa Cruz, denuncia la cual fue acogida y conminó su inmediata reincorporación en el cargo que ocupaba. Por su parte, Alan Michael Licuona Condo -ahora coaccionante-, el 1 de octubre de 2015 empezó a trabajar en el referido Concejo Municipal en el cargo de "Profesional II" , durante cuatro meses, y luego fue designado -hasta su despido- en el cargo de "Técnico I", de similar manera; señala que, desde su nombramiento como miembro de la Directiva del S.T.M.M., en el cargo de "Secretario de Conflictos", empezaron sus problemas; llegando a ser despedido sin que medie causa justa, proceso administrativo o judicial, el 12 de mayo de 2021, presentó similar denuncia ante la entidad administrativa laboral regional de Montero, denuncia la cual fue acogida y conminó su inmediata reincorporación en el cargo que ocupaba. Al haber sido despedidos sin que medie motivo alguno, sin proceso de desafuero, se vulnero su calidad de dirigentes sindicales y en pleno goce de inamovilidad laboral, sin oportunidad de asumir defensa y violación al debido proceso, presentaron denuncia ante la Jefatura Regional de Trabajo de Montero del departamento de Santa Cruz, convocándose a la máxima autoridad ejecutiva como representante legal del Concejo Municipal del referido municipio del citado departamento y firmante del memorándum de finalización de su relación laboral, disponiéndose la emisión de resoluciones para su reincorporación laboral por no existir causa justa para el despido, habiéndose emitido la Conminatoria de Reincorporación por estabilidad laboral-fuero sindical RNC 16/2022 de 7 de febrero, habiéndose notificado a la mencionada autoridad, el 15 de febrero de igual año, desde esa fecha fueron peregrinando a diferentes oficinas del Concejo Municipal recibiendo la misma respuesta en sentido que se está procesando su reincorporación. Por ello, ante las dilaciones indebidas tuvieron que solicitar nuevamente la intervención de la Jefatura Laboral, que el 21 de febrero de 2022 mediante Informe MTEPS/JRTM/INF 02/2021 verificaron que no se dio cumplimiento a las conminatorias emitidas. Ante dicho incumplimiento de la conminatoria de reincorporación por estabilidad laboral-fuero sindical RNC 16/2022, acudieron a la vía constitucional. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los ahora peticionantes de tutela denunciaron la lesión de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo digno, a la seguridad social y a la vida, citando al efecto los arts. 15, 18.I, 45.I, 46.I y II, 48.I y II, 49.III, y 51 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 121 a 125, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ante la pregunta del Tribunal de garantías a Cinthya Karen Cayoja Ricaldy -ahora impetrante de tutela- respecto a si cobro el cheque expuesto; la prenombrada respondió de forma afirmativa, extremo que aclarado por la parte ahora demandada el pago recibido era el correspondiente al pago de sus vacaciones, que son parte de los beneficios sociales.

I.2.3. Intervención del tercer interesado

William Perales Cortez, Presidente del Concejo Municipal de Montero del departamento de Santa Cruz, pese a ser notificado conforme se desprende de la diligencia cursante a fs. 66, no se hizo presente en la audiencia.

I.2.4. Resolución

Ante el planteamiento de complementación y enmienda de la parte accionante respecto al pago de vacaciones para los dirigentes sindicales, la Jueza de garantías se ratificó en la resolución emitida; señalando que, de la documentación adjuntada, el cheque 045265 recibido por Cinthya Karen Cayoja Ricaldy -ahora peticionante de tutela-, hubiese sido elaborado por la cancelación de vacaciones por parte del Concejo Municipal de Montero del departamento de Santa Cruz, autorizado por la Secretaria Municipal; por ello, declaro NO HA LUGAR a la solicitud de complementación y enmienda del abogado del ahora impetrante de tutela.

Respecto a la solicitud de complementación y enmienda de la ahora demandada, siendo que ya se había llevado adelante la audiencia de acción de amparo constitucional, se refirió que se salva los derechos de Alan Michael Licuona Condo y Cinthya Karen Cayoja Ricaldy -ambos ahora accionantes- y complementando señalaron NO HA LUGAR a la solicitud de complementación y no así la enmienda; mencionando que, de ninguna manera se debe entender que hubo un doble juzgamiento.

