0785/2020-S1

La referida resolución de alzada, incurre en las siguientes ilegalidades:

1. a)Respecto del elemento autoría efectuó una valoración integral de los elementos probatorios y coincidió con el Juez cautelar, en sentido de que ya anteriormente se concluyó que no existen suficientes elementos de convicción para acreditar la autoría del referido delito y que consecuentemente existía una duda razonable; empero, se inobservó lo dispuesto por el art. 231 bis de la Ley adjetiva pena, al imponérsele la medida de la detención domiciliaria;
2. b)El Auto de Vista 137/2020, ahora impugnado, no fundamentó ni motivó por qué impone una fianza económica, sin que estuviera latente el elemento autoría del art. 233-1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y por qué impone una suma de dinero de Bs50.000.-, que en su caso es de imposible cumplimiento, inobservando el precedente establecido en la SCP 0011/2019-S2 de 11 de marzo, sin haber considerado lo aseverado por la misma representante del Ministerio Público, que en su solicitud de aplicar la medida cautelar de la detención preventiva de 20 de mayo de 2020, señaló que no era posible imponer una fianza económica porque su persona no es solvente; y,
3. c)El referido Auto de Vista impugnado, estableció la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga, disponiendo que el Ministerio Púbico coordine con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la toma de muestras de forma sorpresiva, apartándose de lo dispuesto por el art. 231 bis de la ley adjetiva penal, vulnerando el principio de reserva legal.

José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito, cursante de fs. 19 a 21, señaló lo siguiente:

1. i)El imputado estaba fugitivo de la justicia, pesando sobre él un mandamiento de aprehensión y existiendo en su contra medidas cautelares. La apelación presentada solicitó la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, porque el solicitante de tutela las incumplió, motivo por el que se impusieron medidas más gravosas, conforme a lo dispuesto por el art. 247 del CPP;
2. ii)El demandante de tutela alude que se impusieron dichas medidas cautelares sin fundamentar sobre la probabilidad de autoría del delito, lo cual es falso, ya que el auto confutado explica que no existieran elementos sobre la probabilidad de autoría, sino que éstos no tenían la contundencia que alegaba el Ministerio Público, al señalarse la probabilidad fundada; y en todo caso, estando vigentes ya medidas sustitutivas a la detención preventiva, impuestas antes de la vigencia de la Ley 1173 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la lucha Integral contra la Violencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, correspondía imponer otras más graves, justamente porque el imputado no se había sometido al proceso penal y a las medias impuestas previamente;
3. iii)En referencia a que la fianza real impuesta fuere excesiva en el monto señalado, se debió considerar la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ya que la SCP 1030/2019-S4 de 4 de diciembre, ha establecido que no es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata; conforme a esto, una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional. En ese sentido, la norma procesal prevé que en caso de imponerse una fianza económica que el acusado no pueda cumplir, la vía idónea es que se pida la modificación de esa medida, conforme a lo establecido por el art. 242 del CPP, que establece la viabilidad de la fianza juratoria, cuando el acusado demuestre que se encuentra en estado de pobreza que le imposibilite constituir fianza real, máxime si han trascurrido casi cuatro meses desde la imposición de dicha medida cautelar; siendo que, tampoco ha demostrado por qué la fianza impuesta sería de imposible cumplimiento, lo cual no está sujeto a la simple argumentación sino a la probanza que el acusado debe hacer valer, no ante la justicia constitucional sino ante el Juez ordinario; y,
4. iv)Finalmente, señala que tampoco es excesivo los controles dispuestos por el IDIF respecto al consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes, ya que dicha medida no está alejada de lo dispuesto en el art. 231.3 del CPP, por el que el Juez puede imponer la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que fije el Juez o Tribunal, lo cual se ha aplicado en este caso.

