0777/2022-S4

Los impetrantes de tutela, en audiencia virtual, ratificaron el contenido de la acción de amparo constitucional, y ampliando la misma, manifestaron lo siguiente:

1. a)La autoridad demandada, desconoce la diferencia entre excepciones e incidentes y los recursos, siendo que la teoría recursiva tiende a la mutación de la decisión principal para la eficacia de la pretensión postulada;
2. b)La decisión asumida por la juzgadora disciplinaria, contiene graves falencias pues se basa en una norma del régimen disciplinario para la jurisdicción ordinaria que versa sobre incidentes y nulidades;
3. c)Si bien se reconoce que el procedimiento para tramitar un recurso es por la instancia incidental, un autor de mediados del Siglo XX, enseñó que todo proceso es un incidente; sin embargo, no todas las pretensiones son incidentes por su naturaleza, siendo que todas las cuestiones accesorias se tramitan por la vía incidental;
4. d)No se formuló ante la autoridad demandada ni un incidente ni una excepción, sino un recurso de reposición destina a hacerlo conocer a la Jueza de la causa que, conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y de una interpretación sistemática de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Mohamed contra Argentina y otros, se deja fuera de discusión la regla de que la actividad impugnaticia no puede ser limitada o direccionada arbitrariamente por ninguna autoridad jurisdiccional o administrativa; por el contrario, se halla constreñida a tramitar cualquier actividad de objeción; regla que fue omitida por la autoridad demandada;
5. e)La determinación que motiva la acción de defensa, resulta contraria a la ley de manera formal y material, pues se aplica una disposición legal que no se vincula a la pretensión postulada, pretendiendo desconocer su obligación de emitir un pronunciamiento concreto a partir de la verificación de la situación jurídica bajo el argumento de la impertinencia de la pretensión;
6. f)Adicionalmente, la providencia confutada carece de una debida fundamentación y motivación, pues, se reitera, se sustenta en una disposición legal inaplicable;
7. g)Es cierto y evidente que bajo la doctrina de las auto-restricciones la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de revisar los criterios de interpretación de la jurisdicción ordinaria, no menos evidente es que, el decreto emitido por la hoy demandada no cumple con la carga argumentativa suficiente, dado que, si bien bajo el criterio de predictibilidad de los actos procesales, una simple providencia puede poner fin a un debate; sin embargo, cuando la determinación es de cierre, la autoridad que la emite se encuentra obligada a explicar las razones que la llevan a definir una situación jurídica concreta, lo que no ocurrió;
8. h)La actividad desplegada por una autoridad jurisdiccional, conforme a lo razonado en el caso Arellano Almonacid contra Chile, tramitado ante la Corte IDH, es ilegal cuando se pronuncia al margen de la ley o cuando se usa una norma no aplicable o cuando se limita el derecho de acceso a la justicia y a la doble instancia; situación que se presenta en el caso concreto; dado que, la demandada contraviniendo las reglas de su propia competencia, aplica una norma no pertinente a una pretensión de distinta naturaleza; y,
9. i)La causa en análisis es de fácil trámite; por lo que, la Sala Constitucional, valorando el fondo de los hechos expuestos y la prueba que corre en antecedentes, deberá conceder la tutela impetrada, dejando sin efecto la providencia de 25 de febrero de 2021, ordenándose a la Jueza hoy demandada, emitir una nueva conforme a lo expresado por la jurisprudencia de la Corte IDH, concediendo la apelación de manera fundamentada y motivada.

