Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2019-S3 Sucre, 21 de octubre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 27120-2019-55-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 2/2019 de 4 de enero, cursante de fs. 923 a 926, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alfredo Hernán Jaimes Justiniano en representación legal de la Cooperativa Educacional Colegio Loretto Limitada (CECOL Ltda.) contra Jacqueline Cecilia Rada Arana y Ernesto Macuchapi Laguna, Vocales de la Sala Civil Tercera y Quinta, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; José Ángel Carvajal Cordero, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital de ese departamento; Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; Jockey Club La Paz Sociedad Anónima (S.A.); y, Asociación de Propietarios de la Urbanización San Miguel.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 26 de noviembre y 31 de diciembre, ambos de 2018, cursantes a fs. 1, 352 a 364 y 752 a 771, la parte accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro el proceso ordinario civil seguido por Jockey Club La Paz S.A. contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Asociación de Propietarios de la Urbanización San Miguel de la misma ciudad, sobre nulidad de compra y venta de propiedad ajena y escritura pública, cancelación de inscripciones en el registro de Derechos Reales (DD.RR.) y restitución de propiedad, más pago de daños y perjuicios, respecto a un inmueble ubicado en la mencionada Urbanización; se dictó la Sentencia 367/88 de "1" de diciembre de 1988, declarando la nulidad de la Escritura Pública 467 de 25 de octubre de 1984, ordenando la reivindicación de 8 800 m2 a favor de la entidad demandante; sin embargo, dicha determinación no consideró que el terreno en litigio se encontraba en posesión de CECOL Ltda., a quien no se le citó en el referido proceso.
El Juez de la causa, rechazó todos los reclamos efectuados por CECOL Ltda., con justificaciones carentes de fundamento legal, sin tomar en cuenta su calidad de poseedores del terreno objeto de la litis, pretendiendo desapoderarlos sin haber sido parte de la demanda y sin efectuar el pago previo del valor de las construcciones efectuadas.
En ese sentido, se apersonaron al proceso en el estado en que se encontraba y entre las observaciones de fraude procesal, evidenciaron que la autoridad jurisdiccional encargada de la ejecución de la Sentencia 367/88, tenía interés y relación económica familiar con la empresa Hogares Bolivianos S.A., al ser ésta un "apéndice" de Jockey Club La Paz S.A., que a su vez es parte en el referido juicio; por tal razón, el 6 de junio de 2018, plantearon recusación contra el José Ángel Carvajal Cordero, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital departamento de La Paz, quien es hijo del extinto Luis Carvajal Vera -en su momento representante y miembro del Directorio de la referida Empresa-, invocando las causales establecidas en el art. 347.1, 6 y 9 del Código Procesal Civil (CPC), incidente resuelto mediante Auto Interlocutorio 150/2018 de 7 de junio, en el que la mencionada autoridad jurisdiccional rechazó la recusación formulada arguyendo cuestiones formales.
En revisión, la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia del citado asiento judicial, emitió el Auto de Vista 277/2018 de 12 de septiembre, confirmando el Auto Interlocutorio mencionado, reproduciendo similares argumentos, apartándose de la objetividad y el principio de verdad material, omitiendo considerar la relación empresarial que existía entre el entonces padre del Juez recusado con la entidad demandante dentro de la causa tramitada ante el Juzgado Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del referido departamento; tampoco tomaron en cuenta que la recusación no acusó una relación personal sino empresarial movida por intereses económicos de apoderamiento y comercialización de terrenos; además de obviar que a la muerte del padre del Juzgador, los derechos que tenía en Jockey Club La Paz S.A. y en la empresa Hogares Bolivianos S.A., pasaron a propiedad de este último por su calidad de heredero.
El Juez codemandado no ordenó el diligenciamiento de los elementos probatorios producidos oportunamente y los Vocales demandados no valoraron los documentos propuestos que se encuentran en el cuaderno de recusación y el expediente principal.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La parte accionante alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos al juez independiente e imparcial, fundamentación, motivación, igualdad procesal y valoración razonable de la prueba; a la defensa en su vertiente de acceso a los medios probatorios; a la propiedad; a la educación; al "pago de la indemnización"; a la "retención del inmueble hasta el pago por las construcciones"; a la "preferencia"; y, a los principios de igualdad, anticorrupción, transparencia y honestidad; citando al efecto, los arts. 12.I, 13.IV, 14.I, 108.8, 115.II, 117, 119, 120.I, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, y se declare:
- a)Fundada la recusación planteada contra el Juez codemandado y se disponga su separación del conocimiento de la causa, ordenándose la remisión al juzgado siguiente en número;
- b)La anulación del Auto de Vista 277/2018 y en consecuencia se dicte uno nuevo, tomando en cuenta los extremos señalados en la recusación; y, los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado;
- c)La nulidad del Auto Interlocutorio de 21 de septiembre de 2018, que dispone el desapoderamiento;
- d)Disponer que se inicie el procedimiento de calificación por indemnización o pago de las construcciones en el terreno sito en Av. Montenegro 1001 de la Urbanización San Miguel, zona Calacoto de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y sea por el reivindicante; y,
- e)Se reconozca el derecho de retención del inmueble como garantía de la obligación de indemnización.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
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