0777/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0777/2019-S2 Sucre, 4 de septiembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 28568-2019-58-AAC Departamento: Beni

En revisión la Resolución 19/2019 de 12 de abril, cursante de fs. 98 a 103 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yerko Román Matijasevic en representación legal de Rosario Pinto de Gutiérrez contra Celin Pinaicobo Yuco, Gary Masay Apace, Casilda Rojas Álvarez y "todas las personas que se encuentran avasallando (su) propiedad".

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de marzo y 9 de abril de 2019, cursantes de fs. 6 a 13; y, 48 a 49, la parte accionante expresa los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es propietaria conjuntamente a su esposo de un lote de terreno urbano ubicado en la zona Norte, avenida Benitaj Chiriquí, del Distrito 7 del municipio de la Santísima Trinidad, con una extensión de 39.203,93 m², inscrito en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 8.01.1.01.0003040, asiento 4, de 28 de diciembre de 2012; derecho propietario que adquirió mediante compra venta de los anteriores propietarios Peter Joseph O Toole Ford y María Cristina Muñoz de O Toole, conforme a testimonio 676/2012 de la fecha anotada.

El 7 de noviembre de 2018, al no tener noticias de su cónyuge (con el que se encuentra separada más de tres años no encontrándose empero legalmente divorciados) respecto al estado de su inmueble y al trámite de urbanización que este realizaba mediante apoderada ante el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, su representada se trasladó de la ciudad de Nuestra Señora La Paz, en la que radica, a la ciudad de la Santísima Trinidad, anoticiándose por un funcionario del Municipio que su terreno fue avasallado; por lo que acudió al mismo con una Notaria de Fe Pública, sorprendiéndose por la ocupación violenta, ilegal, abusiva y arbitraria de sus lotes de terreno por un grupo de personas "organizadas para delinquir", con el apoyo de palas, picotas, carretillas, "trasladando la tierra en 3 motocars" (sic), siendo claro que ingresaron de forma ilegal sin ninguna autorización aprovechando que se encontraba desocupado. Por otra parte, en una actitud vandálica y atentatoria a su propiedad quemaron las "pasturas", árboles y postes con el fin de desmontar la zona para abrir espacio llano donde establecieron asentamientos y construyeron casas precarias; teniendo que hacer abandono inmediato de sus predios en protección a su integridad física ante el reclamo que efectuó por el asentamiento ilegal, lo que generó que los avasalladores la agredan y amenacen, sin considerar la privación de su derecho propietario que ejercieron que además conllevó un grave daño económico al obstaculizar las ventas que tenía ya previstas con terceras personas mediante cartas de intenciones, fondos que servirían para su sustento personal como única forma de trabajo que desarrolla considerando que es una persona de la tercera edad.

Finaliza indicando que conforme a lo anotado, su terreno fue arrebatado por vías de hecho efectuadas con justicia por mano propia, sin haber sido sometida a proceso judicial alguno; ingresando los demandados sin ningún título legal desconociendo que si pretendían algún reconocimiento o derecho en su favor debieron acudir a las autoridades jurisdiccionales respectivas encontrándose prohibida la auto tutela, mereciendo por ende protección su pedido en sede constitucional; no siendo necesario exigir agotar los medios ordinarios de reclamo en defensa de sus derechos, por cuanto la jurisprudencia constitucional en casos de avasallamiento y considerando lo establecido por la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, que únicamente se refiere a avasallamientos en áreas rurales, situándose su terreno en área urbana, estableció la prescindencia del carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional cuando se advierta la comisión de medidas de hecho por la protección inmediata que se requiere en tutela del derecho a la propiedad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Estima lesionados sus derechos de su representada al trabajo, a la propiedad privada y al debido proceso, así como del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 46.I y II, 56.I y II, 115.II, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio