0780/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0780/2019-S1 Sucre, 26 de agosto de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 28142-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 13 de 20 de marzo de 2019, cursante de fs. 92 vta. a 95, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Félix Ferrel Florero y Máxima Magaly Inturias de Ferrel contra Jimmy Fernando López Rojas y Editha Pedraza Becerra, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Oscar Menacho Angeleri, Juez Público Civil y Comercial Primero del aludido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 28 de febrero y 11 de marzo ambos de 2019, cursante de fs. 29 a 34; y, 40, los accionantes expusieron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante documento privado de 23 de octubre de 2015, debidamente reconocida en sus firmas y rúbricas, adquirieron de Meiby Gabriela Pérez Zuñagua un inmueble ubicado en el radio urbano del "URUBO", con una extensión de "1.006" m2, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la Matrícula 7.01.1.02.0000595, que al momento de la compra exigieron a los vendedores -ahora terceros interesados- el certificado alodial la misma que señaló que el inmueble a la fecha de la compra se encontraba libre y sin ninguna restricción; por lo que, precautelando el derecho propietario el 29 de igual mes y año, anotaron preventivamente el inmueble en DD.RR. en el asiento "13" y de forma definitiva el 31 de octubre de 2016.

Al momento de recoger la documentación de DD.RR. con la inscripción preventiva, tuvieron conocimiento de que el inmueble había sido objeto de un embargo judicial el 8 de octubre de 2015, ordenado por el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Santa Cruz, dentro de un proceso coactivo incoado por el Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) contra de Meiby Gabriela Pérez Zuñagua y Juan Bosco Paz Saavedra -esposo- por lo que, una vez "verificado el alodial" se dieron cuenta que la inscripción preventiva fue registrada en DD.RR., el 22 de diciembre de 2015 en el asiento 14, es decir posterior a su inscripción.

Sostienen que, con el derecho propietario consolidado y materializado desde la primera inscripción, adjuntando toda la documentación que acreditaba el mismo cumpliendo con las exigencias de los arts. 1553.II del Código Civil (CC); 61 del Reglamento de Modificación y Actualización de la Ley de Inscripción en DD.RR. y 411.II de la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013, interpusieron una tercería de dominio excluyente, solicitando el desgravamen del inmueble, por cuanto nada tenían que ver con la demanda coactiva cuyo registro del derecho propietario fue en una fecha anterior a la anotación preventiva efectuada por el Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Señalan que a través de Auto definitivo de 29 de agosto de 2017, el Juez Público Civil y Comercial Primero del departamento de Santa Cruz resolvió declarar improbada la tercería de dominio excluyente realizando una errada interpretación de la ley, por cuanto luego de darle la razón que efectivamente el embargo se realizó el 8 de agosto de 2015 y que la inscripción preventiva fue el 22 de diciembre del mismo año, señaló que "...el embargo del inmueble se efectivizó en la fecha de su cumplimiento es decir en fecha 8 de agosto del 2015 cuando la oficial de diligencias ejecutó el embargo y no así cuando se registró..." (sic), además refirió que la inscripción en DD.RR. es una seguridad adicional que otorga la ley y que no está establecida como requisito sine quanon, así lo ha establecido también la SC 0314/2006-R de 4 de abril.

Señala que, de manera errónea la autoridad judicial mencionó también el art. 1474 del CC referido a la enajenación del bien embargado, desconociendo de forma flagrante lo establecido en el art. 1473 del mismo cuerpo legal ya que de la interpretación de ésta última norma, el embargo realizado no surte ningún efecto jurídico frente a ellos, porque al momento de adquirir el inmueble dicho embargo no consignaba en el registro de DD.RR. y ante ello el único documento que garantiza la seguridad jurídica para la compra de un inmueble es el certificado alodial, el cual fue obtenido a efectos de la compra.

Agregan que, de igual forma haciendo una mala interpretación de la ley, fundamentó su resolución en el art. 414 del Código Procesal Civil (CPC), el cual dispone que todo acto jurídico de disposición o de constitución de gravámenes del bien embargado realizado en forma posterior a la efectividad del embargo, será ineficaz respecto al embargante, norma que tiene relación con el art. 411 de igual cuerpo legal que el juzgador pretende desconocer a toda costa, ya que en él se establece que el embargo se hará efectivo por su inscripción en DD.RR.; por lo que, en su caso el mismo fue ejecutado el 8 de octubre del 2015 recién se efectivizó el 22 de diciembre de igual año con su registro en DD.RR.; por lo cual, a partir de ese momento surtiría efectos frente a terceros; así lo dispone el art. 1538 del CC.

Considerando que el fallo del Juez a quo era injusto y arbitrario por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, plantearon recurso de apelación; mereciendo el Auto de Vista 274 de 10 de agosto de 2018 que confirmó totalmente el fallo recurrido, sin una debida fundamentación, motivación y congruencia "...referido al principio de incongruencia en la vertiente del debido proceso en la interpretación de la ley..." (sic), además sin analizar el fondo e incurriendo en los mismos actos y omisiones indebidas del Juez a quo, con una incorrecta valoración de los antecedentes y de la prueba cursante en obrados obviando analizar el contexto de los argumentos jurídicos del Juez inferior, tomando como único fundamento la SC 0314/2006-R desconociendo con ello lo establecido en los arts. 411.II del CPC y 1538.I y II del CC; el art. 523 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), y es sobre esta última norma que deviene la incongruencia y la errada interpretación, porque éste "art. 523 Del C.P.C. (DEROGADO) AHORA 414 de la Ley 439" (sic), no correspondía aplicar a su caso; toda vez que, adquirieron el inmueble antes que el embargo fuera registrado en DD.RR., de modo que no hicieron disposición de ningún bien embargado.