0768/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)Su inmediata libertad por encontrarse aproximadamente con trece meses con detención preventiva; y,
2. b)Se realice la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura para el correspondiente procesamiento y sanción de los demandados.

El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, reiteró los argumentos de su memorial de demanda de acción de libertad y ampliando los mismos, en audiencia, señaló lo siguiente:

1. 1)La modificación de la Ley 1173, establece que, las detenciones preventivas no pueden constituir condenas anticipadas, no pudiendo tenerse detenciones preventivas vigentes sin necesidad alguna y por el tiempo que aún le convenga, más al contrario debe realizarse en todo momento un análisis sobre la necesidad de la proporcionalidad y utilidad que éstas deban cumplir;
2. 2)Habiéndose establecido cinco meses de duración de la etapa investigativa, de febrero a julio de 2020, se cumplió el tiempo dispuesto para el efecto; en consecuencia, la representante del Ministerio Público, tenía la obligatoriedad de pronunciarse sobre una posible acusación particular o a petición de la parte querellante que sería el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba o sobre una posible ampliación del plazo, labor que no fue cumplida, dejando en total estado de indefensión al impetrante de tutela; y,
3. 3)Con relación a lo previsto por el art. 251 del CPP, el Tribunal Constitucional Plurinacional desarrolló un criterio sobre la apelación incidental, la cual, no debe estar sujeta a formalidades ni a provisión de recaudos; por lo que, que si el Juez de la causa ordena la remisión de actuados procesales al Tribunal de alzada, dicha disposición deben ser cumplida por el Secretario Abogado del citado Juzgado, situación que en el presente caso no ocurrió, ocasionando una indebida dilación.

María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 23 de marzo de 2021, cursante de fs. 27 a 28, refirió lo siguiente:

1. i)El proceso penal se inició a instancias del Ministerio Público, a denuncia de José Luis Solís Cadima en representación de la Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del citado departamento, contra Gerson Amílcar Escalera -ahora impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del Código Penal (CP), siendo notificado con la imputación formal en su contra el 11 de octubre de 2019, llevándose a cabo la audiencia de medidas cautelares el 13 de febrero de 2020 (en razón a que el imputado se encontraba detenido en otra causa por hechos de corrupción, proceso sustanciado en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del mismo departamento), audiencia donde se determinó la aplicación de la medida de detención preventiva que fue apelada por la defensa;
2. ii)Conforme a los antecedentes del proceso y por informe del Secretario del Juzgado a su cargo, ninguna de las partes intervinientes hizo seguimiento menos se apersonaron, solamente el representante del Ministerio Público remitió directamente la acusación formal contra el solicitante de tutela a la conclusión de la etapa preparatoria de la investigación;
3. iii)Una vez presentada la acusación formal, se ordenó la remisión de los actuados a la siguiente instancia, remitiendo el Secretario previo sorteo, al Juzgado de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba el 2 de septiembre de 2020, haciendo notar que el acusado se encontraba con detención preventiva en la Carceleta provisional de Arani del referido departamento, corroborándose que es falsa y temeraria su aseveración cuando afirmó que no se puso en conocimiento del citado Juez, dicho extremo; y,
4. iv)Por todo lo expuesto, no es responsabilidad de esta autoridad que continúe con detención preventiva; puesto que, a la conclusión de la etapa preparatoria ha dejado de tener control jurisdiccional de la causa, habiendo informado sobre la detención preventiva respecto del imputado a la autoridad de siguiente instancia, por el contrario se evidencio la dejadez y abandono de participación de la defensa.

Ever Fernando Velarde Morant, Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 23 de marzo de 2021 cursante de fs. 30 a 32, manifestó que:

1. a)La Ley Procesal Constitucional establece aspectos para la admisibilidad de un recurso extraordinario, así como las líneas jurisprudenciales donde se refieren a la subsidiariedad; es decir, que la acción de libertad se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata a los derechos que se encuentran dentro su ámbito de protección; sin embargo, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho lesionado, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de esta acción de defensa;
2. b)La presente acción tutelar, no refiere el porqué de forma directa se presentó dicho recurso constitucional, sin agotar la subsidiariedad (no está vinculado a un grupo vulnerable, no existe documentación objetiva que demuestre que la vida del imputado está en peligro); es decir, que la acción de libertad no cumple con la subsidiariedad que tiene carácter excepcional; puesto que, se encuentra pendiente la resolución del recurso de apelación formulado por el accionante ante un supuesto agravio;
3. c)Ante la supuesta falta de remisión conforme dispone el art. 251 del CPP, que otorga un plazo de veinticuatro horas para su cumplimiento, el solicitante de tutela debió tomar en cuenta la tipología de esta acción de defensa; puesto que, se tiene la acción de libertad de pronto despacho que sería aplicable en el presente caso y no así una acción reparadora; y,
4. d)Por último el cuanto a la petición de dejar en libertad de manera inmediata al imputado por estar detenido más allá del tiempo solicitado por el Ministerio Público, se debe tomar en cuenta que dicho plazo fue computado en la etapa investigativa del proceso y no así en la etapa de juicio oral.

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 23 de marzo de 2021, cursante de fs. 57 a 59 vta., concedió en parte la tutela impetrada, con relación a José Reynaldo Montaño Mejía, Secretario Abobado del Juzgado de Instrucción Penal Tercero; y, denegó la tutela solicitada con relación a María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera y Ever Fernando Velarde Morant, Juez de Sentencia Penal Cuarto; todos de Quillacollo del departamento de Cochabamba, decisión asumida bajo los siguientes argumentos:

1. 1)En atención a la determinación de la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del citado departamento, quien le fijo como duración de la detención preventiva impuesta al ahora accionante por el lapso de cinco meses y sobre el que ya existe una acusación formal del Ministerio Público en su contra, originando en la remisión ante el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del referido departamento, y con ello, la iniciación de los actos preparatorios del juicio oral, público y contradictorio, en armonía con el art. 340 del CPP; por consiguiente, no resultando una exigencia legal que la autoridad jurisdiccional donde se radica ahora la causa del conocimiento de la situación jurídica del acusado, a no ser por la solicitud de una medida cautelar planteada por el acusado;
2. 2)Con relación al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, tampoco existe una exigencia legal para que la autoridad jurisdiccional ante la presentación del requerimiento conclusivo de acusación formal por el Ministerio Público, deba remitir al Juzgado de Sentencia y/o Tribunal de Sentencia de turno conjuntamente al pliego acusatorio y la declaración del imputado; el cuadernillo de medidas cautelares organizado bajo su control, prueba de esta aseveración se encuentra expresado en el art. 325 del CPP, sustentando que no existió lesión alguna al debido proceso;
3. 3)En cuanto a la apelación incidental y su efecto devolutivo previsto en el art. 403 del CPP, ante su interposición suspende la facultad jurisdiccional hasta que el Tribunal de apelación conozca y decida sobre la resolución apelada pero sin suspender el trámite de fondo; tal es así que pese a la existencia de una apelación incidental sobre el plazo de detención preventiva, el Ministerio Público continuó con su investigación hasta concluir con una acusación, a cuya conclusión anunció la autoridad jurisdiccional solicitando, a la vez su remisión a un Juzgado de Sentencia Penal de Turno; se observa que, evidentemente la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, ante la vigencia de una apelación referente al plazo de detención preventiva, se hallaba impedida de hacer algún control jurisdiccional de los plazos procesales; y
4. 4)Habiendo correspondido en todo caso a la defensa del impetrante de tutela retirar la apelación y pedir a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del citado departamento, la cesación a la detención preventiva por vencimiento de plazo; todo esto en un rol activo y dinámico del accionante y su defensa y no reaccionar cuando el proceso ya se encontraba bajo competencia de otra autoridad jurisdiccional.