Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0790/2019-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 28301-2019-57-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 02/2019 de 27 de marzo, cursante de fs. 516 a 524, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gerónimo Serapio Muriel Maldonado, ex Secretario General; Valerio Mejía Muriel, ex Secretario de Hacienda; Emeterio Antezana Tórrez, Marcelino Galarza Avilés, ex Presidente de Agua Potable; Remigio Cuba Mamani, ex Vicepresidente de Agua Potable; y, Marcelina Jaldín Abasto, ex Secretario de Hacienda Pro obra, todos del Sindicato y Comunidad Agraria de "Linku", del Municipio de Sipe Sipe Segunda Sección Municipal de la Provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, contra Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Gregorio Aro Rasquido; y, Elva Terceros Cuellar actuales y ex Magistrada de la Sala Segunda todos del Tribunal Agroambiental. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 9 de julio de 2018, cursante de fs. 354 a 363 vta., los accionantes expusieron lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción
Ante el Juzgado Agroambiental de Quillacollo del departamento de Cochabamba, Demetrio Galarza Varquera y Nemecio Carvajal Galarza, plantearon en su contra, la demanda de restablecimiento de uso y aprovechamiento de aguas de riego, sobre la vertiente denominada "Lambramani", situada dentro de la propiedad comunitaria, que tiene como destino para el consumo humano y no para riego, y que además se encuentra compartida el 50% con las poblaciones de Sipe Sipe, Carreras Pampa y Monte Canto; alegando que conforme al art. 22.III de la Constitución Política del Estado (CPE), se sujetaron al régimen de licencias, habiéndose emitido al efecto la Resolución Administrativa Regulatoria SISAB 041/2009 de 16 de enero, aclarando que el agua potable llega a 230 afiliados entre los que se encuentran los demandantes.
Una vez citados con la demanda, contestaron negativamente y conforme al art. 81.1 y 2 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, opusieron excepciones de incompetencia, así como impersonería en los demandantes y demandados, particularmente la excepción de incompetencia, se respaldó en la referida Resolución Administrativa Regulatoria SISAB 041/2009, Ordenanza Municipal 19/2002 de 8 de mayo, del Concejo Municipal de Sipe Sipe, que determinó que el agua de "Lambramani" y otras, son única y exclusivamente para consumo humano, y acta de conciliación sobre querellas por el uso de agua potable, con otras poblaciones; la excepción de incompetencia fue declarada probada por Auto de 9 de enero de 2018; planteado en el recurso de casación, los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional 3024-RCN-2018 de 3 de abril (lo correcto es S2ª 30/2018 de 3 de abril), que dispuso anular obrados, ordenando que el Juez ad quo, continúe con la tramitación de la causa; empero, sin analizar si el recurso cumplía con los requisitos establecidos por ley.
Se vulneró el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, al haber inobservado el límite del ejercicio de fiscalización previsto en los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, citando a efecto el , así como la , que indicó que dicha facultad, no es absoluta ni discrecional, arguyendo que en el caso no existe ningún derecho vulnerado y que se constituye en una cuestión no planteada por los recurrentes de casación, contrario al postulado del art. 105 del Código Procesal Civil (CPC); incurriendo en una motivación arbitraria en contravención del art. 30.11 de la LOJ.
Se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad en su labor interpretativa, puesto que omitieron examinar si el recurso de casación cumplía los requisitos previstos en el art. 274 del CPC, sea en el fondo o en la forma, que debió citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error; requisitos que debieron ser verificados para aperturar su competencia y resolver el recurso en el fondo; generando con ello la vulneración del derecho a juez natural, independiente e imparcial.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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