0784/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga:

1. a)El cumplimiento de la RM 215/21, de reincorporación emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social;
2. b)Se determine una multa por infracción a leyes sociales contra la Caja de Salud de la Banca Privada;
3. c)Se remitan antecedentes al Ministerio Público por tipificarse los hechos al poner en riesgo la vida misma de la trabajadora en plena pandemia por COVID-19; y,
4. d)Sea con costas.

La parte accionante, a través de su abogado; en audiencia, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolos, refirió lo siguiente:

1. 1)Entró a formar parte de la entidad el 1 de julio de 2009; y,
2. 2)Los trabajadores de la entidad de salud se encuentran regidos por la Ley General de Trabajo.

Álvaro Gonzalo Chirveches Pinaya, representante legal de la Caja de Salud de la Banca Privada, mediante informe escrito presentado el 1 de julio de 2021, cursante de fs. 74 a 85; y, en audiencia manifestó lo siguiente:

1. i)La solicitante de tutela es trabajadora desde el 24 de noviembre de 2008;
2. ii)En virtud a la existencia de un proceso penal en su contra por el delito de Lesiones Graves y Gravísimas a denuncia de la Defensoría de Niñez y Adolescencia, fue imputada el 5 de febrero de 2020, adoptándose medidas cautelares de detención domiciliaria sin salida laboral con obligación a presentarse al Ministerio Público cada quince días;
3. iii)La Caja de Salud de la Banca Privada le otorgó sus vacaciones desde el 6 hasta el 21 de febrero de igual año, no asistiendo a su fuente laboral desde el 25 al 31 de marzo del mismo año;
4. iv)En virtud de una buena fe contractual se le otorgaron todas las vacaciones acumuladas para luego concederle una licencia sin goce de haber de acuerdo a los dispuesto en el art. 53 del Reglamento Interno de Trabajo de la Caja de Salud de la Banca Privada, del 2 al 31 de mayo de similar año;
5. v)El 11 de agosto de igual año, la impetrante de tutela solicitó su retorno a su fuente laboral en virtud a lo dispuesto en la Resolución 24/2020, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que se le otorgó salidas laborales; empero, dicha Resolución señaló que debía acudir a trabajar al Policlínico de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicado en calle Capitán Ravelo, el cual no se encuentra atendiendo la especialidad de Fisioterapia por la Pandemia del COVID19, "NO PUDIENDO UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA PENAL CAMBIAR LAS CIRCUNSTANCIAS CONTRACTUALES DE RELACIÓN DE TRABAJO (...) PARA ORIGINAR UNA FUENTE DE TRABAJO DISTINTA A LA EXISTENTE ANTERIORMENTE AL ESCENARIO DE FUERZA MAYOR CAUSADO CON SU DETENCIÓN" (sic);
6. vi)La Caja de Salud agotó todos los mecanismos legales e internos respecto al impedimento que sufre la accionante respecto a la detención preventiva, habiendo esperado durante un tiempo largo y prudencial para que retorne a sus labores en el mismo lugar y condiciones en las que prestaba sus funciones con anterioridad;
7. vii)Ante esta situación, la Caja de Salud de la Banca Privada, por motivos de fuerza mayor, tomó la decisión de agradecer los servicios de la impetrante de tutela, habiendo realizado el pago de los beneficios sociales y desahucio, que fueron depositados ante la unidad de fondos en custodia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y,
8. viii)Por existir hechos controvertidos y de fuerza mayor, este caso debería ser conocido dentro de un proceso ordinario, dado que, al contar con detención preventiva la accionante, se ve imposibilitada de continuar con la relación laboral.

Ante las interrogantes planteadas por la Sala Constitucional indicaron los siguiente:

1. a)La Caja de Salud de la Banca Privado no se constituyó en parte dentro del proceso penal, mismo que no cuenta con imputación formal;
2. b)Se inició un proceso sumario administrativo el mismo que fue archivado, porque una vez se produjo el hecho contra el menor, su inmediato superior había procedido a realizar una llamada de atención, no pudiendo sancionarse dos veces por un mismo hecho; y,
3. c)La desvinculación se basó en una situación de fuerza mayor, en virtud a la imposibilidad prolongada que tenía la parte accionante de ejercer su derecho efectivo a trabajo, por la detención domiciliaria que se le impuso; y se agotaron los mecanismos internos establecidos para mantener la continuidad laboral, ante la imposibilidad de que cumpla con el trabajo.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 133/2021 de 1 de julio, cursante de fs. 179 a 184 vta., concedió en parte la tutela impetrada por haberse omitido dar cumplimiento a la RM 215/2021 afectando al derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y el acceso a la seguridad social, disponiendo que la Caja de Salud de la Banca Privada en el plazo máximo de cinco días siguientes hábiles, a partir de tomar conocimiento del cambio de situación jurídica de la ahora accionante, proceda a dar cumplimiento estricto a la RM 215/2021 en los términos y alcances que han sido dispuestos por la jurisdicción administrativa laboral y en el marco del art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), disponiendo como medida cautelar la suspensión momentánea del pago de los salarios devengados hasta en tanto y cuanto el Tribunal Constitucional Plurinacional emitida la Resolución en grado de revisión; y, denegó la acción con relación al derecho a la salud, bajo los siguientes argumentos:

1. 1)La acción de amparo constitucional se traduce en la defensa de carácter extraordinario, que tiene lugar contra actos y omisiones ilegales o indebidos de servidores públicos o personas individuales o colectivas que restringen, suprimen o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, teniendo la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales;
2. 2)Las conminatorias de reincorporación laboral son de cumplimiento obligatorio para los empleadores, conforme el estándar más alto de protección de derechos laborales;
3. 3)Independientemente de la concesión de la tutela que se vaya a otorgar, se mantiene en suspensión la parte de pago de salarios devengados como medida cautelar, únicamente hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la decisión de fondo; y,
4. 4)La tutela por un principio de razonabilidad ha de ser ejecutada o materializada, una vez que la situación jurídica de la ahora accionante tenga un cambio substancial; misma que, hará conocer para que se disponga lo que en derecho corresponda.