A las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, los impetrantes de tutela manifestaron que:

1. 1)El proceso disciplinario fue instaurado en su contra por la supuesta comisión de dos faltas: suspensión sin instalación de audiencia y, aparente retardación de justicia, siendo que respecto a la primera la decisión disciplinaria fue revocada en el marco de los dispuesto por el art. 129 de la CPE, que determina que las audiencias de acción de amparo constitucional no pueden ser suspendidas; y, con referencia a la segunda, se alegó la dilación en la celebración de audiencia que había sido suspendida en tres oportunidades;
2. 2)En cuanto a la dilación en la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional no ha emitido pronunciamiento hasta la fecha;
3. 3)Como resultado de una primera impugnación que derivó en la revocatoria del fallo de la hoy demandada, se le otorgó cuarenta y ocho horas para emitir nuevo pronunciamiento; lamentablemente, dicha autoridad dictó nueva decisión aproximadamente un mes después, habiendo sido notificados con el nuevo fallo vía teléfono celular, siendo que las oportunidades en las que se apersonaron a objeto de conocer el estado de la causa, se les informó verbalmente que la misma se encontraba en despacho para resolución; extremos que no son objeto de la presente acción de defensa;
4. 4)La ahora demandada no dio respuesta al recurso interpuesto, argumentando que este no procede dentro de un proceso administrativo, por su carácter sumario, cuando tranquilamente debió negar su reposición y alternativamente concederles la apelación; y,
5. 5)Si bien el art. 110 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental aprobado por Acuerdo 020/2018, establece el recurso de apelación como medio de impugnación, no menos evidente es que dicho mecanismo tiene que ver con la objeción del fondo de lo decidido, resultando por otra parte que, con referencia a providencias de mero trámite no puede existir apelación, determinando que contra ellas solo cabe el recurso de reposición que si no repone el acto debe concederse alternadamente la apelación; razonamiento que resulta coherente.

Patricia Goyzueta Morón, Jueza Disciplinaria Tercera del Distrito Judicial de La Paz del Consejo de la Magistratura, si bien, conforme se establece en la decisión asumida por la Sala Constitucional, presentó el correspondiente informe, este no se encuentra anexado al cuaderno procesal; no obstante, a través de los argumentos expuestos por esta y que fueron identificados en lo principal por la jurisdicción constitucional en el fallo que se revisa, se tiene que manifestó lo siguiente:

