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TCP

0766/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0766/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0766/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 49959-2022-100-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 01/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 70 a 73 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de Eufrocino Calle Villegas contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de agosto de 2022, cursante a fs. 1 y 49 a 53, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, Salva July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 320/2022 de 3 de junio, dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, al considerar concurrente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), relativo al peligro efectivo para la víctima. La referida autoridad judicial sustentó dicha decisión principalmente en la declaración de la víctima -una menor de seis años- y en el temor que ésta manifestó respecto a su persona, como profesor.

Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva, emitiéndose en respuesta el Auto Interlocutorio 444/2022 de 12 de julio, mediante el cual, la Jueza codemandada, declaró infundada la solicitud, sosteniendo que el Informe de la Dirección Distrital no desvirtuaba el temor de la víctima y que el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022, no podía ser valorado, porque ello implicaría adelantar criterio sobre el fondo de la investigación, añadiendo además que dicho informe debía ser previamente analizado por el Ministerio Público.

Contra esa decisión, se interpuso recurso de apelación incidental, denunciando ausencia de fundamentación, motivación y valoración individual y conjunta de la prueba; no obstante, mediante Auto de Vista 201/2022 de 28 de julio, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento -hoy demandado-, declaró improcedente el recurso y confirmó el Auto Interlocutorio 444/2022, compartiendo el criterio de la Jueza codemandada respecto a que el Ministerio Público debía pronunciarse previamente sobre el informe psicológico complementario; asimismo, observó que las entrevistas testificales carecían de firma policial y señaló que aún no se contaba con la declaración de la víctima en cámara Gesell, concluyendo que la documentación presentada resultaba insuficiente para desvirtuar la probable participación del imputado en la causa atribuida. Las autoridades judiciales demandadas incumplieron el deber de valoración integral de los nuevos elementos de convicción, previstos en el art. 239.1 del CPP y desarrollados por la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en las , , , , y las y , omitiendo valorar integralmente el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022, pese a que el mismo fue presentado precisamente para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, incurriendo así en una actuación contradictoria, pues para imponer la medida cautelar de detención preventiva, se otorgó valor a un informe psicológico previo; asimismo, las resoluciones impugnadas incumplieron los estándares desarrollados por la jurisprudencia constitucional, particularmente las , , y la , que establecen que tanto los jueces cautelares como los tribunales de apelación tienen la obligación de fundamentar de manera expresa, objetiva e integral las razones jurídicas y probatorias que sustentan sus decisiones en materia cautelar.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y, valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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