0768/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)Declarar ilegal y se deje sin efecto las "dos resoluciones" emitidas por la "sala penal";
2. b)La recepción de su memorial; y,
3. c)Se fije audiencia a la brevedad posible.

El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido de su acción de libertad, y ampliándolo manifestó que:

1. 1)La Resolución Conjunta de Presidencia 01/2021 y la Resolución Conjunta 02/2021 de Presidencia Complementaria a la primera nombrada, impidieron el ejercicio del acceso a la justicia no solo de su persona, sino de los habitantes de Cobija del departamento de Pando; por lo que, en lo posterior iniciará una acción popular;
2. 2)Modesta Ticona Paiva, Encargada Departamental de la Oficina Gestora de Procesos del señalado departamento -codemandada-, informó que no envió el memorial que presentó a través del buzón judicial, por carencia de personal y en cumplimiento a las señaladas Resoluciones, vulnerando de esta forma su derecho a la defensa;
3. 3)Las decisiones cuestionadas, no fueron debidamente fundamentadas ni tomaron en cuenta la "Resolución" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como tampoco los arts. 60 y 278 de la Constitución Política del Estado (CPE), menos estuvieron en apego a la norma; ya que, el Órgano Judicial es independiente y la determinación de suspensión de actividades era una competencia exclusiva del Nivel Central;
4. 4)La SCP "06/2016" refirió la posibilidad de reconducción de una acción constitucional, siempre y cuando la afectación fuera contra grupos vulnerables; y, considerando en el caso concreto, el citado lugar y departamento, correspondió dicha reconducción; por ello, ameritó conceder la tutela impetrada, disponiendo la ilegalidad de esas "Resoluciones"; y,
5. 5)Hasta el "día de ayer" a horas 16:00, no se tuvo certidumbre de que si en la semana se volvería a trabajar o no; lo que, conllevó a interponer esta acción tutelar.

Pedro Melgar Dorado, Representante Distrital Pando del Consejo de la Magistratura, mediante su abogado en audiencia de garantías, manifestó que:

1. i)Lo pretendido por el peticionante de tutela estuvo relacionado a dejar sin efecto las Resoluciones emitidas por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; empero, la misma no expidió alguna orden, debiéndose aclarar que la suspensión de actividades fue determinada de manera conjunta por dicha Sala, el Consejo de la Magistratura y la DAF del aludido Tribunal, en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia, para disminuir la taza de infectados por el COVID-19;
2. ii)El impetrante de tutela no demostró la lesión tangible a algún derecho;
3. iii)Corresponde considerar que el 50% de los servidores públicos se contagiaron con el mencionado virus, y que ellos también gozaban de los derechos a la vida y a la familia, entre otros, consagrados por la Norma Suprema; y,
4. iv)Al solicitante de tutela se le concedió su libertad, previo el cumplimiento de requisitos; por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela.

Carlos Gutiérrez Gutiérrez, Director de la DAF del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, a través de su representante, en audiencia de garantías, señaló que:

1. a)El art. 37 de la CPE refiere que el Estado tiene la obligación de resguardar el derecho a la salud de la población; por ello, con base en el informe epidemiológico "43", que dio cuenta del alto índice de contagios en el señalado departamento, se tomó la decisión reflejada en las Resoluciones cuestionadas; en tal razón, no hubiera lesión a algún derecho; y,
2. b)La citada unidad, resguardando la salud de los servidores públicos y actuando con relación a lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) 4218 de 20 de abril de 2020 -teletrabajo-, estas "últimas" semanas no cesó en sus funciones; por ello, pidió se deniegue la tutela.

