Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante alegó la lesión del debido proceso, en sus elementos debida fundamentación, motivación y congruencia, así como de sus derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, los demandados, al emitir el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2018, dictada en apelación del Auto de Procesamiento 01/2011:
- 1)No se pronunciaron respecto a la falta de resolución de su excepción de extinción de la acción penal por prescripción, de manera previa a la emisión del Auto apelado, y apartándose de los agravios expresados, dispusieron en vía de saneamiento procesal, la nulidad de obrados y su correspondiente remisión ante el Tribunal Departamental de justicia de Oruro a efectos de que dicha instancia, asumiendo la competencia otorgada mediante , tramite la causa y dicte auto de procesamiento;
- 2)No otorgaron el valor correspondiente a los medios de prueba aportados para respaldar y acreditar la excepción de prescripción, incurriendo en interpretación errónea de la ley respecto al término de la prescripción; y,
- 3)Tampoco resolvieron la excepción de falta de acción respecto a los ilícitos de organización criminal y estafa que recién se incorporó en el Código Penal y que no se encontraban tipificados al momento de la supuesta comisión del delito atribuido.
Sintesis de la ratio decidendi
Se deniega la acción de amparo constitucional por perdida del objeto procesal o materia, en mérito de lo cual no tendría razón de ser, que la jurisdicción constitucional se pronuncie en el fondo, si al momento de promoverse la demanda tutelar, ya no se cuenta con los elementos fácticos que sustenten la denuncia.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.3 “…los demandados hubiesen vulnerado el debido proceso, en sus elementos de una debida fundamentación, motivación y congruencia, así como de sus derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, mediante el Auto de Vista 1 de noviembre de 2018, dictada en apelación del Auto de Procesamiento 01/2011, omitieron pronunciarse respecto a la falta de resolución de su excepción de extinción de la acción penal por prescripción, de manera previa a la emisión del Auto citado, y apartándose de los agravios expresados, dispusieron en la vía del saneamiento procesal, la nulidad de obrados y su correspondiente remisión ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro a efectos de que dicha instancia, asumiendo la competencia otorgada mediante , tramite la causa y dicte auto de procesamiento, corresponde tener presente que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de amparo constitucional resulta improcedente cuando el objeto procesal o materia de cuestionamiento a desaparecido o se ha sustraído por diferentes circunstancias, en mérito de lo cual no tendría razón de ser, que la jurisdicción constitucional se pronuncie en el fondo, si al momento de promoverse la demanda tutelar, ya no se cuenta con los elementos fácticos que sustenten la denuncia; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. En este contexto y analizados como fueron los antecedentes del proceso, del informe de los demandados, así como de los argumentos y documental probatoria presentada por los terceros interesados, que no fue objetada, controvertida o rechazada por el impetrante de tutela en audiencia de la acción tutelar en análisis, se tiene que contra el Auto de Procesamiento 01/2011, su persona y otros coprocesados, formularon recursos de apelación, lo que mereció que las autoridades ahora demandadas (Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba), actuando como Tribunal de apelación, pronunciaran el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2018 (Conclusión II.9), en el cual realizaron un saneamiento procesal al amparo del art. 17 de la LOJ y en aplicación del art. 167 del DL 10426, disponiendo la devolución del proceso ante la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (Tribunal de acusación) para que como Tribunal competente en calidad de Juez natural, emita un nuevo Auto Final de la Instrucción, en cumplimiento al , y sea con la debida motivación y fundamentación, conforme a los lineamientos referidos en la mencionada Resolución; por lo que el objeto procesal expuesto en la presente acción tutelar, consistente en la no resolución de la indicada excepción de manera previa al Auto de Procesamiento citado, se sustrajo, desapareciendo los hechos que lo sustentaban al haberse saneado lo obrado hasta la emisión de otro Auto (Conclusión II.9), correspondiendo al Tribunal de la causa determinar el estado y tramitación de los incidentes y excepciones formulados antes de emitirse la referida decisión de procesamiento. Por lo expuesto, no es viable su atención mediante la presente acción tutelar; toda vez que, si bien existe pronunciamiento de fondo de la excepción planteada mediante la Resolución 22/2017 (Conclusión II.7), será el Tribunal Departamental de Justicia Oruro (conforme dispusieron las autoridades hoy demandadas en el Auto de Vista de 1 de noviembre de 2018), las que determinen los efectos de la decisión de alzada en relación a las cuestiones incidentales tramitadas y resueltas luego de la emisión del Auto de Procesamiento 01/2011; por lo que, corresponde denegar la tutela, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.”
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0777/2019-S4 Sucre, 12 de septiembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28647-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 05 de 17 de abril de 2019, cursante de fs. 2402 vta. a 2406, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Alfredo Rivas Memm contra Nelsón César Pereira Antezana, María Anawella Torres Poquechoque, Roberto Óscar Freire Arze, Gualberto Terrazas Ibáñez, Silvia Clara Zurita Aguilar, José Eddy Mejía Montaño, Elisa Sánchez Mamani, Juan Carlos Orozco Alfaro, Juan Carlos Claros Sandoval, Pio Gualberto Peredo Claros, Diómedes Javier Mamani y Javier Rodrigo Celiz Ortuño, todos Vocales de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 15 de febrero de 2019, cursante de fs. 1955 a 1962, y de subsanación el 14 y 23 de marzo de igual año (fs. 2031 a 2059 vta. y 2062 a 2065), el accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Ante la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, producto de la acumulación de una serie de causas penales vinculadas a la liquidación forzosa del ex Banco BIDESA Sociedad Anónima (S.A.), se tramita un proceso penal como caso de corte, bajo la normativa prevista en el Decreto Ley (DL) 10426 de 23 de agosto de 1972 (Código de Procedimiento Penal abrogado), el cual fue promovido por el señalado ex Banco en liquidación, el Banco Central de Bolivia (BCB), la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el Fondo de Vivienda Social (FONVIS) y otros contra y Luis Fernando Roberto Landivar Roca, otros ex ejecutivos del Banco BIDESA S.A., y su persona habiéndose emitido el Auto Inicial de Instrucción 084/98 de 15 de septiembre de 1998; posteriormente, el 25 de marzo de 1999, se aprobó el Código de Procedimiento Penal -Ley 1970-, estableciéndose en su Disposición Transitoria Primera, que las causas en trámite, iniciadas en vigencia del anterior compilado adjetivo, se regirían aún por las normas contenidas en aquel; salvo los casos descritos en la Disposición Transitoria Segunda, que determinó que respecto a los arts. 19 y 20 del nuevo ordenamiento jurídico, éstos entrarían en vigencia al momento de la publicación de la norma y un año después, las disposiciones legales que regulan el régimen de medidas cautelares, salidas alternativas y prescripción de la acción penal. Es así que, en vigencia del nuevo procedimiento penal, el 6 de diciembre de 2001, el ente colegiado, dictó el Auto Ampliatorio 35/2001, contra Luis Fernando Roberto Landivar Roca, Virginia Grock de Rojas y otros.
No obstante que mediante , el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, previo informe del Juez comisionado, fue declarado competente para el conocimiento y resolución del proceso, emitió el Auto 009/2011 de 25 de igual mes, mediante el cual, además de resolver las excusas y recusaciones formuladas contra dicho Tribunal, determinó la remisión de obrados ante el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; instancia que, actuando sin competencia, dictó Auto de Procesamiento 01/2011 de 8 de junio, disponiendo entre otras cosas, librar mandamientos de detención formal contra algunos procesados, entre ellos, Luis Fernando Roberto Landivar Roca, quien formuló acción de libertad que culminó con la emisión de la , que se limitó a establecer que el referido mandamiento, carecía de validez legal, toda vez que el procesado se encontraba en libertad bajo medidas sustitutivas, por lo que no resultaba viable su ejecución y no existía amenaza alguna al derecho a la libertad del entonces impetrante de tutela; motivo por el cual, se le denegó la tutela, lo que implica claramente que se mantuvo subsistente el citado Auto de Procesamiento que no fue objeto de la acción de defensa, misma que se restringió únicamente a la orden de detención.
Contra el mencionado Auto de Procesamiento, su persona y otros coprocesados, formularon recurso de apelación, argumentando que la decisión objetada, omitió pronunciarse con carácter previo respecto a las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y de prejudicialidad, incurriendo en vulneración de los arts. 186 del Código de Procedimiento Penal abrogado (CPPabrg) y 30 y ss. del CPP; no obstante, los Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que conocieron el recurso, al dictar el Auto Supremo de 1 de noviembre de 2018, realizando un saneamiento procesal, al tenor de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- y en aplicación del art. 16 del DL 10426, ordenaron la devolución del proceso al Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme a lo dispuesto por el , a efectos de que se dicte nuevo auto final de instrucción, con la debida fundamentación y motivación; sin embargo, no emitieron criterio alguno sobre la falta de resolución, con carácter previo, de la excepción de prescripción de la acción penal planteada por su parte el 12 de mayo de 2011, al haber transcurrido más de ocho años desde que cesó la consumación de los supuestos delitos que le fueron endilgados mediante Auto de Inicial de Instrucción 35/2001 de 6 de diciembre, extremo que hacía evidente que la excepción planteada debía ser declarada probada; asimismo, tampoco existió resolución a la excepción de falta de acción respecto a los ilícitos de organización criminal y estafa que recién se incorporaron en el nuevo Código Penal y que no se encontraban tipificados al momento de la supuesta comisión del delito atribuido, denotándose en consecuencia, la falta de congruencia de la decisión asumida por el Tribunal de apelación, que omitió manifestarse sobre todos los agravios planteados en la impugnación.
La determinación asumida por los ahora demandados, al margen de no expresar una debida fundamentación, reemplazándola por la simple relación de los requerimientos formulados por los recurrentes, no otorgó el valor correspondiente a los medios de prueba aportados con la finalidad de respaldar y acreditar la excepción de prescripción, habiendo por el contrario, actuado de manera ultra petita, al conceder más de lo solicitado en favor de terceros que ni siquiera promovieron impugnación alguna; situación que devino en una reforma en perjuicio suyo, debido a que la anulación de obrados, emergente de la deficiente revisión y tasación de los elementos de convicción, generó caos e inseguridad jurídica, apartándose de las previsiones normativas contenidas en los arts. 398 con relación al 403.2 del CPP, al apartarse de los asuntos objeto de apelación y arrogándose competencia que no les corresponde, cuando, en su lugar, debieron ingresar al análisis de fondo de lo demandado y, resolver la apelación interpuesta y pronunciando resolución revocando o aprobando el fallo confutado.
Además de los extremos antes señalados, los ahora demandados incurrieron también en una errónea interpretación de la ley respecto al término de la prescripción, emergente de la aludida falta de valoración de los elementos de prueba que acreditan que desde que cesó la consumación de los ilícitos imputados en el Auto Inicial de Procesamiento, transcurrieron más de ocho años y que, con referencia a los otros delitos endilgados, éstos no se encontraban tipificados aún al momento de su presunta participación en el supuesto hecho delictivo.
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