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TCP

0779/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0779/2026-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2026-S3 Sucre, 05 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 75688-2025-152-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 117/2025 de 11 de agosto, cursante de fs. 2357 a 2361 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mariela Arancibia Seña, Rectora del Instituto Técnico Aurora Rosells de Fe y Alegría contra Víctor Hugo Coronado Mejía, Director Departamental de Educación de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de mayo de 2025, cursante de fs. 51 a 72, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso disciplinario administrativo instaurado en su contra por presuntas faltas disciplinarias denunciadas por Lucy Ximena Zelaya Calvimontes, Noelia Paola Paniagua Chavarría, Sara Annet Rojas Carreño, Fritz Adrián Hamel Cruz y Olga Campos Thus, -terceras interesadas-, planteó excepción de prescripción respecto a los hechos atribuidos, argumentando que éstos acontecieron en las gestiones 2021, 2022 y 2023, habiendo sido notificada con el Auto de Inicio de Proceso Administrativo Disciplinario 03/2024 el 17 de octubre de 2024; transcurriendo, el plazo de dos años reconocido por la jurisprudencia constitucional para la prescripción respecto a las gestiones 2021 y 2022, citando al efecto la .

Mediante Decreto de 20 de diciembre de 2024, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Educación; observó su solicitud, requiriéndole que precise la base que sustentaba la prescripción invocada; en cumplimiento a dicha observación, por memorial de 13 de enero de 2012 señaló que, los arts. 203 y 140 de la Constitución Política del Estado (CPE) obligaban a las autoridades disciplinarias a aplicar la jurisprudencia constitucional y el bloque de constitucionalidad con carácter preferente; en el entendido de que, conforme al criterio establecido en el precedente jurisprudencial citado, la prescripción operaba por el transcurso del tiempo aun cuando no hubiera sido oportunamente alegada por la parte interesada; ante lo cual, mediante Decreto de 14 de enero de 2025, el Tribunal Disciplinario; consideró, que la observación no había sido cumplida, otorgando un nuevo plazo para su subsanación. En dicho mérito, por memorial de 16 del mismo mes y año, refirió que si bien el Reglamento de Sanciones y Faltas de Institutos Técnicos y Tecnológicos aprobado por Resolución Ministerial 631/2023 de 2 de agosto, no regulaba expresamente la prescripción, correspondía aplicar de manera preferente la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional, que reconoce a dicho instituto como un mecanismo de defensa vinculado a ser juzgado dentro de un plazo razonable; sin embargo, por decreto de 21 de enero de 2025, el Tribunal Disciplinario tuvo por no presentada la excepción de prescripción, al considerar que la subsanación fue presentada fuera de plazo.

Contra dicha determinación; interpuso, recurso de revocatoria denunciando la vulneración de sus derecho al debido proceso por haberse desconocido la aplicación preferente de la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional sobre la prescripción afectando la seguridad jurídica, así como por haber emitido una decisión carente de fundamentación y motivación al no explicar las razones por las cuales desestimó los argumentos constitucionales expuestos, vulnerando además su derecho a la defensa la impedirle obtener un pronunciamiento de fondo sobre la excepción planteada.

El Tribunal Disciplinario, por decreto de 4 de febrero de 2025 no dio curso al recurso formulado; ante ello, promovió recurso jerárquico, reiterando los agravios vinculados a la vulneración del debido proceso en sus elementos de interpretación constitucionalmente válida, seguridad jurídica, fundamentación, motivación y defensa, sosteniendo que las autoridades disciplinarias privilegiaron la aplicación de normas reglamentarias por encima de los mandatos contenidos en la Constitución Política del Estado y de la jurisprudencia constitucional vinculante.

Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución 4/2025 de 21 de abril, que confirmó la decisión impugnada, argumentando que la recurrente -hoy accionante- no subsanó adecuadamente las observaciones efectuadas por el Tribunal Disciplinario respecto a la fundamentación legal de la prescripción; así como la existencia de observaciones de auditoría relacionadas con el manejo de recursos económicos cuya investigación no podía quedar sin esclarecimiento, sosteniendo que la responsabilidad administrativa se encontraba respaldada por informes de auditoría con valor de prueba pre constituida y que, conforme a lo previsto en el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2022- la prescripción habría sido interrumpida por actuaciones previas vinculadas al informe de auditoría y a las comunicaciones efectuadas a la accionante.

En ese contexto, las autoridades demandadas mantuvieron una interpretación que desconoció la aplicación preferente de la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional, impidiéndole obtener una decisión de fondo respecto a la excepción de prescripción planteada, incorporando incluso nuevos fundamentos vinculados al informe de auditoría interna, concluyendo que la prescripción no resultaba aplicable debido a la interrupción de plazos y la naturaleza de los hechos investigados, razonamientos que resultan ajenos a la problemática en revisión, puesto que el objeto de la impugnación no radicaba en determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa ni sobre el mérito de las observaciones de auditoría, sino sobre la legalidad de la decisión que tuvo por no presentada la excepción de prescripción.

Asimismo, existió una errónea interpretación del art. 79 de la LPA, refiere que la prescripción de las sanciones queda interrumpida mediante la iniciación de un proceso de cobro, aspecto distinto a su caso, dado que en su contra no pesaba ninguna sentencia que la declare culpable y le imponga sanción alguna; en ese sentido, la prescripción opuesta se encontraba referida la transcurso de más de dos años desde la presunta comisión de los hechos atribuidos, no resultando aplicable la normativa invocada por las autoridades demandadas.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, incongruencia externa, seguridad jurídica, derecho a la defensa e "incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria", citando al efecto los arts. 115, 203 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Recurso Jerárquico 4/2025 de 21 de abril, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución, subsanado las vulneraciones al debido proceso.

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