La representante del Ministerio Público Natividad Morales Choque, en el desarrollo de la audiencia indicó que:

1. 1)La justicia constitucional no es otra instancia que tenga que subsanar los errores o las omisiones que se hubieran cometido en la vía ordinaria, debiendo velar cuando realmente se afecte de manera grosera el derecho a la libertad de las personas; siendo que, en este caso se ha otorgado al acusado, la posibilidad de que se pueda someter al proceso que se le sigue con medidas sustitutivas; toda vez que, en la audiencia de medidas cautelares, el mismo hizo conocer que era un dependiente de sustancias controladas, habiéndose dispuesto que se pueda internar bajo valoraciones médicas en el Instituto Nacional de Psiquiátrica Gregorio Pacheco de Sucre;
2. 2)Pese al tiempo transcurrido, el ahora impetrante de tutela asistió tan solo a dos sesiones, sin haber concretizado su tratamiento ni mucho menos se ha internado en el referido psiquiátrico, más al contrario se ha sustraído del proceso penal y estaba en rebeldía;
3. 3)Posteriormente a su captura y aprehensión, el Ministerio Público solicitó la revocatoria de las medidas sustitutivas, y debiendo imponerse las medidas más gravosas de las que ya se había beneficiado en anterior oportunidad;
4. 4)Respecto a la probabilidad de autoría, se ha razonado en sentido de que no correspondía concluir que la víctima se hubiera auto eliminado, sino que ello debiera ser tema de discusión en juicio, correspondiendo demostrar que la muerte de la víctima fue violenta;
5. 5)Sobre la fianza económica impuesta de Bs50 000; el acusado no ha realizado ninguna complementación, enmienda, y tampoco ha hecho conocer su impedimento de cumplir con la fianza económica impuesta, es decir, la imposibilidad de cumplir con esa medida corresponde hacer conocer en la jurisdicción ordinaria, no pudiendo esta instancia subsanar el impedimento que pueda tener el acusado, por lo que solicitó denegar la acción de libertad.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 21/2020 de 01 de julio cursante de fs. 31 a 34 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca emitió el Auto interlocutorio de 9 de febrero de 2017, que determinó la aplicación de las medidas cautelares en contra del ahora solicitante de tutela, misma que fue impugnada mediante recurso de revocatoria, presentada por el representante del Ministerio Público; El recurso de revocatoria, fue resuelto por el Auto Interlocutorio 29/2020 de 22 de mayo, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mismo departamento. Dicho Auto fue impugnado vía recurso incidental, en la que el representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva y la revocatoria de las medidas sustitutivas dispuestas en su contra, recurso que fue resuelto mediante la emisión del Auto de Vista 137/2020 de 28 de mayo, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, resolución ahora impugnada;
2. ii)Respecto a la posible autoría del delito de feminicidio, se advierte que la misma se tomó en cuenta en decisión asumida por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del referido departamento , en su Resolución de 9 de febrero de 2017, al imponer las medidas sustitutivas en la Etapa preparatoria de juicio. Este extremo también fue considerado por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento, aunque estas autoridades también decidieron revocar la medidas cautelares alternativas que le impusieron al -ahora solicitante de tutela- e imponerle otras. Por tal motivo de la duda razonable a la que se refiere el impetrante de tutela no fue lo suficiente para destruir la probabilidad de la autoría; más aún, si se toma en cuenta que el proceso instaurado en su contra se encuentra en fase de juicio oral, es decir, con acusación formal, que se encuentra sustentada con mayor firmeza en la etapa de juicio oral, circunstancia que fue tomada en cuenta por la autoridad demandada al momento de emitir el Auto de Vista impugnado; debe considerarse que, el que planteó el recurso incidental fue el Ministerio Público, y no llevó como motivo de apelación la duda razonable sobre la posibilidad de la autoría; por lo que, la autoridad demandada debió circunscribir su decisión a los motivos del recurso de la apelación planteados, conforme lo establecido por el art. 398 del CPP;
3. iii)El impetrante de tutela no ha reclamado nada al momento de imponérsele la fianza económica en la suma de Bs50.000.- reclamo que además debe ser dilucidado en otro escenario, pues el hecho de que se considere dicho monto económico como excesivo, en función a los ingresos y situación económica del peticionante de tutela, no son acreditables con tan solo la afirmación del ahora demandante de tutela, sino que deben estar sujetos a probar tal extremo de su parte, ante una solicitud de modificaciones de las medidas cautelares, efectuada ante una autoridad competente, que en este caso en particular, resulta ser el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, donde actualmente se encuentra radicado el proceso. Ya que en lo que se refiere a la imposición de medidas cautelares, esta no es definitiva, no causa estado, y resulta ser temporal y revisable en cualquier momento del proceso, aun de oficio, conforme lo establecido por el art. 250 del CPP, por lo que en este tema tampoco se ha vulnerado los derechos fundamentales del solicitante de tutela respecto a la presunción de inocencia;
4. iv)Respecto a la última denuncia, de que se aplicaron medidas cautelares alternativas a la detención preventiva que no se encuentran dentro del catálogo de medidas cautelares determinadas en el art. 231 bis del CPP, como es la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de drogas, y que el Ministerio Público debía coordinar con el IDIF, para que se tomaran las muestras necesarias de manera sorpresiva a su persona. Debe señalarse que a partir de lo señalado en el art. 231.2 bis del CPP, que establece que una de las obligaciones impuestas a los imputados es la de presentarse ante el Juez o la autoridad que este designe, deja varias posibilidades a la autoridad jurisdiccional para que determine la presentación del imputado y el motivo de dicha presentación. Además, para que procediera el análisis de tal extremo, debió haberse explicado de su parte cual es la relevancia constitucional para que proceda tal análisis, o en qué sentido de no haberse dispuesto que su persona no consuma bebidas alcohólicas le beneficiaría favorablemente en su situación procesal, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.