Raúl Tito Choclo Rubín de Celis, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Cobija del departamento de Pando, en la audiencia de garantías, expuso que:

1. 1)La acción de defensa interpuesta no era clara; puesto que, se confundió entre una acción de libertad y una popular; tampoco se señaló de qué manera los que conforman su despacho judicial, vulneraron el derecho a la libertad del accionante, cuando el mismo tuvo conocimiento que el escrito presentado no llegó al citado Tribunal, siendo imposible su atención; por lo que, careció de legitimación pasiva;
2. 2)El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala cuál es la finalidad y el objeto que tiene la acción de libertad; en tal sentido, la misma no tutela el acceso a la justicia; por lo que fue erróneamente planteada;
3. 3)La solicitud del impetrante de tutela en el memorial presentado el 12 de abril de 2021, refiere a la modificación de la fianza, la cual tuvo que ser considerada por la autoridad jurisdiccional, quien pudo conceder o denegarla; hecho que no precisamente estuvo directamente vinculado con el derecho a la libertad; empero, si en dicho escrito se hubiera informado sobre el pago de la fianza como única medida cautelar personal a cumplir, existiría una relación directa con el prenombrado derecho;
4. 4)Se limitó a señalar que se vio afectado por las Resolución Conjunta de Presidencia 01/2021 y la Resolución Conjunta 02/2021 de Presidencia Complementaria a la primera nombrada, expedidas por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, sin argumentar de qué manera se lo dejó en indefensión o si envió notas a esa instancia judicial; y,
5. 5)Conforme los fundamentos expuestos por el peticionante de tutela, no existiría la posibilidad de reconducción a una acción popular; motivo por el cual, impetró su denegatoria, además que esa conducta irresponsable de presentar demanda sin fundamento alguno, sea regulada con la imposición de una multa equivalente a un salario mínimo nacional.

Nejib Randall Silva Dueñas, Juez del citado Tribunal de Sentencia, en audiencia de garantías, argumentó que:

1. i)El solicitante de tutela no mencionó que la SCP "715/2012" entendió que la acción tutelar debió dirigirse contra la persona que lesionó su derecho a la libertad; lo cual, no ocurrió en la problemática planteada; puesto que, el memorial por el que solicitó la modificación de fianza económica a personal, fue remitido el "día de hoy" a su despacho judicial, habiendo programado el correspondiente acto procesal para el "miércoles"; en tal razón, no lesionó ningún derecho; y,
2. ii)El prenombrado no se encuentra en absoluto estado de indefensión; en tal razón, pidió se deniegue la tutela.

El Juez de Instrucción Penal Tercero de Cobija del departamento de Pando, mediante Resolución de 19 de abril de 2021, cursante de fs. 30 a 39, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. a)El proceso penal seguido contra el impetrante de tutela signado con el CUD 901102012001131, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 por la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la citada ciudad y departamento, está en etapa de juicio oral;
2. b)A favor del aludido se dispusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva, las cuales no cumplió; por tal motivo, continuó con la medida cautelar extrema; en tal razón, no atañó responsabilidad alguna contra los demandados;
3. c)La Resolución Conjunta de Presidencia 01/2021 y la Resolución Conjunta 02/2021 de Presidencia Complementaria a la primera nombrada, cuestionadas por el accionante; se emitieron con el propósito de resguardar el derecho a la salud, a la vida y evitar el contagio del COVID-19; ya que, los servidores judiciales -Vocales, Jueces y personal de apoyo- infectados ascendió al 50%, incluso se tuvo el deceso de una juzgadora del mencionado Tribunal Departamental; siendo que, los arts. 35 de la Norma Suprema, 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y, 11 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), de manera expresa obligan al Estado en todos sus niveles, a proteger el derecho a la salud al conjunto de estantes y habitantes dentro de su territorio; en consecuencia, al no haber ido contra la Constitución Política del Estado, no se lesionaron los derechos a la libertad y al acceso a la justicia del peticionante de tutela;
4. d)Lo reclamado por el prenombrado no se encontró dentro los presupuestos de procedencia de este mecanismo de defensa; tampoco, se halló indebidamente detenido; toda vez que, estuvo privado de libertad en mérito a un proceso penal seguido en su contra; la problemática planteada no se encontró directamente vinculada con su derecho a la libertad; toda vez que, en la audiencia de consideración de su pedido no se determinará de manera directa y automática su libertad, ni se evidenció que se encontraría en absoluto estado de indefensión; ya que, tiene pleno conocimiento de la causa penal, no advirtiéndose lesión a ningún derecho del solicitante de tutela; y,
5. e)La acción popular mencionada por los abogados del aludido, fue enunciada de manera incorrecta y confusa; por lo que, no ameritó pronunciamiento al respecto.