0787/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0787/2019-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 28362-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 34 de 8 de marzo de 2019, cursante de fs. 302 a 304, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Espinoza Tordoya y Haidy Eliana Muñoz contra Jacquelin Peña Sarabia, Jueza Pública Civil y Comercial Decimoquinta del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 de diciembre de 2018 y 5 de febrero de 2019, cursantes de fs. 208 a 210 vta. y 241 a 245, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de abril de 2016, el Banco PYME Ecofuturo Sociedad Anónima (S.A.) les inició un proceso ejecutivo reclamando el pago de $us88 500,49.- (ochenta y ocho mil quinientos 49/100 dólares estadounidenses), mismo que se tramitó ante la Jueza Pública Civil y Comercial Decimoquinta del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, en cuya causa, se cometieron una serie de irregularidades; por cuanto, dentro de los límites que conforman la competencia del indicado Juzgado, éste no podía conocer la demanda ejecutiva; por lo que, debió declinar competencia y remitirse el proceso al "...JUZGADO DEL PLAN 3000 EN MATERIA CIVIL COMERCIAL" (sic).

Indican que, allanaron su domicilio sin que se encuentren presentes, rompiendo candados y sacando sus pertenencias, inclusive la suma de dinero de $us5 000,00.- (cinco mil dólares estadounidenses); así, como otros objetos de valor, dejando sus electrodomésticos en la calle pese a que el mandamiento de desapoderamiento expresaba la facultad de allanamiento del domicilio con la ayuda de la fuerza pública "...EN CASO DE RESISTENCIA..." (sic); asimismo, la Jueza ahora demandada, que carecía de competencia solicitó que el "oficial de diligencias" verifique quienes ocupaban el domicilio; éste a su vez, emitió un informe subjetivo indicando que fue atendido por una "señorita" pero sin especificar el nombre de la misma, incumpliendo la norma procesal civil.

Señalaron que, de acuerdo al contrato de préstamo de dinero y constitución de garantía hipotecaria, los deudores, el propietario y demás obligados, renunciaron a la acción ejecutiva; en tal sentido, lo que procedía era la demanda por la vía coactiva civil, la cual, puede ser ejercida ante deudas por dinero emergentes de un contrato con garantía real en las que se hubiera renunciado al indicado proceso ejecutivo; a esto añaden, que el mismo contrato establecía que se reconocía la competencia de los Jueces de cada distrito judicial; por lo que, correspondía que la autoridad judicial -hoy demandada- se "excuse" en su caso y decline competencia; por otra parte, el contrato se firmó ante "...EL NOTARIO DE FE PUBLICA DRA. NORMA ZELAYA MARQUEZ DE SEGUNDA CLASE Nº 1 (...) DE LA CIUDAD DE CAMIRI..." (sic) y no así en la ciudad de Santa Cruz, siendo que el Banco demandante -dentro del proceso civil- tiene domicilio en la Av. Santa Cruz, entre Cochabamba y Sargento Maceda de la ciudad de Camiri, según el contrato; no obstante, refirió otro domicilio en su demanda la cual es defectuosa y contradictoria, incluso con respecto a la denominación de la entidad por cuanto su apoderado expresó que representa a Banco PYME Ecofuturo S.A. y no así a "ECOFUTURO S.A. F.F.P.", ostentando un Poder de la gestión 2014, que no tiene validez.