0768/2023-S1

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; disponiendo que:

1. a)Se anule parcialmente la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R 1112/2021 de 20 de agosto, con relación a la revocatoria de la Resolución de Rechazo RES.RECH./AJMM/33/2021 de 29 de marzo; y,
2. b)Se disponga la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada respetando el principio de congruencia; es decir, valorando los argumentos de la mencionada Resolución de Rechazo con relación a sus personas.

William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, a través de informe escrito cursante de fs. 114 a 118, refirió que:

1. 1)Respecto al principio de congruencia, se debe considerar que Leonardo Ossio Ferreira interpuso en representación de la ABC el recurso de objeción de rechazo, señalando específicamente que: "La Resolución de Rechazo No. 33/2021, encuentra sustento en el entendido de que no se individualizó la participación de los sindicados Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Nuñez Melgar y Marcus Felipe de Aragao Fernández pero no valoró que demuestran su grado de participación" (sic); además, Alexandra Carolina Valdez Puma en representación de la Procuraduría General del Estado, específico que se deben agotar los medios, que Marcus Felipe de Aragao Fernández, preste su declaración informativa; por su parte, Jaqueline Quisbert Callisaya, en representación del Ministerio De Obras Públicas, señaló que quedó pendiente el desarrollo de una Auditoría Forense sobre la participación económica y los montos entregados a la sociedad accidental ODEBRETCH-IASA y el establecimiento de la suma líquida fuera del pago de impuestos y gastos operativos no solo se investiga a la empresa constructora IASA sino también los procesos de contratación de los tramos de la obra; más aún, cuando siendo proponentes se establece que la sociedad ODEBRETCH quedó como ejecutora sin haber suscrito ningún contrato o cumplido los requisitos exigidos y que Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Núñez Melgar y Marcus Felipe de Aragao Fernández cometieron el delito de legitimación de ganancias ilícitas;
2. 2)Estas solicitudes fueron adecuadamente atendidas por la Resolución ahora cuestionada, precisamente en el Apartado II.3 del Análisis del caso concreto, donde se explicó que solo se emitió comparendo para determinadas personas y para otras no, por lo que no podía validarse una resolución de rechazo fundada en inoperancia del propio Ministerio Público conforme se observaba de lo manifestado en la propia Resolución de Rechazo RES.RECH./AJMM/33/2021 de 29 de marzo; por lo cual, debe necesariamente realizarse actos investigativos correspondientes a una auditoría forense así como también la identificación de si su participación se circunscribe al de una sociedad o asociación sin fines de lucro, entendimiento en razón al cual resulta necesario el desarrollo de una audiencia de inspección técnica ocular de los tramos carreteros o mínimamente el desarrollo de un registro del lugar del hecho de aquel sector;
3. 3)Entonces, la referida Resolución de Rechazo, señaló la existencia de actividades investigativas pendientes con relación a los ahora accionantes; por lo que, no puede alegarse que no se consideró la misma determinando incluso las mínimas y necesarias actuaciones que deben ser concluidas por el Ministerio Público en ejercicio de la acción penal pública en cumplimiento de la obligación investigativa;
4. 4)En cuanto a la falta de fundamentación y motivación de la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R. 1112/2021 de 20 de agosto, se debe considerar que el art. 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP), permite revocar una resolución de rechazo cuando quedan actuaciones investigativas pendientes; entonces, el motivo de la revocatoria del rechazo, radica en la necesaria investigación de todos los sujetos implicados para identificar de ese modo la forma y grado de participación de los sospechosos de comisión de delitos vinculados a corrupción, actividad que por la multiplicidad de personas y hechos solamente puede ser realizada mediante el agotamiento de las actuaciones investigativas útiles y pertinentes al caso concreto para de ese modo garantizar el adecuado desarrollo de una investigación penal por cuanto una eventual confirmación de la Resolución de Rechazo en plena fase investigativa implicaría comprometer los alcances de la realidad hipotética del objeto de investigación; y,
5. 5)Entonces, en razón a que la resolución jerárquica, determina adecuadamente los motivos de la decisión asumida, solicita se deniegue la tutela impetrada.

Freddy Mamani Laura, Presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus representantes legales, por informe escrito, cursante de fs. 98 a 100 vta., señaló que:

1. i)Como antecedente del amparo constitucional, se encuentra el INF-CEMISO y LJ 0014/2018-2019 emitido por la Comisión Mixta de Investigación de Sobornos el cual determinó que la Empresa Constructora ODEBRECHT Sociedad Anónima (S.A.) realizó transferencias de dinero a funcionarios del Servicio Nacional de Caminos así como a funcionarios del Órgano Ejecutivo con el objeto de adjudicarse obras, siendo los ahora accionantes debidamente incluidos en el proceso penal al ser ejecutores del 30% del tramo carretero El Carmen-Arroyo Concepción en asociación accidental con la mencionada empresa;
2. ii)El referido informe, recomendó al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobar el mismo y que este sea remitido al Ministerio Público para que se active la cooperación entre estados y se profundice la investigación; entonces, con esos antecedentes se remitió al Ministerio Público iniciándose las investigaciones; y,
3. iii)De la compulsa de la acción de amparo constitucional, se evidencia que la misma no es precisa, más no adjunta literales referentes a los supuestos agravios cometidos por este ente camaral, motivos que fueron expuestos en sus fundamentos de hecho y derecho por lo que no se acredita con documentación fehaciente e idónea los derechos supuestamente vulnerados por esa instancia.

Edgar Montaño Rojas, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de sus representantes legales, en audiencia refirieron que:

1. a)La empresa constructora IASA, trata de eximirse, y evadirse de los actos que están en trámite; sin embargo, los mismos no agotaron la subsidiariedad, puesto que podían acudir ante el Juez de Instrucción Penal, donde se está tramitando la causa; y,
2. b)La acción, no procede, ya que existen hechos controvertidos que precisamente deben resolverse entre el Ministerio Público y el Juzgado Cautelar.

Teófilo Tango Sánchez, Gerente Nacional Jurídico de la ABC, a través de sus representantes legales, en audiencia señalaron que:

1. 1)Se puede evidenciar que la acción de amparo constitucional carece de carga argumentativa; puesto que, sobre la relevancia constitucional no se hace mención a prueba alguna, es decir, alega falta de fundamentación y motivación pero posteriormente nos señala irrazonable valoración de la prueba; y,
2. 2)Entonces, nada tiene que ver la congruencia y la fundamentación y motivación con la valoración razonable de la prueba, además, no nos señaló que tipo de falta de motivación encontró, es decir, si esta es insuficiente o arbitraria, en suma, su acción carece de carga argumentativa.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 82/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 126 a 130 vta., denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Del análisis de la presente acción de amparo constitucional, se tiene como antecedentes, la denuncia penal presentada como consecuencia de un proceso de investigación penal caratulada como "0014/2019", emitida por la Comisión Especial Mixta de Investigación de Soborno, mencionados en Procesos Judiciales Internacionales, Caso ODEBRECHT y Lava Jato Camargo, presentado al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 3 de octubre de 2018, mismo que fue aprobado en dicha instancia el 12 noviembre del mismo año;
2. ii)De esta manera se tiene que estos actuados fueron en conocimiento de la Fiscalía Departamental de La Paz a efectos de la investigación correspondiente; encontrándose la presente en la etapa de inicio de proceso investigativo, donde no existe imputación, empero el Ministerio Publico emitió cuatro Resoluciones de Rechazo, estos en favor de los que ahora se constituyen en parte accionante, es decir Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Gabriel Núñez Melgar, sin embargo que la misma habría sido objeto de Impugnación remitiéndose ante el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, para que asuma conocimiento, quien mediante Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R 1112/2021 de 20 de Agosto dispuso Revocar las Resoluciones de Rechazo 32/2021 y 33/2021 de 29 de marzo, complementada por memorial de 2 de Junio de 2021, Resolución de Rechazo 34/2021 de 29 de marzo y Resolución de Rechazo 40/2021 de 13 de abril. Que fueron dictadas por los Fiscales de Materia Adolfo Johan Muñoz Mejía y Ramiro Nelson Prieto Villegas a favor de María Leticia y Marcela Bruno, en los que también se encontrarían los ahora peticionantes de tutela, respecto a la probable comisión del hecho adecuado a los tipos penales de legitimación de ganancias ilícitas y sociedades o asociaciones ficticias, sancionados por el art. 185 bis y 229 del Código Penal (CP), tomando como hecho lesivo dicha resolución que afectaría los intereses de la parte impetrante de tutela;
3. iii)De acuerdo al contenido y exposición realizada por la parte accionante e informe de la parte demandada, se llega a la conclusión que en toda investigación por cualquier tipo de delito que se denuncia, debe existir una investigación prolija, técnica, científica, si el caso amerita, para que con su resultado el Ministerio Público como Director de las investigaciones pueda realizar dicho trabajo conforme dispone el art. 70 del CPP; y,
4. iv)En el presente caso se advierte que no existe imputación, menos se halla en la etapa preparatoria, instancia propia de investigación, donde se tiene que colectar todas las evidencias y pruebas para establecer si realmente están o no involucrados en la denuncia realizada, en este caso a instancias del poder legislativo. De esta manera, la Resolución a emitir para que no adolezca de una investigación que no cumpla con la objetividad que debe caracterizarla, como la ahora impugnada y observada por el Fiscal Departamental de La Paz mediante Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R. 1112//2021 que revoca las Resoluciones de referencia, debiendo continuar con la investigación que dé lugar a una Resolución acorde a un trabajo responsable del cual se espera, adecuada a una motivación, congruencia, sin vulnerar el debido proceso; por lo que, no se da curso a la petición.

II.1. Cursa Resolución de Rechazo RES.RECH./AJMM/33/2021 de 29 de marzo, emitida por la comisión de fiscales constituidos por Adolfo Johan Muñoz Mejía y Ramiro Nelson Prieto Villegas; a través del cual, determinaron prescindir de la persecución penal seguida contra Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Gabriel Núñez Melgar -ahora accionantes- y Marcus Felipe de Aragao Fernández en aplicación de los arts. 304 inc. 3 y 4 del CPP respecto al delito de legitimación de ganancias ilícitas. Determinación asumida en consideración a los siguientes argumentos:

1. a)En su acápite denominado "Resolución Fáctica de los hechos" describió los hechos denunciados;
2. b)En su acápite denominado "Elementos Colectados" durante la etapa preparatoria, enumeró un total de noventa y un elementos colectados durante la etapa investigativa; y,
3. c)En su Fundamentación de derecho señaló que el rechazo de denuncia, se debe a la concurrencia de las causales establecidas en el art. 304 inc. 3 y 4 del CPP; es decir, "3.- La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación. 4.- Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso" (sic) añadiendo posteriormente:

Finalmente, el ejercicio de la titularidad de la investigación en los delitos que se encuentren en el marco de la competencia del Ministerio Público, el Art. 40.11) de la LOMP. reconoce a los Fiscales de Materia, la facultad de disponer de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo o el sobreseimiento. Al respecto, el Art. 301.3) del Código de Procedimiento Penal (modificado por Ley 007 de 18 de mayo de 2010), señala que recibidas las actuaciones policiales (informe preliminar), el Fiscal analizará su contenido y en función a ello, optará por el rechazo de la denuncia, querella o actuaciones policiales, disponiendo el archivo de obrados, precisa que la resolución de rechazo deberá estar debidamente fundamentada, cuando:

1. 3)La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación 4) Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso, puesto que en la presente causa, no se cuenta con la declaración informativa de los sindicados y los elementos colectados no son suficientes para determinar la existencia del hecho y la participación en el hecho denunciado." (fs. 36 a 42).

II.4. Cursa Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R. 1112/2021 de 20 de agosto; por el cual, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado- dispuso REVOCAR las Resoluciones de Rechazo RES.RECH./AJMM/32/2021 de 29 de marzo; RES.RECH./AJMM/33/2021 de la misma fecha, complementada por memorial de 2 de junio; la RES.RECH./AJMM/34/2021 de similar fecha y RES.RECH./AJMM/40/2021 de 13 de abril. Determinación asumida en consideración de los siguientes argumentos:

1. 1)En su acápite denominado "Antecedentes del hecho investigado" recalcó los hechos denunciados; y,
2. 2)En su acápite denominado "Fundamentos Jurídicos de la Resolución Jerárquica" en principio, resume los fundamentos que motivaron la emisión de las resoluciones de rechazo; señalando respecto a la RES.RECH./AJMM/33/2021 de 29 de marzo, que:

"De acuerdo a la lectura realizada a la Resolución de Rechazo No. RES.RECH/AIMM/NO. 33/2021, se observa que los Fiscales de Materia Ramiro Prieto Villegas y Johan Muñoz Mejía, pronunciaron la determinación mencionada en mérito al cumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo de la etapa preliminar concluyendo que:

1. 1)Durante la fase investigativa se recabó la declaración informativa de Orlando Gabriel Núñez Melgar, José Cuellar Chavez y Pedro Antonio Yovhio Ferreira en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz,
2. 2)Marcus Felipe de Aragão Fernández es de nacionalidad Brasilera y no fue habido en el territorio Boliviano, así como también, no prestó su declaración informativa;
3. 3)Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Núñez Melgar y Marcus Felipe Aragao Fernández, habrían sido los ejecutores de un tramo diferente de la obra que se investiga, extremo que no fue corroborado junto a su nivel de participación, rédito económico y su individualización por la ejecución de obras o fracciones del capital aportante y los beneficios por la conformación de la Sociedad Accidental ODEBRECHT- IASA bajo el entendido de una suma líquida fuera del pago de impuestos y gastos operativos que necesariamente deberá ser cuantificada en una Auditoría Forense, así como también la identificación de si su participación se circunscribe al de una sociedad o asociación con o sin fines de lucro, entendimiento en razón al cual resulta necesario el desarrollo de una audiencia de Inspección Técnica Ocular de los tramos carreteros mencionados o minimamente el desarrollo de un Registro del Lugar el Hecho en aquel sector,
4. 4)Se considera inicialmente que Alex José Cuellar Chavez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Núñez Melgar y Marcus Felipe de Aragao Fernández no participaron en el proceso de contratación y su participación se circunscribe al de una persona jurídica y no como personas naturales siendo que habrían formado parte del área operativa y ejecutora de la obra;
5. 5)La Empresa IASA presentó documentación de descargo sobre la Constructora IASA Ltda.; empero, al no haberse identificado el grado de responsabilidad y participación individual de los sindicados por la comisión del delito de Legitimación de Ganancias lícitas se advirtió pertinente emitir la Resolución de Rechazo en su favor Aplicando en consecuencia el tercer y cuarto supuesto previsto por el artículo 304 del código de Procedimiento Penal".