1. i)La notificación con la resolución fue practicada de forma personal a los procesados, quienes tenían cinco días para su impugnación, conforme dispone el art. 110 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; sin embargo, no se interpuso ningún recurso contra la indicada determinación;
2. ii)En ejecución del fallo, declarada por Auto de 8 de enero de 2021, luego de transcurrido un mes, se presentó un memorial planteando la inejecutabilidad de la decisión; pretensión que se encuentre fuera de procedimiento, siendo que posteriormente, a través de un segundo escrito de 24 de febrero del indicado año, se formuló recurso de reposición con alternativa de apelación, emitiéndose el decreto de 25 de igual mes y año, que al ser absolutamente claro, no merece mayor fundamentación ni motivación que la contenida en el mismo; y,
3. iii)Existe una resolución ejecutoriada que, conforme al procedimiento disciplinario previsto en el Acuerdo 020/2018 concordante con la Ley del Órgano Judicial, no admite la tramitación de otros aspectos o incidentes en ejecución de sentencia; por lo que, la no formulación de la apelación oportuna contra la Resolución 052/2020, no es responsabilidad de la demandada, existiendo en consecuencia, una situación de subsidiariedad. Bajo dichos argumentos solicitó se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 46/2021 de 10 de marzo, cursante de fs. 54 a 61, concedió la tutela solicitada, sin costas ni costos, dejando sin efecto la providencia de 25 de febrero de 2021, disponiendo que la autoridad demandada, emita conforme al art. 180.II de la CPE, nuevo pronunciamiento o resolución fundamentada y motivada, en el marco de la normativa evocada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. a)La Constitución Política del Estado, en sus arts. 115.II, 117.I y 180, establecen el debido proceso como una garantía constitucional en la administración de justicia y en la tramitación de procedimientos administrativos, reconociéndose asimismo el derecho a la defensa, el derecho al juez natural e imparcial, la garantía de presunción de inocencia, el derecho a ser asistido por un traductor, el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, el derecho a recurrir, el derecho a la legalidad de prueba, la igualdad, a no declarar contra sí mismo, a la congruencia entre la acusación y la condena, a la garantía del non bis in idem a la valoración razonable de la prueba, etc.; derechos que no necesariamente son limitativos;
2. b)Con referencia al derecho a la impugnación, el art. 180 de la CPE, de forma expresa ha reconocido, los principios en los cuales se basa y fundamenta la jurisdicción, estableciéndose en su parágrafo II, de manera taxativa, que sí se garantiza el principio de impugnación;
3. c)En los procesos judiciales, el derecho a la impugnación constituye un elemento del debido proceso, por ello, se debe prever que dentro de todo procedimiento, se resguarden estos derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en los mismos; es decir, que conforme al art. 180 de la Norma Suprema, debe preverse que en todo procesamiento exista siempre un mecanismo para recurrir el acto o resolución que se considera lesivo, a objeto de que este se restablezca o se pueda reparar el acto ilegal, o la omisión indebida que se demanda como agravio;
4. d)Sobre el derecho a la impugnación, la Corte IDH, en el caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam, reiteró el alcance de esta garantía, determinando que, sobre el alcance y contenido del art. 8.2 de la CADH; así como, los estándares que deben ser observados, para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante Juez o Tribunal; esto bajo la comprensión que este derecho consiste en una garantía mínima y primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia pueda ser revisada por un Juez o Tribunal distinto y de superior jerarquía, a efectos de quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias;
5. e)Por su parte, la jurisprudencia constitucional, pronunciándose respecto al derecho a la impugnación, ligándolo al derecho a la doble instancia, a través de la SCP 1881/2012 del 12 de octubre, refiere que se debe desechar rigorismos o formalismos exagerados, a efectos de que se logren fines prácticos e institucionales del sistema de impugnación; entendimiento que ratifica la ratio decidendi de la SC 1583/2003;
6. f)El recurso de reposición, se constituye en un recurso judicial de impugnación y no puede ser considerado como un incidente o como una excepción, por cuanto se encuentra destinado a cualquier acto procesal o administrativo, que genere un agravio sea reformado o anulado total o parcialmente, por el mismo Juez o Tribunal que los dicta o por un Tribunal jerárquicamente superior, pues debe recordarse que jueces, autoridades administrativas, jueces disciplinarios, en su calidad de humanos, pueden cometer algún error o alguna omisión que es posible a veces enmendarse por la propia autoridad o y por una autoridad superior;
7. g)La finalidad de los recursos es corregir y/o enmendar cualquier situación, omisión o transgresión, que se haya ejecutado, debiendo comprenderse a estos medios impugnativos, como una medida correctiva para eliminar vicios e irregularidades procesales y en definitiva lograr que los derechos y las garantías procesales, puedan ser desarrollados con mayor eficacia, a través de la fiscalización de un pronunciamiento y lograr una mejor justicia;
