Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0781/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56233-2023-113-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 04/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 188 a 198 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Tito Vladimir Rojas Ascarraga y Sandalia Terrazas Velarde contra Zullma Raiza García Basualdo y Gonzalo Flores Céspedes, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 28 de abril y 4 de mayo de 2023, cursantes de fs. 1, 108 a 116 vta.; y, 119 a 120 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra a denuncia de Fermín Orellana Sejas y Bertha Claros de Orellana, el Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba emitió la Sentencia 061/2021 de 24 de diciembre, mediante la cual los declaró autores de la comisión del delito de lesiones leves y a la coacusada Mariela Rojas Terrazas autora de los delitos de lesiones leves y robo, por hechos que habrían ocurrido el 3 de octubre de 2015. Señalaron que tales ilícitos no acontecieron y que el proceso penal fue promovido por los denunciantes con la finalidad de encubrir otro proceso penal seguido contra éstos y sus hijos, el cual se ventiló ante el "Juzgado de Sentencia Penal Tercero". Asimismo, manifestaron que los querellantes solicitaron su notificación en el domicilio ubicado en la localidad de Tacachi, Punata Central, con una Sentencia de 24 de noviembre de 2021; sin embargo, la misma no existió; ya que la correcta era la Sentencia 061/2021 de 24 de diciembre. Alegaron que las diligencias de notificación resultaron ilegales, debido a que no especificaron el lugar donde fueron practicadas ni consignaron la advertencia expresa sobre el plazo para interponer recursos, además de haberse efectuado sin su conocimiento el 18 de agosto de 2022.
Indicaron que el 19 de agosto de 2022, sin conocer la referida notificación con la Sentencia 061/2021, interpusieron excepción de extinción de la acción penal por prescripción. Solicitud que mereció el proveído de 22 de igual mes y año, mediante el cual la autoridad jurisdiccional dispuso que la parte querellante devolviera las respectivas comisiones instruidas. Posteriormente, el 16 de septiembre de igual año, la parte querellante devolvió dichas comisiones instruidas y solicitó, además, la ejecutoria de la "Sentencia" -se entiende Sentencia 061/2021-. Mediante providencia de 19 de dicho mes y año, la autoridad jurisdiccional señaló audiencia para considerar la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, a celebrarse el 28 de octubre del mismo año, disponiendo la suspensión de plazos procesales conforme a los arts. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 43/2022-E de 28 de octubre, la autoridad jurisdiccional declaró probada la excepción planteada y extinguida la acción penal por prescripción. Entre los fundamentos de dicho Auto Interlocutorio, consideró que la notificación practicada con la supuesta Sentencia de 24 de noviembre de 2021, no era válida; toda vez, que no constaba el lugar donde se efectuó ni la advertencia expresa respecto al plazo para recurrir. Señalaron que, a raíz de la apelación incidental interpuesta por Fermín Orellana Sejas y Bertha Claros de Orellana, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandados- emitieron el Auto de Vista de 15 de febrero de 2023, mediante el cual declararon procedente el recurso de apelación incidental y dejaron sin efecto el Auto Interlocutorio 43/2022-E.
Indicaron que dicha decisión -Auto de Vista de 15 de febrero de 2023- vulneró los siguientes derechos:
- a)El derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto los Vocales demandados, al emitir el referido Auto de Vista, no consideraron que, al momento de interponerse la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, la Sentencia 061/2021 no se encontraba ejecutoriada; toda vez que, aún se hallaban dentro del plazo para interponer el recurso de apelación restringida;
- b)El derecho al debido proceso, en su componente de ser procesado dentro de un plazo razonable; puesto que, el Auto de Vista ahora impugnado desconoció que el término de la prescripción se cumplió, considerando que desde el 3 de octubre de 2015 hasta el 19 de agosto de 2022, transcurrieron siete años y veintiún días, conforme a lo previsto por el art. 29 del CPP, circunstancia que fue omitida por las autoridades demandadas;
- c)El derecho a la tutela judicial efectiva; toda vez que, los Vocales demandados no consideraron que el plazo de prescripción efectivamente se cumplió; que, al momento de interponerse la excepción, el proceso penal de referencia no contaba con sentencia ejecutoriada; que no se aplicó el procedimiento previsto en el art. 314 del indicado Código al momento de resolver la excepción de prescripción de acción penal; y, que la parte querellante practicó una notificación viciada de nulidad; y,
- d)El derecho al debido proceso, en su elemento de motivación, debido a que el Auto de Vista hoy cuestionado careció de la debida fundamentación para revocar el Auto Interlocutorio 43/2022-E. Al respecto, señalaron que dicho Auto de Vista no se pronunció sobre la providencia de 22 de agosto de 2022, que constituyó la respuesta a la excepción formulada y que le otorgó carácter previo, sin negar la solicitud de extinción de la acción penal. Asimismo, no consideró lo dispuesto en el decreto de 19 de septiembre de ese año, mediante el cual se programó audiencia para la consideración de la excepción interpuesta para el 28 de octubre de igual año, con suspensión de los plazos procesales previstos en los arts. 130 y 124 del CPP. Finalmente, tampoco consideraron el fundamento expuesto por la Jueza a quo, quien señaló que, al momento de la presentación de la referida excepción, el proceso no se encontraba ejecutoriado y que, en consecuencia, correspondía analizar el fondo del asunto. Aspectos que no fueron considerados ni merecieron pronunciamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales demandadas.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
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