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TCP

0782/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
21 de octubre de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0782/2019-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0782/2019-S3 Sucre, 21 de octubre de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 29539-2019-60-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 62/2019 de 13 de mayo, cursante de fs. 304 a 310., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Emilia Rodo Ocampo Vda. de Méndez contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; Farida Brígida Velasco Alcóser y Juan Carlomagno Arroyo Martínez, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Daniel Ladislao Ayaviri Ayaviri, Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital, del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 y 26 de abril de 2019, cursantes de fs. 106 a 117 y 120 a 121 vta., la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Junto a sus hermanos son legítimos propietarios de los terrenos ubicados en el fundo rústico Chiripujio y Alamasi, zona sud de Oruro, registrados en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula 4.01.3.03.0001949, hijuela 1, Santiago de Orocondo e hijuela 4A, con matrícula 4.01.3.03.0001945; mismos que, fueron avasallados por una turba enardecida, teniendo que intervenir la Policía para el desalojo, con el saldo lamentable de una persona fallecida.

Como efecto de ello, el 30 de junio de 2006, se convocó a una reunión entre las partes en conflicto que culminó con la suscripción obligada de un acta de entendimiento debido a la fuerte presión ejercida por los avasalladores y ante la existencia de un rehén, en medio de un ambiente hostil y agresivo, bajo amenazas, la única alternativa era la firma de ese documento que dio fin a las medidas de presión.

Es así que, dicha acta la suscribieron Javier Marcos Llave Muñoz y Lucho Zárate Huarachi como su representante y abogado, respectivamente, en base a poderes otorgados; sin embargo, de una revisión de los mismos, se constató claramente que los nombrados no tenían ninguna facultad para acordar situaciones que afecten un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad; es decir, sólo tenían atribución para representar a la familia en procesos de carácter y naturaleza judicial y administrativo.

El acta de entendimiento no es claro en sus diferentes puntos; por cuanto, no determina el número de lotes que debían ser transferidos a la Asociación Movimiento Solidario 9 de junio Zona Sud, tampoco dónde se encuentran y qué áreas serían afectadas con los traspasos; por consiguiente, no existía ningún documento de compromiso de venta de 600 lotes; sólo refiere, los que estaban ubicados en la parte superior de la Av. Circunvalación tendrían un precio y los que se encontraban a 200 m, por debajo de esta, tendrían otro; sin especificar, lugares, cantidades, medidas.

Con esos antecedentes, se formalizó un proceso ordinario de cumplimiento de obligación en su contra y hermanos a instancias de la Asociación Movimiento Solidario 9 de junio, Zona Sud; mediante el cual, se demandó el cumplimiento de la venta de 600 lotes; a la cual, en tiempo y forma oportuna respondieron, manifestando que, el Testimonio de Poder 110/2005 de 2 de julio, utilizado por representante y abogado, no era suficiente para realizar actos de disposición del patrimonio de la mandante, ni acordar precios para la venta de terrenos, mucho menos para suscribir compromisos, actas de entendimiento ni documentos privados; es así que, no existía ningún documento que les obligue a dicha venta; asimismo, que el acta de entendimiento de 1 de julio de 2006, quedó sustituido y sin efecto legal con la suscripción del acta de conciliación 0130/2011 de 13 de enero, enmendado y complementado el 16 de febrero de 2012; en el que ni ella, ni sus hermanos intervinieron y tampoco comprometieron lotes para ser objeto de transferencia.

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