Respecto al principio de subsidiariedad; la Jueza de garantías refirió, es cierto y evidente que los trabajadores deben agotar las vías, siendo una de ellas acudir al Ministerio de Trabajo, y que el cómputo para iniciar el mismo, es la notificación con la última decisión. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Constan Memorándums de designación de 10 de enero de 2018 y de 11 de febrero de 2019 para Cinthya Karen Cayoja Ricaldy -ahora accionante- y de Alan Michael Licuona Condo -ahora coaccionante- de designación como Profesional II en el Concejo Municipal de Montero del departamento de Santa Cruz de 1 de octubre de 2015; así, como de Agradecimiento de Servicios de 12 de mayo de 2021 de ambos por Reestructuración Administrativa del Concejo antes referido con cargo de recepción de 13 de similar mes y año (fs. 2 a 7). II.2. Cursa Resolución Administrativa 033/2021 de 6 de abril, emitido por el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz con las atribuciones conferidas por la RM 771/12 de 10 de octubre de 2012, reconoce al Directorio del S.T.M.M., -Alan Michael Licuona Condo y Cinthya Karen Cayoja Ricaldy (ahora peticionantes de tutela)- forman parte del mismo, el primero como Secretario de Conflictos y la segunda como Secretaria de Vinculación Femenina (fs. 8 y vta.). II.3. Cursa CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN RNC/ 16/2022 de 7 de febrero, que CONMINO A LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA de los ahora impetrantes de tutela a su fuente laboral en el Concejo Municipal de Montero del departamento de Santa Cruz al mismo puesto que ocupaban "respondiendo" los sueldos devengados desde el despido "justificado" en aplicación del DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y arts. 46 y 48 de la CPE y 2 parágrafo III de la RM 868/10, manteniendo su antigüedad y demás derechos que les corresponden por ley bajo primacía de la Constitución Política del Estado por ser un derecho adquirido y consolidado de los trabajadores a partir de su legal notificación (9 a 10 vta.). Consta notificación a Mirtha Dolly Ortiz Paniagua de Schayman, Secretaria Municipal, Máxima Autoridad Ejecutiva "MAEC" (sic) del mencionado Concejo Municipal -ahora demandada- con la referida Conminatoria de Reincorporación (fs. 11).

II.4. Por Informe MTEPS/JRTM/02/2021 (sin fecha) con cargo de recepción de 25 de febrero de 2022, el Inspector de Trabajo, puso en conocimiento del Jefe Regional de Trabajo de Montero del departamento de Santa Cruz "INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO A CONMINATORIA DE REINCORPORACION" (sic), señalando en conclusión que, el Concejo Municipal de referido municipio y mismo departamento "NO dio cumplimiento a la CONMINATORIA DE REINCORPORACION LABORAL RNC/N° 01/2022" (sic), [lo correcto es 16/2022]; emitiendo recomendaciones a los ahora accionantes que tienen el derecho al fuero sindical, e interponer las acciones legales por la vía judicial correspondiente (fs. 12 y vta.). II.5. Consta Resolución 03/2021 de 6 de septiembre de acción de amparo constitucional interpuesta por los ahora peticionantes de tutela y otros contra el Alcalde del GAM de Montero del departamento de Santa Cruz, concediendo la tutela impetrada en contra de los mismos; disponiendo que, la entidad referida cumpla con la conminatoria de reincorporación laboral de los ahora impetrantes de tutela, señalándose que: "Se salva los derechos de Alan Michael Licuona Condo y Cinthya Karen Cayoja Ricaldy en cuanto al reencausamiento de su acción de amparo constitucional. De conformidad con el núm. 8 del art. 36 del Código Procesal Constitucional, la lectura de la presente resolución en audiencia implica la notificación a las partes con el presente fallo..." (sic). En la complementación, se aclaró que los ahora accionantes son dependientes del Concejo Municipal de Montero del departamento de Santa Cruz y no del órgano ejecutivo (Alcalde Municipal) lo cual es relevante para determinar adecuadamente la legitimación pasiva; por lo que, se rechazó la complementación solicitada (fs. 71 a 78). II.6. Cursa copia de Cheque 0045265 de 31 de diciembre de 2021 del GAM de Montero del departamento de Santa Cruz, emitido por el Banco Unión para pagarse a la orden de Cinthya Karen Cayoja Ricaldy -ahora peticionante de tutela-, la suma de Bs1 768 79.- (mil setecientos sesenta y ocho bolivianos 79/100); con cargo de recepción por parte de la prenombrada con data de revalidación el 13 de mayo de 2022 (fs. 95 a 96). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo digno, a la seguridad social y a la vida; toda vez que, fueron desvinculados de su fuente laboral, sin que medie motivo alguno, o proceso de desafuero, se vulneró su calidad de dirigentes sindicales en pleno goce de inamovilidad laboral sin oportunidad de asumir defensa y violación al debido proceso; por lo que, presentaron denuncia y solicitud de reincorporación laboral ante la Jefatura Regional de Trabajo de Montero del departamento de Santa Cruz, que fue acogida y conminó al GAM de referido municipio del mismo departamento su inmediata reincorporación en el cargo que ocupaban; no obstante, dicha institución incumplió la indicada Conminatoria.

III.1. Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional

Al respecto, inicialmente se debe precisar que con relación a esta temática la suscrita Magistrada relatora asumió los entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la protección laboral ante despidos injustificados e incumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, en mérito a las atribuciones que tiene este Tribunal, las cuales están enmarcadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo; en ese entendido, a partir de la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, que efectuó el análisis de los precedentes jurisprudenciales asumidos en este Tribunal con relación a la temática mencionada, concluyó en identificar el estándar más alto respecto a la tutela de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo el mismo coincidente con la línea asumida con anterioridad por la suscrita Magistrada.

Ahora bien, teniendo clara la vinculatoriedad de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, conforme al art. 203 de la CPE, se tiene que la misma recogió los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitidos por cada una de sus Salas respecto al tema laboral de cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación, identificando los precedentes jurisprudenciales contradictorios ante supuestos análogos facticos, a fin de unificar los criterios al respecto, mismos que en su diversidad generan inseguridad jurídica en la administración de justicia constitucional y ordinaria, cuyos Jueces y Tribunales tienen a su cargo la resolución de una situación jurídica. Así entonces, este Tribunal en cumplimiento del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -Ley de 6 de julio de 2010-, que le reconoce la competencia de unificar sus líneas jurisprudenciales ya sea por avocación o mediante resolución de doctrina constitucional como herramienta hermenéutica realizó la sistematización de las líneas jurisprudenciales o precedentes contradictorios, para determinar la aplicación y vigencia de un determinado entendimiento o precedente jurisprudencial en vigor, de carácter vinculante y aplicado de manera prospectiva, a fin de evitar la afectación del derecho de los justiciables a ser tratados con igualdad y por supuesto la seguridad jurídica.

El precedente constitucional pronunciado como doctrina constitucional que es objeto de revisión, tiene un alto grado de vinculatoriedad, en su dimensión vertical y horizontal; lo cual conlleva que en mérito a este último debe ser respetado y aplicado por el mismo Tribunal, pudiendo apartarse solo de manera fundamentada y motivada, mediante una carga argumentativa reforzada para justificar su modulación, cambio o reconducción de la línea jurisprudencial, que desde ese momento tendrá un carácter vinculante, y por otra, vertical, puesto que debe ser respetado y aplicado por los demás Órganos del Estado, Jueces y Tribunales que se encuentran constreñidos a respetar y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 203 de la CPE.

En ese marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, desarrolló las siguientes reflexiones constitucionales:

III.1.1.Fundamentos normativos de la conminatoria de reincorporación laboral

Al respecto la mencionada Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, tomó como fundamento inicial, la Observación General 18 aprobada el 24 de enero de 2005, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, referida al derecho al trabajo, en la que se enfatiza entre otras, la obligación de los Estados Partes de velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, adoptando de manera rápida medidas para lograr el empleo pleno por una parte y por otra, en principio no deben adoptarse medidas regresivas y si deben adoptarse, corresponde a los Estados Partes en cuestión, demostrar que lo hicieron tras considerar todas las alternativas y justificarlas plenamente. El incumplimiento de esa obligación se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a la personas contra vulneraciones del derecho al trabajo en su jurisdicción; no reglamentar actividades de particulares, grupos o sociedades para impedirles que vulneren el derecho al trabajo; o, no protegen a los trabajadores frente al despido improcedente.

Así entonces, la Resolución de Doctrina ahora comentada, citando normas constitucionales (arts. 46 y 48 de la CPE), disposiciones reglamentarias (DS 29894 de 7 de febrero de 2009, DS 28699 de 1 de mayo de 2006, DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la reincorporación laboral caracterizado por su carácter sumario y expedito), concluyó que la Norma Fundamental por una parte:

"va más allá de los parámetros de protección establecidos por los organismos internacionales de tutela de derechos de los trabajadores, pues no solamente individualiza al despido injustificado como una conducta de desvalor de la relación jurídico-laboral, sino que además, lo prohíbe estableciendo la estabilidad laboral como regla, derecho y principio de interpretación".

Y por otra, el espíritu del art. 10 del DS 28699, da la opción al trabajador de aceptar la ruptura de la relación laboral y cobrar sus beneficios sociales o impugnar la decisión del empleador denunciando el retiro intempestivo, con el fin de alcanzar seguridad jurídica en caso de que el trabajador acepte la primera opción y concluya la relación laboral, y a ese efecto también señaló que:

III.1.2.La conminatoria de reincorporación laboral en la jurisprudencia.

Sobre la base de lo anterior, la misma Resolución Doctrinal refirió que, antes de las modificaciones del DS 0495 a las disposiciones reglamentarias del DS 28699, si el trabajador optaba por la reincorporación laboral -impugnando la decisión del empleador por retiro intempestivo-, constatada la negativa del empleador al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para demandarla y la jurisdicción constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente en el análisis de las problemáticas vinculadas a la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral, posición que también fue asumida por el Tribunal Constitucional, al rechazar in limine la acción tutelar interpuesta, según el Auto Constitucional (AC) 0287/2010-RCA de 21 de septiembre. Entonces, desde dichas modificaciones, el procedimiento cambio e introdujo cambios substanciales para la jurisdicción constitucional en cuanto a las denuncias de incumplimiento de conminatorias de reincorporación, al otorgar al trabajador la facultad para interponer las acciones constitucionales que correspondan para la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, tomando en cuenta la inmediatez, en ese entendido, precisó que:

"...en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretende, sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En ese caso, ante la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa o judicial, el nuevo paradigma de protección de los derechos de los trabajadores, no exige agotar las mismas para demandar su cumplimiento en la jurisdicción constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral y desde entonces la jurisprudencia constitucional emitida sobre el particular, en sentido que, ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; siendo la instancia administrativo laboral la que, a través de los procedimientos establecidos para el efecto, determine en definitiva si el despido fue o no justificado, correspondiendo a la jurisdicción constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo."

III.1.3.Análisis de los precedentes jurisprudenciales constitucionales

En ese marco, ingresó a verificar las líneas jurisprudenciales de esta instancia constitucional, abordando como un primer acápite las "Líneas jurisprudenciales constitucionales en torno al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral" entre las cuales fue citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo, y 0177/2012 de 14 de mayo, las cuales establecen que es posible presentar directamente la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, así como la concesión de su tutela inmediata, teniendo el empleador la vía judicial y administrativa expeditas en caso de no estar de acuerdo con la conminatoria1.

Aludió también que, dicho razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, el cual señaló para que la jurisdicción constitucional ordene el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, esta debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada2.

Más adelante, de igual forma identificó la 0SCP 0900/2013 de 20 de junio, que representa un cambio de línea al respecto estableciendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede simplemente ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, sino que debe hacer una valoración integral de los hechos, datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados3. No obstante, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la 0SCP 0900/2013, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, determinando que, la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, a menos que en su tramitación se evidencien violaciones del derecho al debido proceso4.

Por otro lado, citó la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, que establece que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe verificar únicamente su emisión e incumplimiento, sin ingresar en cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso en relación con el empleador; siendo que, la tutela brindada en esta jurisdicción es provisional5

Después, hizo referencia a la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, la cual, identificando el estándar jurisprudencial más alto de protección del derecho fundamental al trabajo en materia de cumplimiento de conminatoria de reincorporación laboral ante despido injustificado, vinculándolo a los principios de estabilidad laboral y continuidad de la relación laboral, y el vivir bien, realizó una reconducción a la 0SCP 0177/2012; indicando que, se debe dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral en todos sus términos, teniendo este Tribunal atribuciones limitadas para verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales6.

Así también, refirió que la SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, realizó una sistematización de los precedentes jurisprudenciales emitidos concluyendo que para ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, la jurisdicción constitucional debe verificar en cada caso su pertinencia, limitando su análisis a constatar que aquella haya sido emitida a favor del trabajador o la trabajadora y que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y su normativa complementaria7.

Luego, señaló la 0SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la 0SCP 0900/2013; señalando que, en los casos en que se denuncie incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, deben analizarse los aspectos inherentes al caso, que permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática8. Por último, hizo referencia a la 0SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, la cual definió que la jurisdicción constitucional debe procurar el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral9.

Seguidamente, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 bajo el título "UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL" procedió a efectuar la Unificación de la jurisprudencia constitucional advertida precedentemente, argumentando que existen precedentes jurisprudenciales constitucionales que, bajo los principios pro operario, de primacía de la relación laboral y de continuidad y estabilidad laboral, lograron estándares significativos en el respeto, protección y realización de los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores, lo cual sin duda constituye un avance en la materialización de los postulados de la Constitución Política del Estado y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado boliviano.

