Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0767/2026-S3 Sucre, 4 de mayo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular
Expediente: 67647-2024-136-AP Departamento Beni
En revisión la Resolución "01/2020" de 20 de septiembre de 2024, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Jorge Limachi Choquetarqui en su condición de Secretario Ejecutivo de la Federación Regional de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes, Minoristas y Vivanderos de Guayaramerín contra Gonzalo Melgar Rodríguez, Defensor del Consumidor del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Guayaramerín del departamento de Beni y Mabel Ferreira, Presidenta Ejecutiva del Sindicato de Mototaxis del referido municipio.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2024, cursante de fs. 10 a 12, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El comunicado de 5 de septiembre de 2024, emitido por el Defensor del Consumidor del GAM de Guayaramerín del departamento de Beni, que carece de sustento legal, pretendió obligar a sus afiliados al uso obligatorio de balanzas electrónicas, en sustitución de las balanzas "pata de gallo", reloj y romanillas; sin considerar que los afiliados de la Federación Regional de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes, Minoristas y Vivanderos de Guayaramerín son personas de escasos recursos, que poseen un capital de mínima cuantía y se encuentran imposibilitados de comprar las referidas balanzas electrónicas para el control de pesaje y venta de productos al detalle y raleo; siendo tal actividad un trabajo lícito que permite el sustento cotidiano para sus hogares.
Por tal motivo, denunció que existe una amenaza manifiesta, que con premeditación y alevosía se pretende ingresar a domicilios privados y puestos de venta de sus afiliados, en busca de las balanzas "pata de gallo" y reloj, además confiscar sus mercaderías y productos de consumo masivo, con el fin de incautar y ejercer coacción con la participación de algunos mototaxistas, policía, fiscal de materia y juez público. Refirió que la personería jurídica y sus normas estatutarias del Sindicato de mototaxis no les facultan para realizar las acciones ilegales expresadas por su Presidenta, Mabel Ferreira.
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