"1. La Dirección Funcional de la Investigación, tuvo una incorrecta interpretación sobre la funcionalidad e instrumentalidad de la declaración informativa de un justiciado dentro de la sustanciación de una investigación penal; toda vez que, si bien describió como argumento central y motivo jurídicamente relevante para dictaminar el cese de las actuaciones investigativas preliminares contra María Elena Dips Prudencio que "fue citada en la dirección de su domicilio real acorde al SEGIP y SERECI, pero no compareció ante el Ministerio Público en fecha 24 de marzo de 2021", es necesario aclarar que la inconcurrencia de la declaración informativa de un justiciado, no puede ser comprendida como la expresión de un obstáculo legal que impide el normal desarrollo de la tramitación de una investigación penal en conformidad al artículo 304 del Código de Procedimiento Penal, al configurar el medio directo del ejercicio del derecho a la defensa formal y material que puede o no ser ejercicio por el justiciado durante el desarrollo de la investigación penal y el entendido normativo previsto por el num. 4) del artículo 304 del Código de Procedimiento Penal, el medio jurídico a través del cual se hace referencia a la manifestación de circunstancias o situaciones jurídicas innominadas que acorde a su naturaleza insidiaría y correlación con los institutos procesales propios de la sustanciación de un procesamiento judicial o el ejercicio del desarrollo de la investigación penal, impiden la prosecución de la tramitación del procesamiento de los investigados y no así su sometimiento a una investigación penal promovida por el Ministerio Público; resultando en consecuencia lógica y jurídicamente alejado de un adecuado razonamiento interpretativo, comprender que la inconcurrencia de la declaración informativa de un justiciado configura un obstáculo legal que impide el desarrollo de un proceso y por consiguiente que aquel entendimiento pueda ser considerado como un motivo jurídico determinante para comprender acertado el rechazo de las actuaciones investigativas preliminares; extremos de orden interpretativo que de similar manera deben ser considerados con relación a los criterios utilizados para comprender legalmente justificado el rechazo de las actuaciones investigativas preliminares en favor de Marcus Felipe de Aragao Fernández, Luis Humberto Landivar Pereira, Raquel Brychcy de Saavedra y Carlos Armando Saavedra mediante el entendido de que "al no haber podido ser citados por dificultades operativas de traslado; y porque se presume que residen en el exterior del territorio Boliviano no pudo contarse con sus declaraciones informativas" resultando en consecuencia que no puede atribuirse la comisión de un accionar delictivo en razón al entendimiento jurisprudencial previsto por la 0Sentencia Constitucional No. 1714/2003 de fecha 25 de noviembre que estableció que la declaración informativa del sindicado "constituye un requisito indispensable para imputar formalmente a una persona que esta última haya prestado su declaración informativa policial ya que de to contrario se estaría vulnerado el Debido Proceso y las garantías constitucionales. toda vez que, si bien el entendimiento jurisprudencial descrito precedentemente permite comprender que la declaración informativa de los sindicados es un requisito básico y esencial para la emisión de una resolución fiscal distinta al rechazo de las actuaciones investigativas preliminares y emisión de una Resolución de Imputación Formal; no es menos cierto que la invocación de los citados enunciados) constitucionales difiere del estado de la tramitación de la investigación objeto de análisis y revisión en la presente resolución; toda vez que, si bien la Sentencia: Constitucional No. 1714/2003 describe que la emisión de una Resolución de Imputación Formal sin antes haberse tomado la declaración informativa del denunciado transgrede el derecho de ser juzgado sin haber sido oído durante la sustanciación del proceso, no es menos cierto que aquella trasgresión se materializa "cuando se omite deliberadamente la recepción de la declaración informativa del sindicado a pesar de poseerse las posibilidades de recepcionarla", siendo que recién a partir de aquella premisa o circunstancia hipotética se impone o somete en indefensión al sindicado; extremo que no se advierte haya acontecido en la presente investigación, resultando ilógica su consideración como un motivo jurídica determinante del rechazo de la investigación y más al contrario advierte la expresión de una interpretación jurídica subjetiva y discrecional de lineamientos jurisprudenciales emitidos por el extinto Tribunal Constitucional con la única finalidad de convalidar y disimular la inoperancia procesal e investigativa para la citación y posterior recepción de las entrevistas informativas de los sindicados Marcus Felipe de Aragao Fernández, Luis Humberto Landivar Pereira, Raquel Brychcy Saavedra y Carlos Armando Saavedra Bruno, toda vez que, la revisión de los antecedentes de la investigación únicamente permite advertir los antecedentes de las solicitudes de, cooperación internacional relacionadas a la citación de Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira y Orlando Nuñez Melgar y no así algún otro elemento documental que permita inferir que Marcus Felipe de Aragao Fernández, Luis Humberto Landivar Pereira, Raquel Brychcy de Saavedra y Carlos Armando Saavedra Bruno fueron adecuada y oportunamente citados para la recepción de su entrevista, informativa policial, advirtiéndose en consecuencia un comportamiento negligente por parte de los miembros de la comisión de Fiscales encargados de la tramitación del proceso investigativo, más aún, considerando que con relación a la recepción de la declaración informativa de la sindicada Patricia Alejandra Ballivian Estensoro, se omitió la adecuada aplicación del entendido normativo previsto por el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal que estableció con relación a la recepción de la declaración informativa del sindicado inasistido de un Abogado Defensor que "...) se fijará nueva audiencia para el día siguiente, procediéndose a su citación formal" y que "(...) si no compareciera, se designará inmediatamente a otro, sin perjuicio de las sanciones que correspondan", toda vez que, el entendido normativo descrito precedentemente permite comprender la omisión funcional en la que se incurrió al momento de la recepción de la declaración informativa de Patricia Alejandra Ballivian Estensoro, al no haberse asegurado, que posterior a su presentación sin la asistencia de su Abogado defensor comparezca el día siguiente hábil para el cumplimiento de la finalidad procesal de la recepción de su declaración informativa.

1. 2)Los Fiscales de Materia Ramiro Prieto Villegas y Johan Muñoz Mejía no emitieron un pronunciamiento completo que cumpla con las especificaciones previstas en la norma adjetiva penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, pese a que es un requisito indispensable para la emisión de una determinación que resuelva el fondo del resultado de la investigación, que ésta cumpla con el deber de fundamentación, motivación y certeza respecto a lo que se está resolviendo, cumpliéndose de ese modo con las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas, no sólo circunscribiéndose a lo expuesto por los sujetos procesales sino también citar las evidencias e indicios de convicción de manera específica en los cuales se basa la Resolución de Rechazo; así también, realizar la exposición positiva o negativa de su criterio sobre el valor que le dan a todos los antecedentes colectados durante el desarrollo de la investigación, para finalmente resolver la problemática concreta, debido a que si no se procede de esa manera resultara la emisión de una decisión arbitraria, considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable, no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión como acontece en el caso concreto; más aún, si no se tomó en cuenta que, cuando los delitos investigados son diferentes, al igual que él o los justiciados, es deber del o la Fiscal de Materia individualizar las circunstancias particulares de cada hecho y las condiciones de los autores o partícipes del hecho, pues cada hecho y cada autor exige un tratamiento legal diferenciado, conforme los principios fundamentales del derecho penal, siendo obligación del Ministerio Público, investigar cada hecho e individualizar a cada partícipe; extremo que no aconteció en el presente caso; toda vez que, los argumentos de fundamentación y motivación de las Resoluciones de Rechazo objeto de revisión, únicamente se limitan a justificar que María Leticia Marcela Bruno de Kempff, Ranquel Brychcy de Saavedra y Carlos Armando Saavedra Bruno no tuvieron conocimiento de los extremos de hecho en razón a los cuales son investigados, mediante la recepción de su entrevista informativa; así como también con relación a la participación de Alex José Cuellar Chavez. Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Núñez Melgar, Patricia Alejandra Ballivian Estensoro, María Elena Dips Prudencio, Luis Humberto Landivar Pereira y Amina Patroni Coronado, que aún queda pendiente el desarrollo de determinadas actuaciones investigativas para identificar el grado, modo y forma en el cual participaron en las circunstancias hipotéticas que componen el ámbito fáctico identificado como objeto de la investigación relacionada a la investigación del proceso de negociación, licitación y contratación de empresas para la ejecución del Tramo Carretero Roboré el Carmen y el Carmen Arroyo - Concepción, sin una posterior explicación del por qué los elementos y medios documentales cursantes en los antecedentes de la investigación permiten comprender materialmente justificado el rechazo de las actuaciones investigativas preliminares; entendimiento que además condice con la emisión de un accionar carente de congruencia, por la no exposición individualizada de cada uno de los elementos y medios probatorios cursantes en los antecedentes de to investigación y su relación probatoria conforme a las circunstancias peculiares del hecho investigado, en razón a los cuales se infiere que los sindicados adecuaron su accionar a un comportamiento delictivo; motivo por el cual, considerando que el ámbito fáctico y material de la participación de Raquel Brychcy de Saavedra y María Leticia Marcela Bruno de Kempff se circunscribe al entendido de hecho en el que "Maria Leticia Marcela Bruno de Kempft recibió diferentes transferencias bancarias internacionales Off Shore como ser en fecha 16 de enero de 2006, $us 179.990.00 02 de marzo de 2006 $us. 74.990.00; 20 de marzo de 2006 $us. 87.490.00 y 23 de enero de 2006 $us. 185.000.00, dinero que posteriormente fueron transferidos en fecha 26 de enero de 2006 en un monto de Sus, 30.307.24 mediante la emisión de un cheque de gerencia del BNB, en fecha 16 de enero y 02 de marzo de 2006 un monto de $us. 8.000.00 y $us. 10.000.00 a Miriam Ergueta, en fecha 30 de enero de 2006 $us. 50,000 a Roberto Saavedra Rengifo, en fecha 17 de enero de 2006 $us. 100.000, 18 de enero de 2006 Sus 71990,00, 18 de enero de 2006 $us. 71.990.00, 26 de enero de 2006 $us. 70.000.00, 03 de marzo de 2003 $us. 64.990.00, 03 de marzo de 2003 $us. 87.490.00 y con relación a Raquel Brychty de Saavedra la recepción de transferencias internacionales de cuentas off Shore como ser en fecha 13 de enero de 2006 $us. 69.990.00, 06 de febrero de 2006 $us. 49.980.00, en fecha 23 de febrero de 2006 $us. 89.945.00 y en fecha 23 de enero de 2006 $us. 75.000.00, mismos que posteriormente fueron distribuidos en fecha 31 de enero de 2006 por un monto de $us. 20.000 en favor de Guido J. Moreno Menacho; en fecha 25 de enero de 2006 por un monto de $us. 65.000.00 en favor de José Lino Roca; en fecha 06 de febrero de 2006 por un monto de $us. 6.000.00, 07 de febrero de 2006 por un monto de $us. 30.000 y en fecha 24 de febrero de 2006 por un monto de $us. 89.945.00 en favor de María Leticia Marcela Bruno de Kempff, finalmente en fecha 25 de enero de 2006 un monto de $us. 5.000.00, 10 de febrero de 2006 un monto de $us 20.000 y en fecha 30 de enero de 2006 un monto de $us. 50.000 en favor de Roberto Saavedra Rengifo", extremos de hecho sobre los cuales no se advierte se haya dispuesto la práctica de actuados investigativos útiles y pertinentes destinados a su corroboración e indagación, se advierte razonablemente justificada la revocatoria de la determinación asumida en favor de Raquel Brychcy de Saavedra y María Leticia Marcela Bruno de Kempff por la probable comisión del hecho adecuado a los tipos penales de Enriquecimiento ilícito, Legitimación de Ganancias licitas y Enriquecimiento ilícito de Particulares con Afectación al Estado; en consideración a que los extremos descritos precedentemente permiten advertir la distribución de capitales económicos obtenidos de fuentes bancarias sobre las cuales no se conoce su origen y los motivos de su entrega; accionar en razón al cual se comprende que Carlos Armando Saavedra Bruno participó en base a una forma de participación criminal con relación al comportamiento desplegado por Raquel Brychcy de Saavedra, más aún, considerando que el análisis del Testimonio N° 061/2016 de fecha 08 de julio de 201, concerniente a Protocolización de la documentación de Constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la demonización Prina SRL suscrito entre Carlos Armando Saavedra Bruno Roberto Saavedra Rengifo; permite inferir la existencia de un vínculo entre Carlos Armando Saavedra Bruno y Roberto Saavedra Rengifo a quien Raquel Brychcy de Saavedra entregó diferentes montos económicos, comprendiéndose en consecuencia lógicamente justificada la revocatoria de la determinación asumida en su favor: más aún, considerando que la revisión de los antecedentes de la investigación, permitió identificar que no se dispuso ningún actuado investigativo destinado a la corroborar o desvirtuar los motivos de hecho en razón a los cuales la investigación fue ampliada en su contra. Situación similar con relación al probable comportamiento desplegado por Amina Patroni Coronado, toda vez que, la revisión de los antecedentes de la investigación permiten advertir que le fue atribuida la probable comisión del delito de Legitimación de Ganancias licitas afirmándose la falta de actuación investigativas destinada a comprobar que aquel accionar se encuentra vinculado a la falsificación de documentos públicos o privados, concernientes a los contratos de préstamos de dinero suscritos ante la Notaria de Fe Pública N° 25 y N° 34 del Distrito Judicial de Santa Cruz, actuados investigativos que además fueron objeto de reclamo y solicitud por la entidades objetantes y que no fueron adecuadamente atendidos por la Dirección Funcional de la Investigación y por consiguiente deberán ser prácticos durante el desarrollo de la investigación preliminar y preparatoria al juicio oral;
