0780/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0780/2019-S3 Sucre, 21 de octubre de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 27926-2019-56-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 07 de 1 de marzo de 2019, cursante de fs. 176 vta. a 178 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Moscoso Oquendo contra Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Alberto Guzmán Méndez, Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 y 25 de febrero de 2019, cursantes de fs. 91 a 101; y, 104 y vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Actuó como abogado patrocinante del Banco de la Nación Argentina en el proceso ejecutivo seguido contra Ariel Coca Aguirre, en el que se dictó la Sentencia 26 de 8 de marzo de 1997 y habiéndose llevado a cabo el segundo remate, en ejecución de dicho fallo, se promovió concurso de acreedores, remitiéndose la causa al entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde se ventiló el mismo y se dictó Sentencia de "grados y preferidos", encontrándose como acreedor preferente -primer lugar- la entidad que representó, ordenándose primero el pago de las costas causadas a esta, después el honorario del referido profesional en proporción al resultado de la subasta.

Posteriormente, habiendo concluido el concurso de acreedores y en ejecución de Sentencia extendió pase profesional a favor del abogado Luis Fernando Calvo Moscoso, pero como aún no se determinó el monto recuperado para la fijación de la cuantía correspondiente, el pago de sus honorarios quedó pendiente hasta la recuperación efectiva, aspecto que fue reconocido tanto por la entidad patrocinada como por el precitado profesional.

Luego, habiéndose adjudicado el inmueble objeto de remate el Banco de la Nación Argentina en el monto de $us400 995.- (cuatrocientos mil novecientos noventa y cinco dólares estadounidenses), solicitó la regulación de sus honorarios profesionales; empero, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del aludido departamento -demandado-, mediante Auto 25 de 5 de febrero de 2018, equivocadamente reguló los mismos en base al monto de adjudicación aprobado por un Auto emitido el 17 de enero de 2014 que fue anulado luego de la interposición de una acción de amparo constitucional por parte del ejecutado, cuando debió hacerlo en base al Auto 252 de 22 de noviembre de 2017; por lo que, pidió su aclaración y corrección, mereciendo el Auto 42 de 9 de marzo de 2018 por el que la autoridad demandada reguló su honorario profesional en la suma de Bs3 000.- (tres mil bolivianos) y respecto a la cuantía del 10% sobre la base de la adjudicación, dispuso que al evidenciarse la participación de tres abogados copatrocinantes este monto debía cancelarse a prorrata entre estos; ante esta arbitraria decisión, interpuso recurso de apelación que fue resuelto por Auto de Vista 255/18 de 31 de julio del mismo año por la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del precitado departamento, disponiendo en su favor la suma de Bs3 000.- pero no así el porcentaje de la adjudicación "...POR NO HABER SIDO ABOGADO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEMANDANTE AL MOMENTO DE RESOLVERSE EL PRESENTE PROCESO..." (sic); Resolución que consideró injusta, desproporcional, ilegal, carente de motivación, fundamentación, con absoluta falta de relación entre lo pedido y lo resuelto en franca contradicción del principio de congruencia, puesto que en el referido recurso de apelación hizo conocer todos los agravios sufridos; empero, los Vocales demandados lejos de rectificar o subsanar los errores del Juez de instancia, sin fundamentación alguna decidieron que no le correspondía el porcentaje de la cuantía de la adjudicación cuando demostró que fue él quien consiguió sentencias favorables a la institución demandante que patrocinó, tanto en el proceso ejecutivo como de concurso de acreedores; disposición de la que pidió explicación que fue denegada al ser declarada "...NO HA LUGAR..." (sic).

En suma, las Resoluciones dictadas tanto por el Juez y los Vocales demandados, carecieron de fundamentación, motivación y congruencia, ya que hicieron caso omiso a todos los fundamentos legales que esgrimió, y no consideraron además su situación de persona adulta mayor que esperó por la regulación de sus honorarios profesionales que por ley le corresponden durante veintiún años, desde 1998 cuando obtuvo la Sentencia del proceso ejecutivo hasta la fecha y de mantenerse esta situación se produciría un "...DAÑO Y PELIGRO INMINENTE A MI ECONOMÍA, HACIENDO CONSTAR ADEMÁS QUE SOY UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD (92 AÑOS), YA EN EL OCASO DE MI VIDA, Y QUE EL HONORARIO PROFESIONAL CUYA TUTELA BUSCO, ES EL ÚLTIMO INGRESO QUE POR ESTE CONCEPTO RECIBIRÉ" (sic); por lo que finalmente, acudió a la jurisdicción constitucional a efectos de que subsane la vulneración de sus derechos constitucionales. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, al trabajo, a una remuneración justa, a la salud, alimentación, a la vida y a una vejez digna; así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 15, 16, 18, 46, 48.I, II, III y IV, 67.I y 68.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio