Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0787/2019-S4 Sucre, 12 de septiembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 28630-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución de 37 de 18 de marzo de 2019, cursante de fs. 1648 a 1651 vta., dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ilce Isabel Sapag Rodas contra Zenón Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Décima Octava del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de enero de 2019, cursante de fs. 1574 a 1620, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
De manera cronológica refiririó los datos del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia suya en contra de María Cecilia Medrano Jordán y Gabriela García Torrico -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, a partir de la denuncia de 30 de enero de 2014, destacando como actuaciones dilatorias las audiencias suspendidas a solicitud de las imputadas o por inasistencia de las mismas o sus abogados, así como una supuesta dilación intencional en la que hubieran incurrido las encausadas a objeto de interponer después de cuatro meses de conocido el acto vulneratorio una anterior acción de libertad en la que les fue concedida la tutela.
Las referidas dilaciones, atribuibles a las imputadas, no fueron consideradas en el Auto 143/2018 de 10 de mayo, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, que declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso interpuesta por las encausadas, incurriendo en ilegalidades que desconocen los entendimientos jurisprudenciales de las y , , los entendimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los casos Furlan y familiares Vs Ecuador y Suarez Peralta Vs. Ecuador, así como los instrumentos internacionales del bloque constitucionalidad.
El Auto 143/2018, en apelación, fue confirmado por el Auto de Vista 105 de 25 de junio de 2018, extinguiendo ilegalmente el proceso penal en el que fue víctima en estado de discapacidad, mismo que es lesivo a sus derechos reclamados, al haber incurrido en las siguientes ilegalidades:
- a)Al igual que el Auto impugnado, los Vocales ahora demandados ignoraron su condición de víctima y titular del derecho a la tutela judicial efectiva en desconocimiento de las normas del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de la CIDH contenida en los casos Furlan y familiares Vs. Argentina y Suarez Peralta Vs. Ecuador;
- b)Desconocieron que también se perjudicó por las dilaciones provocadas por el Órgano Jurisdiccional y el Ministerio Público, desnaturalizando así su derecho a la protección judicial oportuna y el principio de celeridad, contradiciendo el entendimiento jurisprudencial de las y ;
- c)En el mismo sentido que el fallo recurrido, se omitió analizar los elementos que hicieron al plazo razonable de duración del proceso en relación a las once suspensiones de audiencia de consideración de medidas cautelares y una de juicio oral atribuibles a la parte imputada, así como la interposición de una anterior acción de libertad que les fue concedida presentada cuatro meses después del supuesto acto vulneratorio;
- d)lesión del principio de legalidad al incluir causales no previstas respecto al instituto de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso al imponerle la carga de identificar los sucesos que perjudicaron la tramitación del proceso penal; siendo que los citados Vocales debieron revisar de oficio las actuaciones procesales a fin de determinar si la demora obedecía o no a la denominada "mora estructural" conforme el entendimiento jurisprudencial establecido en la ;
- e)Emitieron un criterio irracional al señalar que los hechos investigados no revestirían carácter de complejidad; ya que los mismos constituían aspectos eminentemente técnicos y no jurídicos;
- f)Omitieron aplicar la doctrina legal aplicable señalada en el , al no pronunciarse en el fondo respecto a los hechos denunciados; y,
- g)No consideraron que respecto a las imputadas no pesaba medida cautelar; por lo que, la duración del proceso no produjo afectación considerable en su situación jurídica.
Determinación que extinguió ilegalmente el proceso penal en el que es víctima con un 71% de discapacidad que tiene derecho a protección reforzada del Estado, privándole de la posibilidad de ingresar a juicio oral sobre los hechos que derivaron en daños irreversibles a su salud bajo el entendimiento de que el derecho a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones; y, el principio de celeridad únicamente asistirían a las encausadas y no así a la víctima; apartándose de los cánones legales y jurisprudenciales al haber aplicado de manera errada las normas del régimen de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, sin analizar los antecedentes del mismo referidos en una apreciación aislada del art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP) omitiendo tomar en cuenta las normas del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de la CIDH ya señalada.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante consideró lesionados sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la protección judicial, a la igualdad, al debido proceso en su elemento de motivación y congruencia de las resoluciones, a la integridad personal, y a ser protegida por el Estado en su condición de discapacidad; así como los principios de celeridad, legalidad, verdad material, seguridad jurídica, juricidad, supremacía constitucional y jerarquía normativa; citando al efecto los arts. 13, 15.I, 70.1, 72, 73, 113, 115, 117.I, 119, 121.2, 180.II, 256, y 410 de la constitución Política del Estado (CPE); 8, 5.1, 24, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 1, 7, 10, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 3, 14, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
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