Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE Sucre, 26 de agosto de 2019
SALA PRIMERA Magistrada: MSc. Georgina Amusquivar Moller
Acción de amparo constitucional
Expediente: 28180-2019-57-AAC Partes: Jesusa Montecinos Pardo contra Beatriz Montecinos Pardo Vda. De Leyes.
Departamento: Oruro
I. ANTECEDENTES RELEVANTES
La suscrita Magistrada, no comparte la decisión adoptada en la , que resolvió: CONFIRMAR la Resolución 02/2019 de 13 de marzo, cursante de fs. 83 a 86, pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada; por lo que, disiente en cuanto a los fundamentos jurídicos en función a los cuales la resolución aludida, denegó la misma; razón por la cual, emite el presente Voto Disidente bajo los siguientes fundamentos jurídico constitucionales.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad, a una vejez digna con calidad y calidez humana, por cuanto la demandada aprovechando que se encontraba detenida preventivamente, procedió al cierre con candados y chapas de la puerta principal del bien inmueble donde vivía, ubicado en la calle 6 de octubre N° 4518, entre Sotomayor y Sargento Flores del departamento de Oruro, que constituye un bien común en el régimen de copropiedad de ella, la demandada y otros dos hermanos, emergente del proceso de nulidad de escritura pública de transferencia y división, y partición de bien común concluido, que le impidió hasta la fecha -de interposición de esta acción tutelar- el ejercicio de su derecho real de ingresar al mismo para continuar habitándolo, ocasionándole perjuicios.
En consecuencia, para una mejor comprensión de los fundamentos jurídicos de la presente disidencia, el eje temático que motiva el análisis para resolver la problemática planteada radica en la restricción de la impetrante de tutela al acceso al referido bien inmueble, para ello, se desarrollarán los siguientes temas:
- a)Sobre la proscripción de las medidas o vías de hecho en resguardo del Estado Constitucional de Derecho y el derecho de acceso a la justicia;
- b)La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho o justicia por mano propia;
- c)Sobre la posibilidad de acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional en casos de vías o medidas de hecho en predios rurales o urbanos, destinados a la actividad agropecuaria; y,
- d)Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho.
II.1. Sobre la proscripción de las medidas o vías de hecho en resguardo del Estado Constitucional de Derecho y el derecho de acceso a la Justicia
La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como la 1, la 2 y en especial en la 3, señaló que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, es el resguardo celoso de los principios de supremacía constitucional y subordinación, que posibilitan la consolidación de un modelo de Estado Constitucional de Derecho que se ve fracturado y suprimido, respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, se realizan al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, derivado de la afectación del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio y consecuente vulneración de otros derechos fundamentales individuales y/o colectivos o garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad.
En efecto, la concepción del modelo de Estado Constitucional de Derecho, entre otros fines, persigue la convivencia pacífica y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Entre los principios que lo fundamentan, se hallan la supremacía constitucional y la subordinación, que suponen la sujeción al orden jurídico que emana de la Ley Fundamental y la obligación de las autoridades públicas y particulares de desarrollar sus actuaciones en el marco y dentro los límites establecidos por el texto constitucional. En tal sentido, es la Norma Suprema la que determina las competencias y potestades de los órganos del Estado, incluido del órgano competente de impartir justicia -art. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE)-; consecuentemente, proscribe no solo la arbitrariedad pública en el ejercicio del poder, sino también, la arbitrariedad privada que atenta contra las reglas de convivencia social y altera el orden público; consiguientemente, en un Estado Constitucional de Derecho, resulta reprochable jurídicamente, la adopción de las acciones que omiten los cánones institucionales y normativos, diseñados por el mismo texto constitucional.
En esta línea, la , en su Fundamento Jurídico III.1, establece que:
...cuando se denuncian (...) acciones que implican una reivindicación de las prerrogativas de las personas por sí mismas, vale decir, al margen de las acciones y mecanismos establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, de forma parecida a una justicia por mano propia; este Tribunal Constitucional ha determinado que tales actos son acciones o vías de hecho, porque no encuentran respaldo legal en norma alguna, vale decir no tienen apoyo legal; pues el sólo hecho de pertenecer a un colectivo humano organizado en un Estado, supone la proscripción de toda forma de venganza o justicia por mano propia, ya que la institucionalidad estatal se basa en la pacífica convivencia de las personas, quienes, para lograr ese objetivo, desisten de materializar sus derechos por sí mismos, para encargar la dilucidación de sus controversias a las autoridades instituidas por el Estado.
En consecuencia, para la concreción del modelo de Estado Constitucional de Derecho, se torna relevante la sujeción a la Norma Suprema y la solución de conflictos a través de los mecanismos establecidos en el orden constitucional y legal. En esta línea, la jurisprudencia constitucional, que proscribe las medidas de hecho o vías de hecho, señaló a través de la , en su Fundamento Jurídico III.1, que:
...en un Estado de Derecho, no es legal ni válido que una autoridad pública o un particular, invocando supuesto ejercicio "legítimo" de sus derechos subjetivos, se arrogue facultades y adopte medidas de hecho (justicia directa o justicia por mano propia) para poner término a sus diferencias o solucionar sus conflictos con otros desconociendo que existen los mecanismos legales y las autoridades competentes para el efecto...
Asimismo, el desconocimiento de los mecanismos legales e institucionales, a través de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, trae consigo de manera directa, en cualquiera de las formas en las que se expresan -avasallamiento u ocupaciones de hecho, efectuadas por personas privadas o públicas en predios urbanos y rurales; desalojos extrajudiciales de vivienda; interrupción de servicios públicos, entre otros-, la vulneración del derecho de acceso a la justicia de la persona afectada -arts. 115.I de la CPE; y, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)-, ya que excluye la posibilidad de arribar a soluciones acorde al orden jurídico; es decir, a través de los mecanismos normativos y jurisdiccionales.
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