Así, la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 identificó el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional que, de manera progresiva haya tuteló de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con referencia a los precedentes jurisprudenciales constitucionales que de manera óptima tutelaron los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, aplicando los principios y valores constitucionales, estableciendo lo siguiente:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;

1.ii)Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

1.iii)La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

El presente razonamiento fue desarrollado en las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0285/2021-S1 de 21 de julio y 00346/2021-S1 de 18 de agosto.

III.2. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales.

Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones constitucionales y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones constitucionales contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé los arts. 115.I de la Norma Suprema, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la 0SC 0600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente:

Por su parte, la 0SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4., epigrafiado como "Derechos a la tutela judicial efectiva", manifestó que:

"La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley" (el resaltado nos corresponde" (las negrillas son nuestras).

De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la 0SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre28; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que "Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno", al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre29, indicó que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre30, concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios. (las negrillas y subrayado son nuestros).

En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto-.

Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15. del CPCo, que bajo el epígrafe: (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: "Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general", contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: "Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno"; en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como característica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares. (las negrillas son nuestras).

No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:

"Artículo 16.- (Ejecución)

I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo le corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo.

Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones)

I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda. III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger."

De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al Juzgado o Tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado "queja"; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los Jueces y Tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el Juez o Tribunal de garantías, sólo después de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la "queja" para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el Juez o Tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los Jueces y Tribunales de garantías.

Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal; refiere que, tanto los Jueces, Tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación que, encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los Jueces, Tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala:

"I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley." (el resaltado es ilustrativo).

Previsión constitucional que, es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema.

Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y el art. 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: "Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución", las autoridades constitucionales (Jueces y Tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los impetrantes de tutela que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.

III.3.Protección del fuero sindical

Sobre este beneficio laboral, el Fundamento Jurídico III.4., del presente fallo constitucional, estableció que a los trabajadores que asumen cargos de dirigencia sindical que gozan de fuero sindical no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión; toda vez que, el fuero sindical es un privilegio que ampara a los trabajadores para el cumplimiento de su gestión, cuya finalidad es impedir que se les remueva de sus cargos, se proceda a su procesamiento o persecución en razón a ser representantes de su asociación; por lo que, en el marco de la normativa constitucional y el bloque de constitucionalidad, desmejorar las condiciones laborales de un trabajador protegido por el fuero sindical o despedirlo sin justa causa, constituye un atentado grave contra el derecho a la asociación y práctica sindical, reconocidos en su carácter fundamental en los arts. 21.4 y 51.VI de la CPE.

En el marco de la jurisprudencia desarrollada precedentemente, al respecto el tema, la Constitución Política del Estado, prevé la protección de los dirigentes que asumen representación de los derechos de los trabajadores que son parte de la organización sindical, a fin de evitar entre otras cosas el perjuicio emergente de posibles represalias por parte del empleador en contra de quienes asumen el rol de defensa de los derechos que les asisten; así el art. 51.VI de la Norma Suprema establece que:

"Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical" (las negrillas son agregadas).

Bajo ese marco constitucional, la SCP 1888/2012 de 12 de octubre, sostuvo que:

En ese sentido, se tiene que del fuero sindical deviene la estabilidad laboral, otorgada a los dirigentes sindicales para garantizar la defensa del interés colectivo que representan, el ejercicio autónomo de sus funciones como representantes de un sindicato, en procura de la efectivización de los derechos a través de la dirigencia. En consecuencia la protección estatal busca resguardar el interés de los trabajadores o trabajadoras que tomaron la decisión de agruparse y conformar una organización sindical, buscando precautelar sus derechos, conquistas y aspiraciones.

Así también, el precepto constitucional supra mencionado marca la esencia del fuero sindical en relación a la protección del trabajo como medio de subsistencia del capital humano; aspecto que, además fue ampliamente desarrollado por la 0SCP 0631/2016-S2 de 30 de mayo32, misma la cual estableció que el fuero sindical es un privilegio del cual gozan los representantes de los trabajadores para el cumplimiento de su gestión, cuya finalidad es impedir la remoción en sus cargos, su procesamiento o persecución en razón a ser representantes de su gremio.

El art. 1 del Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), adoptado en la trigésima segunda reunión en Ginebra el año 1949, sobre derecho de Sindicalización y de Negociación colectiva, ratificado por Bolivia mediante Decreto Ley (DL) 07737 de 28 de julio de 1966, expresa:

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: