Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0777/2019-S3 Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 26143-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 03/2018 de 30 de agosto, cursante de fs. 539 a 542, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Apolinar Choque Arevillca, Gerente Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Antonio Guido Campero Segovia y Jorge Isaac von Borries Mendez, y María Cristina Díaz Sosa y Esteban Miranda Terán, ex y actuales Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 15 de agosto de 2018, cursante a fs. 134 a 149 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El contribuyente SOINBOL S.R.L. presentó una declaración jurada por el Impuesto a las Transacciones (IT) para el período julio de 2010, consignando saldo a favor del fisco que no fue pagado dentro de término; lo que, aparte de ameritar la ejecución de la deuda tributaria, implicó la apertura de un procedimiento sumario contravencional por omisión de pago.
Tramitado el sumario referido, se emitió la Resolución Sancionatoria 601800028815 de 20 de julio de 2015, que sancionó al sujeto pasivo con una multa equivalente al cien por ciento del tributo omitido a la fecha de vencimiento del impuesto; ante lo cual, el contribuyente interpuso recurso de alzada que fue resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0040/2016 de 1 de febrero, que confirmó el acto administrativo impugnado; por ello, dicha empresa planteó recurso jerárquico que fue dilucidado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), que a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0406/2016 de 25 de abril, falló confirmando la Resolución enervada.
En ese contexto, el contribuyente interpuso demanda contencioso administrativa contra la última Resolución jerárquica, proceso ante el cual se apersonó en calidad de representante de la Gerencia Distrital Tarija del SIN, mereciendo el proveído de 19 de septiembre de 2016 emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, que aceptó su apersonamiento y dispuso que los fundamentos expresados en su calidad de tercero interesado serían considerados en la resolución final correspondiente; sin embargo, cuando se emitió la Sentencia 94 de 11 de agosto de 2017, se resolvió la demanda contenciosa administrativa declarándola probada, sin pronunciarse sobre sus argumentos, lesionando su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.
En su memorial de apersonamiento pidieron se declare improbada la indicada demanda, manifestando lo siguiente:
- a)Con relación a la aplicación retroactiva de la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2012) -Ley 291 de 22 de septiembre de 2012- y la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013 -Ley 317 de 11 de diciembre de 2012- en lo que respecta al plazo y el computo de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y,
- b)La imposibilidad de proceder a la ejecución tributaria y a la imposición de sanción por omisión de pago, por estar en curso la facilidad de pago otorgada al contribuyente, de acuerdo a los arts. 55 y 156 del Código Tributario Boliviano (CTB), que suspendió el cómputo del término de prescripción para imponer sanciones por un año y cinco meses.
Por otra parte, igualmente señaló la vulneración de su derecho a la justicia plural en sus elementos de seguridad jurídica y legalidad, debido a que la citada Sentencia inaplicó el contenido de las Leyes 291 y 317 alegando que supuestamente no podrían ser retroactivas al no ser más favorables para el sujeto pasivo, cuando su constitucionalidad no se encontraba en duda, no correspondiendo a la jurisdicción ordinaria determinar si una norma legal se halla vigente o es contraria a la Constitución Política del Estado y en todo caso se debió plantear una acción de inconstitucionalidad concreta.
Finalmente, expresó que las modificaciones introducidas al art. 59 del CTB por las Leyes 291 y 317 no se refieren a una ampliación sea respecto a obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año, sino que lo que cambió es el plazo para el ejercicio de facultades de la Administración Tributaria, en su relación con la obligación tributaria, lo cual es plenamente aplicable a hechos generadores acaecidos con anterioridad a la promulgación de las indicadas leyes dado que el derecho a la prescripción del contribuyente era expectaticio y no se encontraba consolidado, debiendo aplicarse la normativa vigente al momento en que el sujeto pasivo invocó la prescripción; por lo que, se lesionó su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante consideró como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación, y a la justicia plural en sus componentes de seguridad jurídica y legalidad, a cuyo efecto citó los arts. 115.II, 108.I, 164.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia:
- 1)Se deje sin efecto la Sentencia 94; y,
- 2)Ordenar que las autoridades demandadas pronuncien una nueva resolución, respetando sus derechos fundamentales.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
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