8. h)La providencia objeto de la presente acción tutelar, se basa en una norma que no es subsumible, no hay correspondencia con el caso, dado que, el proceso disciplinario, cuyo trámite se sustenta en el Reglamento de procesos disciplinarios, para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental aprobado mediante Acuerdo 020/2018, contiene en su cuerpo normativo una disposición expresa que determina que solamente serán admisibles excepciones e incidentes nominados de incompetencia y de prescripción, siendo que no existe en el señalado cuerpo normativo, ninguna norma específica que permita al Juez Disciplinario rechazar un recurso de impugnación; es más, dicho compilado, de forma específica, en su art. 14, prevé el derecho a impugnar, determinando al efecto un plazo fatal para apelar, e inclusive, dedica todo un título del art. 110 y ss. a la apelación, evidenciándose en consecuencia, que no se encuentra en este contenido normativo ninguna norma, que de forma taxativa y expresa le faculte a la autoridad disciplinaria a rechazar in limine un recurso de impugnación, debiendo entenderse que el recurso de reposición se constituye en un derecho impugnaticio;
9. i)Siendo que la señalada normativa, al reconocer la viabilidad de un recurso de apelación, reconocer el derecho de impugnación, no se comprende la razón por la cual el recurso de reposición formulado no fue tramitado de manera correcta y en el marco del Acuerdo 020/2018, incurriendo la demandada en una subsunción o en un razonamiento que no corresponde, al realizar una analogía con una norma específica, evocando el art. 30 del Reglamento de Régimen Disciplinario, el cual prevé que no se admiten excepciones e incidentes, siendo que en el presente caso, de la lectura del memorial presentado por la parte accionante, en ningún momento se planteó una excepción que también se constituyen un medio de defensa, ni un incidente, sino que de forma clara tiene como como título y como suma el planteamiento de un recurso de reposición con alternativa de apelación;
10. j)La negativa de la autoridad demandada al derecho de la impugnación, contraviene lo dispuesto por el art. 180.II de la CPE, al margen de que, de acuerdo al análisis del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, no se establece ninguna prohibición ni tampoco una norma expresa; por la cual, la autoridad, bajo principio de legalidad y taxatividad, podría negar este recurso, dado que, lo contrario constituiría una vulneración a derechos fundamentales;
11. k)Llama la atención de la Sala Constitucional, que la providencia de 25 de febrero de 2021, a más de sustentarse en una norma que no corresponde lesionando derecho de la impugnación, más allá de citar este art. 30 del Reglamento de Régimen Disciplinario, no se encuentra en qué momento dicha determinación realmente resuelve la pretensión o explica los motivos que la sustentan, debiendo referirse que, conforme al art. 115 de la Ley Fundamental, el debido proceso se compone a su vez -entre otros elementos?, de la exigencia de la motivación de las resoluciones; elemento que se constituye en aquella obligación de la autoridad, de describir cuáles son las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto, debiendo señalar con precisión cuales son las circunstancias especiales, cuáles son las razones, las causas que tuvo el juzgador para adoptar dicha determinación; es decir que, a momento que el justiciable toma conocimiento de una disposición una de resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, el justiciable debe entender los motivos, las razones, por las cuales se ha dispuesto en una u otra forma; sin embargo, en el presente caso, dicha motivación resulta ausente, pues el razonamiento expuesto por la demandada es absolutamente insuficiente y mínimo y basado en una norma no aplicable, siendo que al no dar ninguna otra explicación en los hechos porque este recurso de impugnación no sería viable, impide a la parte impetrante de tutela comprender los motivos, las razones, las circunstancias y la lógica; por la cual, se determina un "No ha lugar" (sic), situación que, en coherencia con lo manifestado, establece que también existe una vulneración respecto a la falta de motivación en la determinación; y,
12. l)De la revisión del cuaderno original del régimen disciplinario si bien existe una resolución administrativa sancionatoria que se encontraría en un aparente estado de ejecución, se entiende también que los actos posteriores presentados por la parte accionante, atacan directamente la ejecutabilidad de dicha decisión; dado que, de acuerdo a los antecedentes, hubiera sido dictada fuera de plazo que, al mismo tiempo, sanciona a los procesados por una falta similar; de ahí que las observaciones de la parte solicitante de tutela, sean absolutamente fundadas, en el sentido de que su pretensión debe ser tramitada y respondida de manera motivada, fundada y razonada en el marco de lo dispuesto por el art. 180.II de Norma Suprema y conforme a los elementos del debido proceso como son la motivación y la fundamentación de una resolución, inclusive, la congruencia externa que debe mantenerse siempre en toda resolución, debiendo existir la pertinencia y la absoluta relación entre lo pedido y lo resuelto.

1. 1)Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

La línea jurisprudencial citada precedentemente, estableció que el debido proceso está reconocida por la Constitución en su triple dimensión:

1. i)Como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado;
2. ii)A la vez como un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes; y,
3. iii)Como una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento.