0763/2019-S3

Apelada la decisión, los Vocales demandados, a través del Auto de Vista 140 de 23 de mayo de 2019, no solo confirmaron las vulneraciones denunciadas sino las agravaron; siendo las observaciones al pronunciamiento de alzada, las siguientes:

1. a)En su recurso de apelación, fundamentó la contradicción entre la decisión de disponer la nulidad de su aprehensión y la aplicación errada del art. 346 bis del CP en la audiencia cautelar, aclarando que en ningún momento, solicitó la revocatoria de la determinación que declaró la nulidad de su aprehensión; por lo que, no correspondía ingresar al fondo de la apelación; agravio que no fue considerado por dichas autoridades;
2. b)Los Vocales demandados, omitieron enmendar la infracción de derechos y garantías ocasionada por la Jueza de instancia, quien infringiendo el art. 279 del CPP, realizó actos investigativos al ceder el uso de la palabra en la audiencia de consideración de medidas cautelares a víctimas ajenas al proceso penal, contradiciendo la valoración de estos mismos testimonios al disponer la nulidad de la aprehensión;
3. c)Arminda Méndez Terrazas -codemandada- consideró la existencia de contratos criminalizados, conforme al entendimiento establecido en el Auto Supremo 297/2016-RRC de 21 de abril; sin embargo, después señaló que el ardid consistía en el pago parcial y no así el total a la víctima; por su parte, el otro demandado Victoriano Morón Cuéllar, manifestó que no existe contrato escrito que otorgue suficiente garantía;
4. d)Ambas autoridades, fundamentaron su decisión, únicamente en los testimonios de las presuntas víctimas para desacreditar el elemento trabajo, en apelación vulnerando así la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, al consolidar la delegación de la carga de la prueba al imputado en que incurrió la Jueza de la causa que por su parte determinó que es este quien debe demostrar el arraigo natural que lo reate al proceso;
5. e)El Presidente de Sala, realizó un ilegal análisis del art. 20 incs. h) y ñ) de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP), al establecer que el notario se encuentra prohibido de realizar verificaciones domiciliarias sin la existencia previa de un requerimiento fiscal u orden judicial, lesionando el principio de legalidad, por ende el debido proceso, y al haberse utilizado para consolidar una detención preventiva, el derecho a la libertad;
6. f)La decisión de la Jueza de instancia en la audiencia cautelar de tener por acreditado el elemento trabajo, previsto en el art. 234.1 del CPP, fue revocada por el Tribunal de apelación con argumentos confusos y contradictorios, basados en las peticiones y argumentos de las víctimas, e imponiendo requisitos que no se encuentran contemplados en la norma, vulnerando así la SCP 1478/2014 de 16 de julio, respecto al deber de los tribunales de apelación de fundamentar sus decisiones, la facultad de "...REALIZAR UNA VALORACIÓN PROBATORIA EN SEDE CONSTITUCIONAL..." (sic) y la especificación a que la sola presentación del Número de Identificación Tributaria (NIT) acredita el elemento trabajo; siendo ese el caso, en el que el impetrante de tutela adjuntó ese documento, además, de certificaciones de impuestos internos y un talonario de facturas originales;
7. g)Los argumentos de las autoridades demandadas que convalidaron la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 234.4 del Adjetivo Penal, referido al comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior que indique su voluntad de no someterse al mismo, resultan además de falsos, inentendibles, en virtud a la existencia de una aprehensión que fue declarada ilegal, decisión que no fue apelada por ninguna de las partes;
8. h)La exigencia de identidad de hechos y delitos para la consideración del Auto Supremo "006/2019" como jurisprudencia invocada en apelación, vinculada a la acreditación del art. 234.8 de ese cuerpo normativo penal a través de una o varias sentencias ejecutoriadas, resulta arbitraria e infundada; puesto que, no es posible la concurrencia de tales exigencias, dentro de la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, como si se tratara de un recurso de casación, conforme previene el art. 416 del mismo cuerpo legal. De igual modo, el criterio de que la jurisprudencia mencionada solo es aplicable a personas acusadas por la comisión del delito de contratos lesivos al Estado y que tengan procesos instaurados con data de trece años atrás, resulta un absurdo jurídico;
9. i)La Resolución emitida en alzada respecto al peligro de fuga previsto por el art. 235.2 del CPP, no se entiende, no cuenta con respaldo legal ni probatorio; puesto que, se indica que los testigos que serían influenciados negativamente por el imputado, se encuentran individualizados con nombres y apellidos; sin embargo, no se menciona los mismos; posteriormente, se indica que, las víctimas serían testigos; omitiendo de esta forma la aplicación de la aludida SCP 0276/2018-S2; y,
10. j)Pese a que, con la facultad prevista en el art. 125 del CPP solicitó aclaración, complementación y enmienda respecto a la concurrencia de los riesgos procesales, contemplados en los arts. 234.8 y 235.2 del mismo cuerpo legal; no se le aclaró nada, infringiendo así su derecho al acceso a la justicia.

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. 1)La anulación del Auto de Vista 140;
2. 2)Se señale nueva audiencia de apelación incidental de aplicación de medidas cautelares;
3. 3)Se pronuncien sobre los agravios y jurisprudencia que será acompañada en la referida audiencia;
4. 4)Se emita una resolución fundamentada y motivada, cumpliendo la jurisprudencia constitucional y doctrina legal aplicable, valorando de manera correcta toda la prueba aportada; y,
5. 5)Sea con costas, daños y perjuicios.