0763/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0763/2019-S4 Sucre, 12 de septiembre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 28565-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 21 de 21 de febrero de 2019, cursante de fs. 124 a 127, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Federico Mancilla contra Alfonso Siles Rojas, Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de diciembre de 2018, cursante de fs. 35 a 38; y, de subsanación de 29 de enero de 2019 (fs. 49 a 50), el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 25 de septiembre de 2018, presentó ante el Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz, una solicitud de licencia indefinida, amparado en los arts. 68 y 64 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana (LOPN) -Ley de 8 de abril de 1985-, y los arts. 51 y 52 del Reglamento del Personal de la referida Institución Policial, la cual no fue respondida por dicha autoridad policial; por lo que reiteró la solicitud mediante otro memorial presentado el 28 del mismo mes y año, el cual fue derivado al Comando General de la Policía Boliviana, recepcionado y registrado en la referida institución el 4 de octubre de 2018, siendo derivado al Departamento de Personal con hoja de ruta 27962, el 8 de octubre del igual año; posteriormente el Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, emite el Memorándum E.O. 18/0711, dirigido al Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz, ordenando dar cumplimiento a la Resolución Administrativa (RA) 0351/10 de 14 de abril de 2010, la cual establece que la Dirección Nacional y los Comandos Departamentales de la Policía Boliviana, son responsables de conocer y resolver en el plazo de cuarenta y ocho horas, las solicitudes de retiro voluntario y licencias indefinidas del personal bajo su dependencia, sin más trámite que la simple verificación de los requisitos establecidos en la LOPN.

Manifestó que el Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz, remitió el referido memorándum al Departamento Jurídico, el cual a su vez emitió un Informe 971/2018 de 12 de octubre, en la que sugiere que a través del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana y la Dirección Departamental de Investigación Policial, informe si tendría procesos disciplinarios pendientes, a lo que mediante Informe de 17 de octubre la Encargada de Base de Datos de la dirección Departamental de Investigación Policial Interna de Santa Cruz, que su persona no registra caso aperturado; Asesoría Jurídica de la mencionada institucional policial, emitió Informe 1010/2018 de 25 de octubre, en el que indicó que esa repartición no tiene competencia para disponer o sugerir acerca de la licencia indefinida, dejándole sin ninguna respuesta positiva o negativa ni haber manifestado su aceptación o rechazo, por parte del Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz.

Además refirió que después de transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de licencia indefinida, por haber participado de un video en defensa de la democracia, referida a la no re postulación del presidente y vicepresidente, le iniciaron un proceso investigativo por supuestas faltas disciplinarias, que en realidad tienen tinte eminentemente político, puesto que, cuando denunció la injusticia cometida en su contra por el Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz, se le iniciaron un total de cuatro procesos disciplinarios, que lo único que pretenden es destituirlo de su cargo sin derecho al cobro de los beneficios sociales, ni de sus aportes de veintiocho años, que le corresponden como beneficio para su jubilación, todo, según indica, por no estar alineado con el gobierno de turno.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante señaló como lesionado su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).