Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0763/2019-S2 Sucre, 4 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 28504-2019-58-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución de 039/2019 de 5 de abril, cursante de fs. 83 a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Guido Alberto Arroyo Márquez contra Gregorio Condori Cutipa, Director General Administrativo y Pavel Padilla Caisari, Presidente ambos del Directorio de la Fundación "Cuerpo de Cristo".
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 21 y 26 de marzo de 2019, cursantes de fs. 25 a 30; y, 33 y vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 12 de octubre de 2015, suscribió contrato de trabajo individual por tiempo indeterminado para ocupar el cargo de Gerente General del Canal de Televisión 57 "Virgen de Copacabana" con sede en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, desempeñando sus funciones con normalidad hasta el 8 de marzo de 2019; sin embargo, a momento del pago de sueldos a los trabajadores, cancelaron a todos excepto a su persona; razón por la cual, pidió explicación al Director General Administrativo, quien le entregó su papeleta de pago correspondiente a enero de esta gestión, indicándole que ordenó la retención de su sueldo. Al día siguiente, dicha autoridad le entregó una nota de forma despectiva, sin mencionar su cargo, condicionando el pago de su salario a una serie de informes mensuales que debía presentar, que no figuran en el contrato de trabajo y si bien son de su competencia, muchas de ellas fueron restringidas por el mencionado e incluso fue desautorizada la colaboración de sus subalternos.
Frente a ello, el 14 de ese mes y año, hizo una representación ante el referido Director General Administrativo exigiéndole el pago de su sueldo pendiente; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar, no recibió respuesta alguna, sino más bien en horas de la tarde, fue convocado a su despacho por el mencionado funcionario, instándole a que renuncie a su empleo indicando que era la voluntad del Obispo Eugenio Scarpellini y Roberto Uriarte, Secretario Ejecutivo de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB); por ello, el 13 del citado mes y año, envió una nota al Presidente y miembros del Directorio de la Fundación, como máximo órgano de decisión; empero, tampoco recibió respuesta alguna. El mismo día, también acudió a la Inspectoría del Ministerio de Trabajo, solicitando que esa instancia "...interponga sus oficios para el pago de su salario..." (sic); obteniendo la respuesta en razón a que únicamente el juez puede ordenar el pago de sus salarios y que sólo tienen competencia para sancionar a la empresa infractora; vale decir, que dicha instancia no tiene competencia para establecer remuneraciones, siendo el Juez laboral la autoridad competente para resolver esos conflictos; sin embargo, corresponde aplicar la excepción de subsidiariedad porque su protección podría resultar tardía; puesto que, no solo tiene el salario retenido sino existen también dos meses de retraso. En ese sentido aduce que dicho proceso sería dispensioso y largo, considerando además que tiene una familia con dos niños menores de edad -3 y 10 años- que necesitan cubrir sus necesidades elementales, como la alimentación, vivienda, vestimenta y educación.
En ese contexto alega que, el empleador de forma arbitraria retuvo su salario, siendo que las características del mismo según nuestra legislación son irrenunciables e inembargables, excepto resolución judicial competente e incluso las normas laborales deben aplicarse bajo los principios laborales de protección y tutela al trabajador; por ello, en el presente caso aclaró no existe otro recurso legal para la protección inmediata del derecho que alega como vulnerado, más aun si ya se dirigió a la máxima autoridad. Asimismo, aduce que también existe acoso laboral; toda vez que, su retención de salario responde a una política laboral de despido indirecto, mediante actos que incomodan al trabajador hasta hacer imposible su permanencia.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al trabajo y al salario, citando al efecto los arts. 46.I y III, 48.I, II, III y IV y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE); 23.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga el pago inmediato del salario retenido por el empleador correspondiente a enero de 2019, por la suma de Bs3 622,56.- (tres mil seiscientos veintidós 56/100 bolivianos).
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, después de dos suspensiones, se realizó el 5 de abril de 2019, según consta en acta cursante de fs. 77 a 82, donde se produjo los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los argumentos de su demanda y ampliando la misma señaló que:
- a)Los demandados después de haber sido interpuesta la presente acción de amparo constitucional, realizaron el depósito en el banco, pues si bien cumplió con el pago, también existen otros adeudos laborales pendientes, como los bonos de antigüedad y otros y dentro de ese derecho al salario se encuentran las comisiones, no obstante de ser una fundación sin fines de lucro, conforme lo previsto por el art. 58 del Código Civil (CC) así como la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, esta suscribió un contrato comercial de agencia; y,
- b)Respecto al acoso laboral denunciado, señalan que no pretenden usurpar la jurisdicción laboral; sin embargo, además de solicitar el respecto a los derechos laborales requieren que observen el tema de acoso laboral; puesto que, el Gerente Administrativo, fue tomando represalias en su contra, cambiándolo de cargo, no le pagó los salarios y le envió una serie de cartas amenazadoras, haciendo sufrida e insoportable su situación laboral, que le generó dolencias médicas -gastritis y úlceras-, donde los médicos diagnosticaron que es por la carga en el trabajo, por ello recomendaron ayuda psiquiátrica.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
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