0771/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0771/2019-S2 Sucre, 4 de septiembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 28445-2019-57-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 038/2019 de 4 de abril, cursante de fs. 312 a 314, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhenny Rosa Alanoca Machicado contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Civil y Penal, respectivamente, ambos del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 y 21 de marzo de 2019, cursantes de fs. 114 a 117 vta.; y, 120 a 121 vta., la accionante expresa los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por documento de 25 de febrero de 2002, que cuenta con el reconocimiento de firmas y rúbricas ante el entonces Juzgado de Instrucción Civil Segundo de El Alto del departamento de La Paz, Josefa Velasco Vda. de Zapata le vendió un lote de terreno signado con el número 5, del manzano 32, con una superficie de 250 m², ubicado en la urbanización Cupilupaca de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; estableciendo el documento que se entregaba la suma de $us1400.-(mil cuatrocientos dólares estadounidenses) y el saldo de $us3100.-(tres mil cien dólares estadounidenses) se pagarían cuando la vendedora levante los gravámenes existentes, confiriéndole además la vendedora la posesión del terreno. No obstante lo anotado, en forma posterior la citada aumentó el precio del inmueble cuando ello no era posible en virtud al art. 521 del Código Civil (CC), siendo que el derecho propietario ya se encontraba perfeccionado; habiendo interpuesto la vendedora el 20 de mayo de 2008, un interdicto de recobrar la posesión pidiendo la devolución de su terreno, acción que fue rechazada precisamente por la existencia del documento de 25 de febrero de 2002, precitado.

Añade que, en forma ulterior la vendedora planteó el 29 de agosto de 2008, demanda de resolución de contrato contra el "documento privado de compraventa", que fue declarada improbada dándose plena fe al mismo; planteando finalmente Elena Flores Huarachi, demanda de mejor derecho propietario, reivindicación, daños y perjuicios, contra la que opuso demanda reconvencional por nulidad de contrato entre la referida y Josefa Velasco Vda. de Zapata, proceso que concluyó con la Sentencia 173/2016 de 3 de mayo, que declaró probada la demanda de reivindicación; decisión que fue confirmada en apelación y que en casación mereció el Auto Supremo 707/2018 de 23 de julio, emitido por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ahora demandados, quienes declararon infundado su recurso.

En ese marco, señala que el Auto Supremo cuestionado no cumple los requisitos mínimos de fundamentación al no haber respetado un orden lógico por cuanto existiendo demanda de reivindicación y reconvención por nulidad, correspondía primero analizar la nulidad del contrato y después la reivindicación; empero, se dio curso a la reivindicación refiriéndose después a la nulidad como aspecto secundario. De otra parte, respecto a la denuncia de no haberse advertido la existencia de contradicciones entre las testigos de cargo, aquello no habría sido planteado en apelación siendo directamente impugnado en casación; afirmación equivocada tomando en cuenta que en alzada expresó como un punto de agravio la omisión valoratoria de las declaraciones informativas de las querelladas (Josefa Velasco Vda. de Zapata y Elena Flores Huarachi) dentro de una causa penal que inició en su contra, así como la divergencia de sus declaraciones respecto al precio de la venta del lote de terreno que habría realizado la primera en favor de la segunda de las anotadas, y de las fechas de la venta; no pudiendo por ende afirmarse que aquello no fue apelado, más aún si incluso se alegó en casación que el contrato de compraventa realizado entre las precitadas fue suscrito con causa y objeto ilícitos (arts. 489 y 490 del CC), porque se vendió un inmueble que ya tenía dueño (su persona) y se firmó para que no se cumpla el primer contrato, siendo esa venta en consecuencia fraudulenta; a cuyo efecto, precisó los elementos que no fueron valorados en el Auto de Vista dictado en alzada.

El Auto Supremo 707/2018³, en cuanto a la causa ilícita cuestionada, únicamente refirió que los de instancia consideraron correctamente la prueba aportada por los reconvencionistas, por cuanto no habría demostrado "...cómo fue que la demandante y la vendedora acordaron suscribir un contrato que se opone a la ley, a la moral o a las buenas costumbres..." (sic); demostrando así que por una parte el Auto Supremo indica que las pruebas fueron valoradas sin establecer cuál fue esa valoración y concluye en el fondo que la valoración "...fue 'correcta' pero esas pruebas ni se mencionaron entonces no queda nada claro el cómo supuestamente se dio correctamente esa valoración" (sic). De otro lado, los Magistrados demandados citan el Auto Supremo 204/2015 de 27 de abril, que no tiene supuestos fácticos similares aplicables a su caso, siendo que tiene un componente distinto al desarrollado en dicho Auto Supremo por cuanto el contrato que "...da el supuesto derecho propietario se lo hizo de mala fe para burlar el contrato de compraventa..." (sic); por lo que, compelía que justifiquen porqué fue asimilado a su asunto, refiriendo porqué pese a existir mala fe correspondía la reivindicación.

El Auto Supremo lesionó también su derecho a la defensa al no considerar que el centro de su defensa en el proceso se ciñó en demostrar que el contrato de compraventa suscrito entre Josefa Velasco Vda. de Zapata y Elena Flores Huarachi, respecto al mismo terreno que le fue vendido inicialmente a su persona y a su hermana, fue de mala fe, por lo que era nulo y no procedía entonces la reivindicación "...pues el derecho no tutela la mala fe" (sic); no habiendo valorado en ninguna etapa las pruebas que expuso para demostrar la nulidad de dicha compraventa y por ende, desvirtuar la reivindicación. No siendo cierto conforme describió que no hubiera impugnado aquello en apelación, por cuanto "...fue muy clara en sentido de que no se valoraron las pruebas que presentó en su oportunidad" (sic).

Finalmente aduce que la interpretación de la legalidad ordinaria puede ser revisada de forma excepcional por la justicia constitucional, cumpliéndose en el caso los presupuestos para aquello, siendo que se efectuó una interpretación literal del art. "1543.I del CC", en el contenido del Auto Supremo, en desmedro de su derecho propietario, provocando que se entienda que "...toda persona que de mala fe haya registrado irregularmente su derecho propietario tiene derecho a que su mala fe sea protegida" (sic). Así, correspondía realizar una interpretación sistemática conforme a la Constitución Política del Estado, a la que se hallan llamados todos los jueces; estableciendo que en virtud al principio de verdad material y a lo previsto en el art. 180.I de la Ley Fundamental, no procede la reivindicación cuando con mala fe la parte demandante pretenda burlar contratos legítimos previamente suscritos como sucede en su caso. Interpretación que no fue realizada por los demandados quienes desprotegieron a la parte más débil e inocente, tutelando la mala fe en lesión de sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Estima lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, valoración de la prueba y debida interpretación de la legalidad ordinaria, a la defensa y a la propiedad, citando al efecto el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Supremo 707/2018 de 23 de julio, ordenando se emita uno nuevo que cumpla el debido proceso en sus vertientes fundamentación, valoración de la prueba e interpretación conforme a la Constitución Política del Estado.