2. 3)Es necesario señalar con relación al rechazo de las actuaciones investigativas en favor de Luis Humberto Landivar Pereira, Patricia Alejandra Ballivian Estensoro y Maria Elena Dips Prudencio y su probable participación en las circunstancia de hecho que conforman la hipótesis fáctica objeto de investigación, que la revisión de los antecedentes de la investigación permitió advertir su participación en el proceso de contratación y la firma de la Minuta de Contrato N 181/05/GCT-OBR de fecha 14 de marzo de 2005, de Contrato de Obra de Pavimentación y Construcción del Tramo el Carmen Arroyo Concepción suscrito entre el Servicio Nacional de Caminos SNC representado por José María Bakovic Turigas en calidad de Presidente Ejecutivo,) Humberto Landivar Pereira en calidad de Gerente Administrativo Financiero, Patricia Ballivian Estensoro en calidad de Gerente Administrativa Financiera y María Elena Dips Prudencio en calidad de Gerente Jurídico y Marcus Felipe Aragão Fernández como representante legal de la Sociedad ODEBRECHT IASA en calidad de Contratista, resultando en consecuencia alejado de un adecuado criterio interpretativo del modo y forma de la participación de Patricia Alejandra Ballivian Estensoro, María Elene Dips Prudencio y Luis Humberto Landivar Pereira afirmar que no participaron en la ejecución de la obra; toda vez que, según la cláusula segunda de los antecedentes del contrato, llegó a verificarse que los precitados sindicados formaron parte de la Comisión Calificadora del Servicio Nacional de Caminos realizando el análisis y evaluación de las propuestas y formaron parte de los funcionarios públicos que resolvieron adjudicar la ejecución de la obra a la Asociación Accidental ODEBRECHT IASA, infiriéndose en consecuencia la probable concurrencia de circunstancias de hecho relacionadas al vínculo de causalidad de la conducta sancionada por el tipo, penal de Contratos Lesivos al Estado y la probable concurrencia de circunstancias relacionadas a la omisión, retardación o incumplimiento de un deber propio de funciones con relación a la suscripción del citado contrato, más aún, considerando que el análisis de la información proporcionada por la Unidad de Investigaciones Financieras permitió tomar conocimiento con relación a Luis Humberto Landívar Pereira que registro en fecha 05 de enero de 2007 una transferencia bancaria por $us. 39.955.00 de origen desconocido, infiriéndose en consecuencia un posible vínculo de acción entre el comportamiento desplegado por Luis Humberto Landivar Pereira, Patricia Alejandra Ballivian Estensoro, María Elena Dips Prudencia y Raquel Brychcy de Saavedra como también María Leticia Marcela Bruno de Kempff al ser las personas encargadas de la distribución de los montos económicos obtenidos por transferencias extranjeras, extremos componentes de la hipótesis de sindicación sobre los cuales además se advierte no se dispuso la práctica de algún actuado investigativo destinado a corroborar o desvirtuar la sindicación expuesta contra Patricia Alejandra Ballivian Estensoro, María Elene Dips Prudencio y Luis Humberto Landivar Pereira, resultando en consecuencia razonablemente justificada la revocatoria de la determinación asumida por la Dirección Funcional de la investigación; considerando que de similar manera se infiere la participación de Marcus Felipe de Aragão Fernández en la suscripción del citado contrato con relación a quien se presume la probable comisión del hecho adecuado a los tipas penales de Legitimación de Ganancias ilícitas y Sociedades o Asociaciones Ficticias, entendimiento hipotético de los alcances del objeto de la investigación que deberá ser adecuadamente analizado con relación a Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira y Orlando Núñez Melgar en relación a la creación de la Sociedad ODEBRECHT - IASA y la probable ganancia ilícita relacionada al aporte de un monto económico de $us. 93.655.221.95 conforme al entendido juridico previsto por el artículo 13 del Codigo Penal referente a la Responsabilidad Penal del Organo y del Representante; máxime, cuando no se dispuso la práctica de ningún actuado investigativo destinado a corroborar o desvirtuar aquellos extremos componentes de la hipòtesis de sindicación expuesta en su contra: más un considerando que según el entendimiento jurisprudencial descrito en la 0Sentencia Constitucional No 1616/2011-R de fecha 11 de octubre, se estableció que la labor del Ministerio Público en la persecución de la acción penal no puede ser desarrollada con una actitud pasiva y negligente que contraríe el orden constitucional que le exige promover la acción de la justicia, la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad. En tai virtud su misión debe ser cumplida con la mayor eficiencia y diligencia posible, de ahí que, al ser único e Indivisible, su estructura funcional debe estar orientada a concretar su misión y finalidad, lo que obliga a que exista una exigencia interna en el control y cumplimiento de las labores del Ministerio Público;
3. 4)Por otra parte es necesario detallar que, se identificó que no se desarrolló y se dispuso la práctica y obtención de más actuados investigativos útiles y pertinentes a fin de desvirtuar o corroborar la hipótesis de sindicación expuesta como base fáctica indicial para el desarrollo de una investigación contra Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Núñez Melgar, Marcus Felipe de Aragao Fernández, Patricia Alejandra Ballivian Estensoro, María Elena Dips Prudencio, Luis Humberto Landivar Pereira, Raquel Brychcy de Saavedra, María Leticia Marcela Bruno de Kempff, Carlos Armando Saavedra Bruno y Amina Patroni Coronado y de ese modo tomar conocimiento objetivo de la concreción de un accionar delictivo pasible de sanción conforme a los tipos penales que fueron invocados como parámetro jurídico provisional de la tipicidad y antijuricidad de su comportamiento u otra figura delictiva, acorde al análisis de las características y peculiaridades propias del hecho investigado, estableciéndose de ese modo la ausencia de actos investigativos para esclarecer el hecho querellado, los cuales durante el transcurso de la investigación no fueron debidamente diligenciados; aspecto que es entera responsabilidad del Director Funcional de la Investigación y que deberá ser subsanado a través de una prolija investigación que agote todos los actos investigativos posibles a fin de establecer la verdad material del hecho denunciado; motivo por el cual en circunspección del lineamiento jurisprudencial descrito por la 0Sentencia Constitucional No. 0797/2010 R de fecha 02 de agosto que estableció "(...) durante el proceso de recolección de elementos de prueba, el Ministerio Público debe agotar cuanto sea pertinente para la investigación, en función de cumplir con su propósito de promover la acción de la justicia, para perseguir y sancionar al autor de la comisión de un delito, no pudiendo omitir la recolección y compulsa de aquella prueba que tenga relación con los hechos denunciados, que conduzca a demostrar la responsabilidad del imputado o acusado y con la finalidad de llegar a la verdad material del hecho querellado, resulta pertinente que la Dirección Funcional:
4. a)A efecto de la obtención de información sobre la presunta falsedad de los Contratos de Préstamos y Cancelación de Prestamos realizados por Amina Patroni Coronado en calidad de acreedora en el Departamento) de Santa Cruz, ante la unidad correspondiente se emita Requerimiento Fiscal a la Notaría de Fe Pública No. 34 a cargo de la Dra. Martha Ariane Antelo Cabruja con la finalidad de que informe sobre los Formularios de Reconocimiento de Firmas y Rúbricas No. 4826379 de fecha 01 de septiembre de 2006 y No. 4310650 de fecha 14 de octubre de 2005, a la Notaría de Fe Pública No. 25 a cargo del Dr. Jesús Melgar Arteaga a efectos de que informe sobre el Formulario de Firmas y Rúbricas No. 2191000 de fecha 07 de febrero de 2014 y remitan fotocopias legalizadas de las mismas con la documentación adjunta a dichos actos; asimismo, se realice la Audiencia de Inspección Técnica Ocular ante las citadas Notarías a fin de verificar el archivo a cargo de los Notarios y si efectivamente cursan las documentaciones cuestionadas;
5. b)Con la finalidad de obtener información respecto a los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de las sindicadas, se emita Requerimiento Fiscal ante el Consejo de la Magistratura y a la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial a efectos de que, previa verificación de los archivos y registros, remita informe sobre los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de: Patricia Alejandra Ballivian Estensoro, María Elena Dips Prudencio y Amina Patroni Coronado;
6. c)En atención a la presentación de la Certificación emitida por el Juzgado Público de Familia Décimo Sexto de la Capital, Zona Pampa de la Isla Los Chacos del Departamento de Santa Cruz que declaró judicialmente Interdicta a María Leticia Marcela Bruno de Kempff. se emita Requerimiento Fiscal ante la unidad correspondiente a efectos de realizar la valoración de Maria Leticia Marcela Bruno de Kempff en atención a lo establecido en el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal;
7. d)Con la finalidad de verificar las cuentas aperturadas a nombre de Raquel Brychicy de Saavedra y María Leticia Marcela Bruno de Kempff mediante cuentas SAFI del Banco Nacional de Bolivia BNB, se emita Requerimiento Fiscal a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a efectos de que disponga que el Banco Nacional de Bolivia BNB remita la documentación de las cuentas registradas mediante SAFI No. AC00734467 y No. AC1400066783, asimismo, el estado de las cuentas desde la apertura de las mismas;
8. e)En cumplimiento de los protocolos de actuación propios de la Fiscalía General del Estado se disponga el estudio pericial de Auditoria Forense a efecto de la constatación material de una posible afectación económica al Estado que, como consecuencia generó el Enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento ilícito de Particular con Afectación al Estado y Legitimación de Ganancias licitas de Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Núñez Melgar, Marcus Felipe de Aragao Fernández. Patricia Alejandra Ballivian Estensoro, María Elena Dips Prudencio, Raquel Brychcy de Saavedra. María Leticia Marcela Bruno de Kempff. Carlos Armando Saavedra Bruno y Amina Patroni Coronado;
9. f)Con la finalidad de establecer si las sindicadas Patricia Alejandra Ballivian Estensoro y Maria Elena Dips Prudencio se encuentran en territorio nacional, se emita Requerimiento Fiscal ante la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno a efectos de que remita el flujo migratorio de las precitadas. Entre otros que resulten útiles y pertinentes al caso concreto en resguardo y cumplimiento del Principio de Objetividad traducido en la consideración de las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado como también las que sirvan para reducirla o eximirla, tal cual detalla el artículo 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público;
10. 5)Asimismo, es necesario mencionar que una vez agotados todos los actos investigativos pertinentes al caso concreto: la Dirección Funcional de la investigación, debe realizar un adecuado estudio y correcta interpretación de la subsunción de la conducta desplegada por cada uno de los sindicados, en consideración de cada uno de los extremos de orden fáctico descritos como parámetro factico de la hipótesis de sindicación expuesta en su contra, como base de hecho objeto de investigación y un acertado estudio de adecuación de las características y peculiaridades de la conducta de cada uno de los sindicados a los elementos componentes y condiciones objetivas de los tipos penales que hayan sido invocados como base de la calificación provisional delictiva de su comportamiento en circunspección de que "(...) la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito y por medio de ello determinar si el hecho denunciado es subsumible a un determinado tipo penal, para de ese modo determinar si la conducta descrita e investigada se subsume a todos los elementos constitutivos del tipo penal y recién. poder calificarse como un hecho delictivo o poder observar la falta de adecuación a uno de los elementos del tipo penal siendo en todo caso que el hecho no constituye delito o se configura como otra figura delictiva. Razonamiento jurídico analizado en el Auto Supremo N° 431 de 11 de octubre de 2006, y consideración de que según el entendimiento jurídico analizado en la 0Sentencia Constitucional N° 0460/2011-R de 18 de abril de 2011, se estableció que "(...) en la acusación no se imputan delitos, sino hechos calificados en un determinado tipo penal, que como corolario de la sustanciación del proceso penal, el juzgador at ser conocedor del derecho establecer con fundamento y base probatoria, la adecuación a una conducta típica punible, que puede ser distinta a la dispuesta en inicio: esto, sin agregar ni cambiar los hechos, sino que respecto a ellos determinara la comisión de un ilícito sobre el cual el Estado pueda ejercer su potestad punitiva. Esta determinación, por un lado, garantiza castigar la comisión evidente y comprobable de un delito, que haya sido dilucidada en la tramitación de un proceso penal, aún éste no hubiera sido previsto en la acusación; y también, modificar la imposición de la pena, ante la contingencia que la correspondiente al ilícito cometido, sea proporcionalmente menor a la del inicialmente calificado o viceversa, de modo que se haga efectiva la finalidad del proceso penal";
11. 6)Finalmente resulta pertinente mencionar que la revisión de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación y las actuaciones digitales registradas en el Sistema JL1 del Ministerio Público, permiten identificar la inconcurrencia de un memorial de ampliación de investigación con relación a Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Núñez Melgar y Marcus Felipe de Aragao Fernández por la probable comisión del hecho adecuado al tipo penal de Sociedades y Asociaciones Ficticias: asi como también, con relación a Raquel Brychcy de Saavedra y María Leticia Bruno de Kempff por la probable comisión del hecho adecuado al tipo penal de Enriquecimiento llicito: empero, a pesar de todo ello, la presente resolución es emitida en consideración a aquella denominación provisional de la calificación del comportamiento desplegado por los citados sindicados al haber sido descrita en los: apartados resolutivos de la Resolución No. RES RECH/AJMM/No. 33/2021 de fecha 29 de marzo de 2021 complementada por el memorial de fecha 02 de junio de 2020 y Resolución de Rechazo No. RES RECH/AJMM/No. 32/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, con la finalidad de posibilitar un adecuado saneamiento procesal de la calificación juridica provisional de la conducta que se presume desplegaron Alex José Cuellar Chávez, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Orlando Núñez Melgar. Marcus Felipe de Aragao Fernández, Raquel Brychcy de Saavedra y María Leticia Bruno de Kempff en el hecho objeto de investigación en conformidad al entendimiento jurisprudencial previsto por la 0Sentencia Constitucional 1442/2011 R de fecha 10 de octubre, en razón al cual se comprendió que "(...) el Fiscal de Distrito, al constituirse en la instancia impugnativa de las decisiones asumidas por el Fiscal de Materia tiene atribuciones para reparar posibles lesiones u omisiones en las que incurrió esta autoridad. Un entendimiento contrario, conllevaría a concluir que las posibles lesiones a los derechos y garantías ocasionadas por el Fiscal de Materia que no fueron reparadas-y por el contrario, ratificadas por el Fiscal de Distrito, queden al margen del control jurisdiccional del Juez cautelar". Entendimiento en razón al cual también se advierte pertinente recomendar a los Fiscales de Materia encargados de la tramitación de la investigación, que una vez concluidas todas las actuaciones investigativas útiles y pertinentes al caso concreto consideren que la calificación del comportamiento desplegado por Carlos Eduardo Mario Morales Landivar y Mario Avelino Moreno Viruez también fue realizada bajo la invocación provisional de los tipos penales de Enriquecimiento ilícito y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes conforme se tiene del Informe de Inicio de Investigación de fecha 07 de enero de 2019 y Memorial de Ampliación de Investigación de fecha 14 de febrero de 2019, en razón a los cuales no se advierte que se haya emitido un pronunciamiento conforme a una de las previsiones descritas por el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal: entendimiento que de similar manera deberá ser considerado con relación a Jorge Nicolás Peredo Flores y Luis Humberto Landivar Pereira con relación a la invocación provisional del tipo penal de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes conforme al Memorial de Ampliación de fecha 14 de febrero de 2019, siendo que de similar manera se omitió la emisión de un pronunciamiento conforme a una de las previsiones descritas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal" (fs. 44 a 52 vta.).

La parte accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, se emitió la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R 1112/2021 de 20 de agosto, que revocó la Resolución de Rechazo RES.RECH./AJMM/33/2021 de 29 de marzo emitida a su favor incurriendo por ello en los siguientes agravios:

1. i)Realizó una valoración y fundamentación global de las cuatro resoluciones de rechazo; es decir, utilizó los mismos argumentos para revocar las Resoluciones 32/2021, 33/2021, 34/2021 y 40/2021, sin considerar las causas específicas que la comisión de fiscales en primera instancia determinó para la Resolución emitida a su favor (33/2021), siendo estas causas, absolutamente diferentes a las de las otras determinaciones incurriendo por ello, en indebida fundamentación;
2. ii)No se consideraron los argumentos contenidos en su memorial presentado el 7 de julio de 2021 que respondía a la objeción al rechazo planteada por la Procuraduría General del Estado, la ABC y el Ministerio de Obras Públicas; y,
3. iii)Se incumplió de sobremanera el deber de motivación, puesto que no hizo referencia alguna a los elementos de prueba de descargo aportados por sus personas y mucho menos realizó una tarea valorativa de las mismas como para determinar que deban seguir perseguidos, lesionando con ello su derecho a la defensa.

En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público;
2. b)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso;
3. c)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
4. d)Análisis del caso concreto.

"Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero²- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que:

1. a)La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y,
2. b)La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica." (el resaltado corresponde al texto original).

Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser:

1. i)Rechazo de una querella;
2. ii)Imputación formal; y,
3. iii)Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP.