Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0765/2026-S3 Sucre, 4 de mayo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular
Expediente: 64954-2024-130-AP Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 120/2024 de 27 de mayo, cursante de fs. 117 a 123 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Wilfredo Quispe Paucara, Secretario General; Antonio Luis Maraza Paucara, Secretario de Relación; Simón Eustaquio Espejo Maraz, Secretario de Actas y René Luna Quispe, Secretario de Trabajo, todos de la comunidad Ananta, provincia Murillo del departamento de La Paz contra Enrique De la Cruz Mendoza, Alcalde; Jaime Paucara Tarqui, Secretario Municipal de Planificación e Infraestructura, ambos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Mecapaca del mismo departamento; Ruperto Celestino Quispe Luna y Susana Mamani Mendoza.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 2 de mayo de 2024, cursantes a fs. 1; y; 80 a 86; y, de subsanación de 16 de mismo mes y año de fs. 90 a 91, los accionantes expresaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Ananta es una comunidad de existencia ancestral, cuya actividad principal es la agricultura, se encuentra ubicada en el Distrito Municipal Mecapaca, provincia Murillo del departamento de La Paz; cuenta con personalidad jurídica reconocida a través de Resolución Administrativa (RA) 765/2018 de 5 de julio, por el que se mantiene firme el Certificado de Personalidad Jurídica reconocido el 16 de enero de 1996, en lo relativo al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, tituló tierras en favor de sus padres y abuelos; habiéndose establecido, desde entonces, parcelas individuales que corresponden a los comunarios, además de establecer la existencia de tierras de uso común o también denominada propiedad colectiva o comunitaria; de modo que la comunidad, en ejercicio de sus derechos colectivos, ha venido precautelando la integridad de dichas tierras, y si bien algunos comunarios han transferido propiedades a favor de terceros ajenos a la comunidad, los mismos, en el marco de los usos y costumbres se sujetan a un proceso de deslinde a efectos de verificar los límites y linderos de la propiedad transferida, siendo el objeto el resguardar que la propiedad comunitaria no se vea afectada.
Señalaron que, en magna Asamblea de su comunidad, se resolvió imponer a Ruperto Celestino Quispe Luna y Susana Mamani Mendoza, la sanción de suspensión temporal para el primero y suspensión definitiva para la segunda, en razón de su inasistencia a reuniones y asambleas; empero, los nombrados acudieron al Ministerio Público, a objeto de sentar denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de discriminación, de modo que la autoridad fiscal, sin comprender que las determinaciones de la comunidad únicamente pueden ser revisadas por la jurisdicción constitucional, más no así, por la jurisdicción ordinaria y sin que existiera control jurisdiccional, emitió la Resolución de Imputación Formal 051/2023 de 22 de mayo.
Por tal motivo, Ruperto Celestino Quispe Luna y Susana Mamani Mendoza tomaron dicha resolución del ministerio público como un elemento para poder atentar contra los derechos colectivos de la comunidad, por lo que fueron amenazando a comunarios con meterlos a la cárcel y que nadie podía ya contradecirles en nada, es así que procedieron a avasallar propiedades colectivas y cuando se les reclamó de dichos actos, respondían que eran medidas de hecho, los amenazaron con procesarlos penalmente, de tal forma que, acrecentaron arbitrariamente la propiedad que habitan, sobreponiéndose a la tierra colectiva de la comunidad Ananta -acequia comunal-, hecho que fue puesto a conocimiento del GAM de Mecapaca del departamento de La Paz; entidad edil que intervino emitiendo órdenes de paralización, las cuales no fueron acatadas.
Refirieron que, no conformes con ello, los ahora codemandados, empezaron a hacer uso del Folio Real de Derechos Reales (DD.RR.) signado con el número 2.01.2.01.0001279 "...que formalmente consigna la superficie de 7.1017 Has., equivalente a 71.027,00 m2, pero que físicamente dicho predio no existe, es así que maquinaron ante el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca planos de División y Partición sobreponiéndose a varias parcelas individuales, lo que es peor, un plano que consigna la superficie de 65.029 m2 fue sobrepuesto a su propiedad colectiva, denominado de 'uso común'..."; por tal motivo, resolvieron declararse en emergencia y enviaron diferentes notas que fueron presentadas el 14 y 18 de julio; 9, 22 y 29 de agosto de 2023, ante GAM de Mecapaca del departamento de La Paz, a efectos de solicitar que no se dé curso a la aprobación de planos en favor de Ruperto Celestino Quispe Luna y Susana Mamani Mendoza; puesto que, con ellos se atentaba contra los derechos colectivos de la comunidad; sin embargo, ninguna de esas notas, fue atendida por la entidad municipal, cuyos funcionarios en lugar de rechazar de manera fundamentada su petición, dieron lugar a su aprobación, en concomitancia con los precitados particulares, ahora codemandados.
Señalaron además que, los particulares codemandados, valiéndose de la condición de adulto mayor de uno de ellos, interpusieron una acción de libertad en contra del GAM de Mecapaca del citado departamento, con la finalidad de obtener los mencionados planos, ocasión en la que el Juez de garantías, mediante la Resolución 510/2023 de 27 de agosto, ordenó a la autoridad municipal demandada realizar el trámite legal "...que no implicaba la aprobación de planos, sino la atención conforme a la Constitución y la Ley, es decir, previa evaluación sobre la pertinencia de la solicitud..." (sic); de tal forma que, sin consulta previa a su comunidad y sin que existiera disposición normativa del Consejo Municipal que amplíe la mancha urbana, las autoridades ahora demandadas, procedieron con la aprobación de los planos cuestionados.
Posteriormente, dado que los codemandados procedieron a intervenir el área colectiva, mediante carta notariada de 29 de febrero de 2024, el Directorio de la comunidad Ananta, resolvió instruir la paralización de obras, esto ante la presencia de maquinaria pesada trabajando en el lugar y destruyendo su hábitat natural; en mérito a ello, Ruperto Celestino Quispe Luna y Susana Mamani Mendoza, a través de oficio de 6 de marzo del año referido expresaron que: "nos cabe recordarles que es de pleno conocimiento de ustedes que los predios al cual ustedes dicen ser de 'USO COMÚN', cuentan con la División y partición, con Informe Técnico, Planos Aprobados, todos ellos emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca...por tanto dejó de ser de USO COMÚN" (sic); de modo que, hasta la fecha continúan los trabajos de movimiento de tierras.
En ese marco, exigieron al Alcalde del GAM de Mecapaca del departamento de La Paz, emita informe señalando bajo qué circunstancias procedió a aprobar los planos que, a criterio de los mencionados codemandados podrían intervenir el terreno colectivo; conociendo a través de Informe Técnico de 15 de marzo de 2024, que lo solicitado sería de carácter privado; empero, que dicha instancia no habría extendido autorización de movimiento de tierras.
Refirieron que, con la finalidad de acreditar las vulneraciones de derechos denunciadas, se constituyeron en la propiedad colectiva junto al Notario de Fe Pública 1 de Mecapaca de La Paz, constatando la realización de trabajos de movimiento de tierras y apertura de camino, en el sector de Hullulluni de la comunidad Ananta, río abajo del mismo municipio, verificando el ingreso de maquinaria pesada en dicho sector.
Además de ello, los mencionados codemandados, el mes de febrero de 2024, "...aprovechando que todos los miembros de la comunidad se encontraban trabajando en el restablecimiento de caminos y defensivos que provocó los desastres naturales en Rio Abajo, procedieron a inhabilitar la acequia de agua de riego que alimenta a los cultivos de toda la comunidad, es así que mientras la comunidad se encontraba afligida por los desastres naturales, se dieron a la tarea de emplazar muros de ladrillo con pilares de hormigón armado sobre una parte de la acequia aduciendo ser propietarios de dicha área..."; motivo por el que, recurrieron ante el Concejo Municipal, a objeto de formular denuncia por inhabilitación de la acequia, a efectos de que fiscalice al Ejecutivo Municipal, previendo el cumplimiento de la "Ley Municipal 210", que prohíbe la restricción de acceso a aguas nacientes en lugares que corresponden a bienes de dominio público; empero no merecieron atención alguna.
Aclararon que, en la gestión 2020, denunciaron ante el GAM de Mecapaca del departamento de La Paz, la amenaza de afectación de su propiedad comunal -acequia-, que dio lugar a la emisión de memorándums dirigidos a Rufino Chuquimia; empero, en aquella ocasión los codemandados adujeron ser propietarios de una parte de la acequia exhibiendo documento privado de compra venta suscrito con los herederos del antes referido, aspecto que fue cuestionado por la comunidad; ya que, nadie puede arrogarse derecho propietario de un área colectiva.
Manifestaron que, ante la inercia de las autoridades municipales, acudieron ante el Sub Central Jupapina Umamanta -Autoridad Originaria jerárquica-, quien verificó que la acequia que sirve de riego de todas las parcelas agrícolas de los comunarios fue inhabilitada por los codemandados, mediante la construcción de muros de hormigón armado y ladrillo, sin dejar ninguna posibilidad de circulación de agua.
Refirieron que, Enrique De la Cruz Mendoza, Alcalde; y, Jaime Paucara Tarqui, Secretario Municipal de Planificación e Infraestructura, ambos del GAM de Mecapaca del departamento de La Paz; fueron quienes aprobaron irregularmente los planos de división y partición a favor de los codemandados Ruperto Celestino Quispe Luna y Susana Mamani Mendoza; por ello, activan la presente acción tutelar también en contra de dichas autoridades municipales
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
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