II.1. Auto de Vista 137/2020 de 28 de mayo, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por el cual se declaró admisible el recurso planteado por el Ministerio Público y procedente en parte, disponiendo la revocatoria de las medidas cautelares impuestas en la Resolución de 9 de febrero de 2017, "emitida por el Juzgado de Instrucción Tercero en lo Penal de esta capital" (sic). Se impone las medidas de carácter personal establecidas en los numerales 2, 3, 5, 6, 8 y 9 del art. 231.1 del CPP, consistentes en:

1. a)Detención domiciliaria en el domicilio de la zona Lato Tucsupaya, urbanización magisterio calle Copavillque s/n, con control policial esporádico;
2. b)La obligación de presentarse una vez a la semana, todos los días lunes ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca (obligación que correrá desde el levantamiento de la cuarentena rígida); y,
3. c)La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga, para tal efecto el Ministerio Público coordinará con el IDIF para que se tomen la muestras necesarias de manera sorpresiva;
4. d)Se mantiene la prohibición de acercarse, comunicarse o molestar directa o indirectamente a los familiares de la víctima y testigos del presente proceso;
5. e)La prohibición de usar o portar armas de cualquier naturaleza;
6. f)Se determina el arraigo nacional, debiendo el solicitante de tutela presentar el respectivo certificado en el plazo de cinco días hábiles, desde el levantamiento de la cuarentena rígida; y,
7. g)Se establece una fianza económica de Bs50 000.-, que deberá ser oblada en el plazo de cinco días hábiles desde la conclusión de la cuarentena rígida (fs. 1 a 7 vta.).

En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes fundamentos jurídicos:

1. 1)Los derechos fundamentales y las limitaciones en su ejercicio;
2. 2)Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal;
3. 3)Condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva;
4. 4)Sobre la finalidad de la fianza económica;
5. 5)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
6. 6)La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y,
7. 7)Análisis del caso concreto.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el art. 29.2 señala que "En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática" (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), con el nombre de "Alcance de las Restricciones" a los derechos humanos, señala que: "Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas" (las negrillas son nuestras). Además, el art. 32.2 de la CADH, establece que: "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática". Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Opinión Consultiva (OC) 6/861 señaló que la Convención no se limita a exigir una ley para que las restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades sean jurídicamente lícitas; requiere, además, que esas leyes se dicten "...por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas"; añadiendo posteriormente que: 32. La ley en el Estado democrático no es simplemente un mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y está dirigida a una finalidad. El concepto de leyes a que se refiere el artículo 30, interpretado en el contexto de la Convención y teniendo en cuenta su objeto y fin, no puede considerarse solamente de acuerdo con el principio de legalidad (ver supra 23). Este principio, dentro del espíritu de la Convención, debe entenderse como aquel en el cual la creación de las normas jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución de cada Estado Parte, y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades públicas. En una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convención, relativo al "ejercicio efectivo de la democracia representativa ", que se traduce, inter alia, en la elección popular de los órganos de creación jurídica, el respeto a la participación de las minorías y la ordenación al bien común (ver supra 22). En síntesis, las restricciones deben encontrarse previstas en una ley -como también se desprende del art. 109 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por una ley-, no ser discriminatorias, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue2. Efectivamente, dichas condiciones forman parte del test de proporcionalidad que, en el marco del art. 32 de la CADH, fue desarrollado por la Corte IDH con la finalidad de evaluar si una determinada restricción o limitación de derechos es legítima, test que contiene, en general, los siguientes elementos:

1. i)Las limitaciones deben estar previstas por ley, a partir de lo dispuesto por el art. 30 de la CADH.
2. ii)Las limitaciones deben responder a un objetivo legítimo permitido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a su art. 32, para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas" u otros fines perseguidos por disposiciones específicas de la Convención,
3. iii)Las restricciones deben ser necesarias y proporcionales en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo3. De acuerdo a las normas constitucionales e internacionales glosadas, es evidente que los derechos pueden ser limitados; empero, esa limitación debe estar necesariamente contenida en una ley formal, restringida a los supuestos previstos en la misma norma constitucional y convencional; para que, sobre la base de esas normas, las autoridades, en los casos que sean pertinentes, y cuando se cumplan las condiciones previstas en la ley, limiten legalmente el ejercicio de los derechos; sin embargo, se aclara que, para ello, no es suficiente la observancia de la ley, pues, pueden existir restricciones "legales" a los derechos, que sin embargo resultan arbitrarias por ser desproporcionales; por ello, corresponde que toda limitación a derechos fundamentales dispuesta por autoridad administrativa o judicial cumpla con el principio de proporcionalidad, en el marco del test desarrollado por la Corte IDH al que se ha hecho referencia precedentemente, y que también fue desarrollado a nivel interno. Efectivamente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el principio de proporcionalidad ha sido concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, bajo el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, actúen conforme a las competencias otorgadas por la Constitución Política del Estado, sino también como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales; por cuanto, una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Constitucional. El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la citada SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales; por la cual, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocido en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública; por cuanto, el ejercicio de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analicen tres aspectos fundamentales:
4. a)Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con dicha medida;
5. b)Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si, acaso, existen otras menos graves, que restrinjan menos el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y,
6. c)La proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en analizar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. III.2. Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal La Constitución Política del Estado, brinda especial énfasis a la protección del derecho a la libertad, y en los artículos 22 y 23 se ocupa de la libertad personal, establece sus garantías y regula el trato a los privados de libertad. Así el art. 23.I citado señala:

Ahora bien, en algunas ocasiones el interés superior de la sociedad exige la privación o restricción de la libertad personal; empero, en el marco de un Estado Constitucional respetuoso de los derechos fundamentales, esa privación o restricción de la libertad debe ser excepcional y no así arbitraria. Por ello, tanto la Ley Fundamental como el Código de Procedimiento Penal, establecen requisitos para el efecto. En ese sentido, el art. 23.III de la CPE indica que: "Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito" (las negrillas nos corresponden); de donde se desprenden las condiciones de validez material y formal para la restricción del derecho a la libertad, pues ésta únicamente puede ser limitada:

1. a)En los casos previstos por ley; y,
2. b)Según las formas establecidas por ley; conforme lo entendió la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que a partir de los arts. 23.I y II de la CPE; 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sostuvo lo siguiente: