0770/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)Su inmediata reincorporación al mismo cargo que venía ocupando antes de su desvinculación, dejando sin efecto cualquier determinación ilegal de despido del trabajo;
2. b)Que cesen los actos arbitrarios que atentan contra su derecho al trabajo y estabilidad laboral, debiendo respetarse su condición de trabajador, absteniéndose de realizar cualquier persecución y acoso laboral; y,
3. c)El pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de su reincorporación, tal como dispone el DS 0495.

El impetrante de tutela se ratificó in extenso en su demanda de acción de amparo constitucional y ampliando la misma, señaló que:

1. 1)El demandado hizo referencia a un despido por fuerza mayor o caso fortuito, por encontrarse SOBOCE S.A., en una crisis económica desde el 2017; si fuese así debió tramitarse la quiebra de la empresa;
2. 2)La 0SCP 1016/2019-S4 de 24 de noviembre, establece sobre la imposición de cualquier sanción en contra de los trabajadores, que debe existir un proceso previo; y,
3. 3)Su persona tiene un contrato de trabajo para prestar sus servicios en la planta administrativa, por tanto, no se considera trabajador de confianza.

Farha Marti Ramos, en representación legal de SOBOCE S.A., mediante informe escrito presentado el 18 de agosto de 2021, cursante de fs. 145 a 156, ratificándose en el mencionado informe, Vasili Viacheslav Kitaigorod Pérez, Gerente Regional de la citada empresa, en el que se señaló:

1. i)SOBOCE S.A. hace varios años viene enfrentando una profunda crisis económica como consecuencia de una marcada reducción de la demanda interna de cemento por parte del sector de la construcción, que en las últimas gestiones también se ha visto afectada por la pandemia por COVID-19, lo que claramente reviste las características de un caso fortuito o de fuerza mayor, al tratarse de eventos imprevisibles, inevitables, actuales, ajenos a la voluntad del empleador, sobrevinientes y absolutos, ocasionando serias pérdidas económicas y déficit financiero a la empresa, que le obligó a proceder al cierre de una de sus plantas de producción de hormigón en Cochabamba; extremo que no fue tomado en cuenta a momento de emitirse la Conminatoria de reincorporación, vulnerando lo establecido por el art. 28 inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA);
2. ii)La Conminatoria MTEPS-JDT CO-SMHA-123/2021, en ninguna de sus partes consideró los hechos y antecedentes que motivaron la desvinculación del ahora accionante, contraviniendo de esta manera el tenor de la citada disposición legal y en consecuencia viciando de nulidad la resolución administrativa recurrida;
3. iii)En ningún momento se le impidió su ingreso al trabajo, lo que aconteció fue que SOBOCE S.A., debía presentar objeción a la Conminatoria de reincorporación a través de los correspondientes recursos franqueados por ley;
4. iv)Conforme lo dispuesto por el Código Procesal del Trabajo y el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador sería SOBOCE S.A., y no así Vasili Viacheslav Kitaigorod Pérez, como hace referencia el accionante;
5. v)Mediante Auto de 11 de agosto de 2021, se admitió la acción tutelar contra Vasili Viacheslav Kitaigorod Pérez, Gerente de SOBOCE S.A., no así contra la empresa citada. Al respecto, el art. 371 del Código de Comercio (CCom), establece la aplicación supletoria de las normas relativas a la sociedad colectiva; el art. 175 de igual norma, contempla que puede designarse uno o más administradores, socios o no, cuyas atribuciones y facultades podrán ejercitarse conjunta o separadamente. Asimismo, el art. 72 y ss. del indicado Código, prevé la figura del factor o administrador, que es la persona que por mandato expreso, ya sea amplio o especial, ejerce la administración del negocio por encargo del Titular; en ese entendido, Vasili Viacheslav Kitaigorod Pérez, ejerce la calidad de representante legal de SOBOCE S.A. por mandato del Testimonio 2245/2019 de 5 de junio, teniendo únicamente facultades para poder representar a la empresa ante autoridades judiciales, administrativas, policiales, así como ante los distintos poderes del Estado y sus entidades descentralizadas, más no tiene facultades para poder celebrar contratos y mucho menos para contratar o despedir a trabajadores de la empresa, siendo estas facultades exclusivas de los gerentes generales de la empresa, que figuran como apoderados de clase A, B y C, conforme a las condiciones y facultades contempladas en el Testimonio 2594/2018 de 12 de octubre, advirtiéndose en consecuencia, impersonería del demandado, a causa del error de hecho en la legitimación pasiva de la persona contra quien se dirige la acción;
6. vi)La Conminatoria MTEPS-JDT CO-SMHA-123/2021, en su parte resolutiva dispuso la reincorporación de Jaime Álvaro Antezana Meneses, al último cargo que venía desempeñando, extremo que en los hechos resulta materialmente imposible de cumplir debido al cierre de una de las plantas de producción de hormigón en Cochabamba, por lo que, la misma infringió expresamente el tenor de los arts. 28 inc. c) de la LPA; y 28 del DS 27113 de 23 de julio de 2003; contraviniendo de igual forma el principio de razonabilidad previsto por el art. 26 de esta última norma;
7. vii)Por memorial de 10 de mayo de 2021, se amparó la desvinculación laboral del hoy impetrante de tutela, bajo la figura del caso fortuito o de fuerza mayor, citando a dicho fin las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0311/2013-L, 1088/2015-S1 y 009/2017⁴, jurisprudencia que no fue tomada en cuenta en la Conminatoria citada, bajo el endeble e infundado argumento que dicha línea jurisprudencial habría sido modulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la emisión de Sentencias Constitucionales de las gestiones 2012 y 2013, que curiosamente resultan ser anteriores a las Sentencias Constitucionales citadas por esta parte;
8. viii)En la presente causa, existen hechos controvertidos, que no pueden ser dilucidados por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, ya que carece de competencia para analizarlos o efectuar una valoración de pruebas, por lo que debió haber declinado competencia a fin de que un juez laboral amparado en sus facultades y competencias pueda determinar la procedencia o improcedencia de la reincorporación solicitada por el adverso, previa valoración de la prueba documental u otra que pudiera ser requerida;
9. ix)La estabilidad laboral no es un derecho absoluto, pues como lo expresa el art. 11 del DS 28699, la limitación de ese derecho es la naturaleza de la relación laboral ligada estrechamente con la calidad de empleado de confianza y de puesto directivo que el ahora accionante ostentaba dentro de la empresa mientras prestaba sus servicios. Dicho argumento no ha sido respondido ni valorado, siendo omitido por el Ministerio del Ramo, habiéndose incluso adjuntado el Auto Supremo (AS) 251 de 28 de julio de 2014, que hace un análisis del concepto de estabilidad laboral;
10. x)El art. 12 del DS 28699, establece que su aplicación se condiciona a una "Reglamentación Especifica", y al no existir tal, el alcance de aplicación estaría cuestionado, situación que tampoco fue considerada a tiempo de emitirse la Conminatoria de referencia;
11. xi)Si bien el art. 48 de la CPE, instituye que las normas laborales se interpretarán bajo los principios protectores de las trabajadoras y los trabajadores; empero, conforme a sus características específicas, jerarquía y por su propia naturaleza, se otorga una suerte de representación general, lo que se traduce en alta confianza; advirtiendo una distinción y tratamiento especial del personal de dirección respecto de los demás trabajadores;
12. xii)Si bien un Jefe Regional de Mantenimiento es también un empleado; empero, por sus características particulares y la remuneración que percibía de Bs18 280.- (dieciocho mil doscientos ochenta bolivianos), se evidencia que no tenía la misma calidad de cualquier otro empleado respecto a su empleador;
13. xiii)El accionante no era un simple obrero o empleado, sino que ocupaba un cargo directivo de confianza dentro la organización; por ende, no resulta una arbitrariedad que el vínculo laboral pueda ser unilateralmente disuelto por el empleador, pues la estabilidad laboral de un cargo directivo de jefatura, está por naturaleza vinculado a las características que hacían "especial" al empleado, en lo principal a los componentes de "confianza" y "resultados", que desaparecieron en la relación laboral; y,
14. xiv)Ninguno de los derechos enunciados como lesionados, precisan ni el daño tampoco el nexo causal entre hechos y derechos, limitándose a una inútil pero abundante relación de normas y jurisprudencia cuya lectura no evidencia vulneración de derechos constitucionales.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 111/2021 de 19 de agosto, cursante de fs. 163 a 169, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la empresa SOBOCE S.A. a través de su representante legal, Vasili Viacheslav Kitaigorod Pérez o quien esté a cargo, cumpla en su integridad, con la Conminatoria MTEPS-JDT CO-SMHA-123/2021 de 9 de junio, y sea en un plazo de cuarenta y ocho horas una vez notificada legalmente con esta resolución; sin costas por ser excusable. Determinación asumida con base a los siguientes argumentos:

1. a)Por Informe J.D.T. CBBA.-NTLF-VR-004/2021 de 20 de julio, emitido por Rodrigo Oswaldo Patzi Rojas, Inspector de Trabajo Cochabamba, se informó que la encargada de Recursos Humanos (RR.HH.) Farha Marti Ramos, dio a conocer que la institución no dio cumplimiento a la Conminatoria MTEPS-JDT CO-SMHA-123/2021;
2. b)En cuanto a la solicitud de pago de salarios devengados, se tiene que el salario no solo busca una retribución por el trabajo prestado; sino que tiene por finalidad cubrir las necesidades vitales del trabajador y su familia, de manera que por el principio de oportunidad, el salario debe cancelarse en forma pertinente y en los plazos establecido por ley; por lo que, al estar frente a una situación donde el impetrante de tutela requiere de un salario justo, corresponde no solo disponer la reincorporación de Jaime Álvaro Antezana Meneses, sino también el pago de los salarios devengados y la restitución del seguro a corto o largo plazo;
3. c)En lo que hace a los argumentos expuestos por la parte demandada, en sentido, de que en el presente caso, no se explicó qué derechos o garantías hubieren sido vulnerados, así como no se indicó el nexo de causalidad, como la ausencia de fundamentación y una falta de carga argumentativa, se advirtió que de la lectura de la demanda tutelar, se ha señalado la vulneración de los derechos al trabajo y la estabilidad laboral, solicitándose además el cumplimiento de la Conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, de donde resulta no ser ciertos los argumentos expuestos por la parte demandada;
4. d)Respecto a la impersonería en la acción de amparo constitucional, la misma está dirigida contra el Gerente de SOBOCE S.A., cuyo representante es justamente Vasili Viacheslav Kitaigorod Pérez, conforme se tiene de la Conminatoria MTEPS-JDT CO-SMHA-123/2021, y del propio Testimonio 2245/2019, acompañado por la parte demandada, en la que se otorga poder especial amplio y suficiente que confiere Juan Mario Ríos Galindo en su calidad de representante legal de la empresa en favor de Marcos Javier López Maidana y /o Vasili Viacheslav Kitaigorod Pérez;
5. e)En cuanto a la existencia de hechos controvertidos, cabe señalar que, si la parte demandada considera su concurrencia, no es la jurisdicción constitucional la que debe resolver esos hechos, sino que está reservada a la jurisdicción ordinaria como el propio demandado lo reconoce, advirtiéndose que en ésta acción tutelar solo se cuestiona el incumplimiento de la Conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, no otros aspectos, por lo que tampoco corresponde analizar la existencia o no de hechos controvertidos;
6. f)En atención a la potestad de esta jurisdicción de ordenar el cumplimiento de las conminatorias emitidas por las Jefaturas de Trabajo; amerita que se determine el cumplimiento inmediato de la Conminatoria MTEPS-JDT CO-SMHA-123/2021, en su integridad, aspecto que incluye el pago de los salarios devengados previstos en dicho acto administrativo; y,
7. g)En mérito a los argumentos explayados, corresponde otorgar la tutela por observarse vulneración a los derechos constitucionales que alegó Jaime Álvaro Antezana Meneses, dado el carácter temporal de la determinación de reincorporación laboral que puede ser modificada, más aun teniendo presente la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, emitida por Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente defensa, al trabajo y a la estabilidad laboral, toda vez que:

1. a)Luego de acudir a la Jefatura Departamental del Trabajo Cochabamba, solicitando su reincorporación al cargo que ocupaba, antes de su ilegal despido, se emitió la Conminatoria MTEPS-JDT CO-SMHA-123/2021 por la que se conminó a la empresa demandada su inmediata reincorporación a su fuente laboral; empero, en franca vulneración de sus derechos, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se dio cumplimiento a dicho acto administrativo, tal como se tuvo del Informe J.D.T.CBBA-NTLF-VR-004/2021; y,
2. b)Cuatro meses después de su reincorporación, SOBOCE S.A. procede a destituirlo nuevamente bajo la causal de pérdida de confianza; razón por la que denunció incumplimiento de la Resolución 111/2021, que resolvió la acción de amparo constitucional y la Conminatoria de referencia, solicitando su inmediata reincorporación y medidas de cumplimiento, que fue atendido por Auto de 14 de marzo de 2022, aceptando su solicitud de reincorporación y ordenando que la empresa demandada cumpla la Resolución Constitucional, en lo que respecta a la reincorporación de su fuente laboral, disposición que no fue cumplida por SOBOCE S.A.