Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0766/2019-S1 Sucre, 26 de agosto de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 28165-2019-57-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 15 de marzo de 2019, cursante de fs. 896 a 903 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Celso Víctor Ureña Ledezma contra Macario Lahor Cortez Chávez y Eugenia Beatriz Yuque Apaza, ex Directores y Juan Carlos León Suárez actual Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); Darwin Wilson Salazar Araoz y Edwin Almendras Vásquez, ex y actual Directores Departamentales del INRA Cochabamba y Edgar Sarzuri Marca, Asesor Legal del INRA Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 21 y 29 de noviembre de 2019, cursantes de fs. 633 a 642 y de 663 a 665 vta., el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Solicitó saneamiento simple de su lote inscrito en los registros de Derechos Reales (DD.RR.) de Quillacollo ubicado en el Municipio de Tiquipaya del departamento de Cochabamba con una extensión de 2 000 m², basándose en el testimonio 376/2001, en las certificaciones del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tiquipaya de 2011 y 2014 y de la Organización Territorial de Base (OTB) Sirpita Tiquipaya; en dicho trámite -signado como 2551- advirtió irregularidades e ilegalidades, pues admitida su solicitud, por informe de diagnóstico técnico de 19 de diciembre de 2014, se observó que el inmueble se encontraría en la jurisdicción del GAM de Colcapirhua, ordenándosele la presentación de una certificación de dicho Municipio, y; posteriormente, como consecuencia de otro informe legal, se le intimó a presentar una nueva certificación de la autoridad local respecto de su posesión y certificación del Municipio al cual pertenecía. Cumpliendo con ello, presentó la certificación emitida por el citado Municipio, habiendo sido iniciado el correspondiente procedimiento, en base a documentación que acreditaba que la propiedad estaría en la jurisdicción de Tiquipaya y Colcapirhua. Posteriormente, Elena Rivera de Muñoz indicó que el referida propiedad le pertenecía, en base a documentación que presentó y pidió declinatoria porque se encontraría en el radio urbano de Tiquipaya, oponiéndose al saneamiento; por ello, se dispuso verificar si las Ordenanzas Municipales que ratificaron el área urbana y rural de Tiquipaya estaban homologadas o aún en proceso.
En ese marco, el INRA se declaró incompetente en el trámite de saneamiento 2551, mediante la Resolución Administrativa (RA) 039/2017 de 16 de octubre; por lo que, fue objeto de recurso de revocatoria, rechazado a través de RA 043/2017 de 15 de diciembre, habiéndose interpuesto recurso jerárquico, el mismo rechazado mediante RA 68/2018 de 27 de abril. Los fundamentos de las tres resoluciones emitidas para declarar la incompetencia del INRA en el referido trámite fueron:
- a)Que se había emitido la Ley 118 de 30 de noviembre de 2018, por parte del GAM de Colcapirhua y que el lote de terreno en trámite se encontraría en área urbana; y,
- b)En aplicación del art. 11 del Decreto Supremo (DS) 29215 modificado por el DS 2960 y la existencia del informe en conclusiones y el informe de cierre.
De ello se tiene que la Dirección Nacional del INRA tampoco la Dirección Departamental del INRA Cochabamba consideraron la existencia de un conflicto de límites entre los municipios de Colcapirhua y de Tiquipaya. Asimismo, las referidas Resoluciones no tomaron en cuenta la documentación que acreditaba que el lote de terreno se hallaba en la jurisdicción de Tiquipaya y peor aún que encontraría en el límite de conflicto entre ambos Municipios, verificó si el GAM de Tiquipaya tenía una ley municipal homologada referente a la ampliación de la mancha urbana que afecte al lote en cuestión. La "...Ley Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua No es un fundamento valido para que el INRA DECLARE SU INCOMPETENCIA..." (sic). Consiguientemente, al declararse el INRA incompetente para proseguir con el trámite de saneamiento, lo hizo sin fundamento válido en derecho.
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